Recientes informes muestran que Colombia retrocede en competitividad frente a América Latina. En el indicador Doing Business del Banco Mundial, caímos seis puestos, ocupamos el lugar 59 entre 190 países, y en el ranking del Foro Económico Mundial bajamos cinco posiciones, quedamos en la 66 entre 137 economías.
Parte de estos resultados se deben a que varias de las reformas adoptadas no fueron incluidas en estas mediciones. Es el caso del desmonte de impuestos: a la riqueza, a la nómina, sobre la renta para la equidad Cree, y la simplificación del pago del ICA en Bogotá, que benefició a más de 165.000 pequeños empresarios. Es importante que las entidades que realizan estas mediciones incluyan las acciones y que el Gobierno contribuya a su divulgación entre inversionistas para tener una información más actualizada sobre el entorno para los negocios en el país.
También es imperativo un compromiso nacional para solucionar los problemas críticos estructurales y en los que los esfuerzos del sector público son insuficientes, como la simplificación de trámites para el comercio exterior y los permisos para los proyectos de construcción, así como la agilidad de la justicia para garantizar el cumplimento de contratos.
Es necesaria la coordinación entre instituciones públicas para no perder los avances en reducción de trámites por decisiones administrativas. Por ejemplo, el requisito de la cuenta bancaria para la asignación de NIT al momento de registrar una empresa había sido eliminado, pero fue restituido con el nuevo trámite de obtención de autorización de facturas.
Igualmente, se deben fortalecer las alianzas entre el sector público y privado para darle sostenibilidad a las medidas y a su impacto en la competitividad. Un buen ejemplo es la iniciativa que desarrollamos la Cámara de Comercio de Bogotá, el Gobierno Nacional y el Banco Mundial para crear una ventanilla única que simplifique los trámites para crear y operar empresas. La meta es integrar trámites de registro mercantil, tributario y de seguridad social.
Tenemos que apropiar buenas prácticas internacionales: modernizar tecnológicamente las entidades públicas, mejorar la coordinación entre los gobiernos nacional y local, reducir la carga tributaria a las empresas, fortalecer la articulación público privada para identificar factores que inciden en los costos de cumplimiento, y validar con los empresarios la efectividad de las soluciones.
Si bien parte de las regulaciones y procedimientos tienen por objeto poner restricciones a las prácticas ilegales, es evidente que muchas se están convirtiendo en un obstáculo para la legalidad, dado que restringen el tránsito a la formalidad y desestimulan la inversión y el crecimiento. El sector empresarial es la principal fuente de inversión y empleo en el país. Si nos comprometemos con las reformas para mejorar el entorno, todos ganamos: empresarios, trabajadores y el país.