Miguel Gómez Martínez

Revaluación o reelección

Miguel Gómez Martínez
POR:
Miguel Gómez Martínez
abril 17 de 2013
2013-04-17 05:52 a.m.
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La situación de las finanzas públicas y la evolución de la tasa de cambio son los dos principales problemas macroeconómicos del país. Están estrechamente ligados y su evolución no pueden disociarse.

El primer problema es la revaluación del peso. Los factores que explican su comportamiento son múltiples y están relacionados con elementos como la inversión extranjera directa concentrada en sectores como la minería y los hidrocarburos, el pequeño excedente comercial y, sobre todo, con las bajas tasas de interés registradas en el exterior. Todo confluye para que capitales que están en el exterior prefieran ingresar a Colombia y obtener mejores rentabilidades. A pesar de los esfuerzos del Gobierno por modificar el perfil de endeudamiento público hacia el ahorro interno y la mayor acumulación de reservas por parte del Emisor, la tasa de cambio sigue tercamente estable.

La compra de mayores volúmenes de dólares contribuye a la expansión monetaria en un momento en el que el objetivo del Banco de la República es bajar el costo del dinero. Pero tiene un impacto muy importante sobre el balance del banco central que muestra pérdidas cada vez más importantes. En los últimos tres años, el Emisor ha registrado pérdidas acumuladas por encima de los 957 mil millones de pesos. Al aumentar las reservas en divisas, que debe colocar a tasas muy bajas, asume una pérdida contable que debe ser cubierta por el Estado mediante más gasto público.

El país requiere un menor nivel de gasto que le permita reducir la presión cambiaria y darles oxígeno a sectores como el industrial y el agropecuario. A pesar de unas mejoras temporales en las cuentas públicas, existe un elemento que conspira contra la estrategia cambiaria: la reelección. El Gobierno necesita asegurar votos y apoyos políticos. La cartera de Hacienda está concentrada en ejecutar, en los primeros nueve meses del año, y antes de que entre en vigor la ley de garantías electorales, la mayor fracción posible del presupuesto anual para cumplirles a los parlamentarios amigos. Ello produce entusiasmo en el Congreso, pero debería generarles terror a los empresarios. Claro está que los gremios de la producción también se benefician de los generosos programas de apoyo que han sido anunciados para frenar las protestas sectoriales. Mientras tanto, los empresarios sienten la presión creciente sobre sus ventas, derivada de la pérdida de competitividad cambiaria.

El Gobierno tiene que fijar sus prioridades. Puede optar por la opción de controlar estrechamente el gasto público y contribuir a reducir la presión hacia una mayor revaluación. Ello protegería empleos nacionales y frenaría el deterioro muy visible de las exportaciones no tradicionales. Pero también tiene la posibilidad de favorecer a los políticos con mayores contratos y empleos. Algunos insistirán en que ese mayor nivel de gasto público es también bueno para estimular la economía que muestra signos de estancamiento. Pero sería ignorar los graves problemas de corrupción y la ineficiencia de la contratación estatal.

Los objetivos de la política cambiaria y la fiscal son antagónicos. El Gobierno quiere ignorar esta contradicción entre lo que debe hacer y lo que quiere hacer en materia fiscal.

Miguel Gómez Martínez

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