Nicola Stornelli García
análisis

¿Cuál televisión pública, cuál cuarta revolución?

Para ver los canales públicos, nacionales y regionales, los colombianos estamos pagando un servicio de suscripción o cable, muchas veces pirata.

Nicola Stornelli García
Opinión
POR:
Nicola Stornelli García
agosto 25 de 2016
2016-08-25 08:20 p.m.
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En una mesa de trabajo acerca de los retos de la televisión pública, en el pasado congreso de Andesco, un alto ejecutivo de Caracol TV, Jorge Martínez de León, dijo una de esas ‘verdades evidentes’ que, por cosas de la vida, uno no ve. Pues sí, ese día me dio vergüenza admitir que no había caído en cuenta de que la mayoría de los colombianos estamos pagando para ver los canales abiertos y públicos. ¿Cómo así? Pues que la señal de los públicos se ha deteriorado –¿la han dejado deteriorar?–, de tal manera, que ya no es posible verlos con las famosas antenas aéreas, ya sean las que van encima del televisor o las del techo.

Para ver los canales públicos, nacionales y regionales, los colombianos estamos pagando –por eso ha crecido tanto– un servicio de suscripción o cable, muchas veces pirata. De allí viene la pelea de los canales de TV, abiertos y privados, Caracol y RCN, con DirectTV porque, obviamente, dicha empresa (hoy de la poderosa ATT) no debería cobrar por incluir los canales nacionales y públicos o abiertos en su parrilla. Debería incluirlos como un plus a sus usuarios.

Desde aquí, le pido a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la República y al MinTIC, entrar a revisar y a investigar, con honestidad, el incumplimiento del artículo 365 de nuestra Carta Magna que dice: “los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares”.

Y miren esta perla, el artículo 1º de la Ley 182 de 1995 dice: “la televisión es un servicio público sujeto a la titularidad, reserva, control y regulación del Estado, cuya prestación corresponderá, mediante concesión, a las entidades públicas a que se refiere esta Ley, a los particulares y comunidades organizadas, en los términos del artículo 365 de la Constitución Política.

Técnicamente, es un servicio de telecomunicaciones que ofrece programación dirigida al público en general o a una parte de él, que consiste en la emisión, transmisión, difusión, distribución, radiación y recepción de señales de audio y video en forma simultánea.
Este servicio público está vinculado intrínsecamente a la opinión pública y a la cultura del país, como instrumento dinamizador de los procesos de información y comunicación audiovisuales”.

Nada más con lo expuesto aquí, tan sencillo y claro, debería darle muchísima vergüenza al Estado tener un ente, la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), que no sirve para absolutamente nada.

Ahora: ¿estamos preparados para la televisión digital terrestre (TDT)? Las posibilidades que esta ofrece deberían servir para pensar en mejorar los contenidos locales. Salvo algunas contadas excepciones de los canales regionales y de Señal Colombia, hechas más por amor y creatividad, que por recursos, la verdad es que no existe una política pública de contenidos para la TV pública. ¿Quién subsidia los excelentes documentales de la BBC?, pues el Estado.

¿Por qué no crear las condiciones tributarias que alienten a las grandes empresas del país a invertir en contenidos de calidad en los canales regionales? Como la alianza privada que conformó Almacenes Éxito y permitió que los colombianos nos llenáramos de orgullo, viendo Colombia, Magia Salvaje. Y digo en los regionales porque allí es donde están representados los colombianos, pese a las falencias y errores de los canales regionales, son un buen referente de nuestra cultura y diversidad.

Los canales regionales para poder subsistir han creado unos mecanismos de publicidad que es una burla a la norma jurídica que les prohíbe pasar comerciales. Con lo que les manda la ANTV no les alcanza para sobrevivir. Esos canales hay que convertirlos en empresas de economía mixta y deben permitir que los canales privados nuestros, puedan entrar allí, bajo condiciones de una política púbica de contenidos que permita, precisamente, que se conviertan en los canales de la expresión de nuestra autenticidad y valores.

En el Congreso de la Andi se atrevieron a decir que estamos preparados para la cuarta revolución (jajaja). Cuando hay funcionarios públicos o privados que no saben distinguir entre una intranet y una red LAN o WLAN, no podemos decir que estamos preparados. Y mucho menos cuando hay directores de programas de administración de empresas que no conocen aún la importancia de aplicaciones para guardar información en la nube como Dropbox, Google Drive o Evernote; obviamente, tampoco entienden lo que es big data o internet de las cosas (IoT), o toda la revolución que significa la impresión 3D.

Nicola Stornelli García
Analista e Investigador del de las TIC.

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