Por estos días los usuarios del transporte aéreo en Colombia tienen un tema en común: el atraso generalizado en los vuelos, que en múltiples casos ha llegado a ser de varias horas.

Debido a esa situación, los terminales no sólo se encuentran más llenos que de costumbre, sino que abundan los viajeros mal encarados que protestan por lo que eufemísticamente se conoce como ‘razones operacionales’.

Detrás de esa expresión hay tres realidades que afectan la puntualidad en la llegada y salida de los aviones que surcan el territorio nacional. Para comenzar está el clima, que siempre es un factor en un país tropical en donde prolifera la nubosidad.

En segundo término se encuentra el mantenimiento de algunas pistas, que se había venido posponiendo.

Pero la más importante es la tensión que existe con el gremio de los controladores aéreos, que ha venido creciendo en intensidad desde diciembre.

De tal manera, y como mecanismo de presión, estos han estado aplicando la llamada ‘operación reglamento’, que consiste en mantenerse por encima de los niveles mínimos, definidos en las normas. Así, un controlador puede decidir aumentar el espacio entre aeronaves que carretean en la pista, mientras que otro tiene la potestad de tomarse más tiempo en la autorización de aterrizajes y despegues, a la vez que uno más determina que la distancia mínima de aviones que van en la misma ruta debe ser mayor.

El efecto combinado de esa cascada resulta en retrasos considerables que se han vuelto especialmente notorios en las horas pico, ya sea a comienzos de la mañana o de la noche.

En respuesta, las autoridades han adoptado decisiones como la definición de nuevos parámetros operacionales y la solicitud a la Procuraduría para que sus funcionarios estén presentes en las torres de control y documenten abusos.

Si estos ocurren, pueden darse sanciones, ya que el manejo del tráfico aéreo ha sido definido como un servicio público esencial que no admite interrupciones injustificadas.

No obstante, más allá del garrote que se esgrima, es indudable que hay un problema real que nace de la congelación de la planta, la cual viene desde comienzos del siglo. A pesar de que entre el 2000 y el 2011 el número de pasajeros nacionales e internacionales se duplicó en Colombia, al pasar de 10,6 a cerca de 21 millones, el total de controladores se mantuvo en cerca de 500.

Tan solo en el presente Gobierno fue posible nombrar 49 adicionales y en los próximos días deberían llegar otros 38.

No obstante, la Aeronáutica Civil calcula que hacen falta 208 más, un esfuerzo que tomará tiempo, pues preparar a un especialista no es algo que se logra de la noche a la mañana.

Como si lo anterior fuera poco, el gremio considera que necesita una mejora salarial importante, además de otros beneficios que van hasta el extremo de un régimen especial de jubilación.

Tales temas vienen siendo objeto de una negociación que no ha terminado, pero que no se antoja fácil a pesar de que algunos puntos ya fueron aceptados. Además, quienes saben de estos temas señalan que otros grupos como los bomberos que trabajan en los aeropuertos, los técnicos aeronáuticos y los inspectores de aeronaves –que también componen la nómina oficial– tienen listo su pliego.

Tanto el aumento en la planta general de la Aerocivil que pasaría de 2.700 a casi 3.300 funcionarios, como la aceptación de parte de las peticiones salariales, ascenderían a unos 60.000 millones de pesos.

La mención de esa suma ocasiona ceños fruncidos en el Ministerio de Hacienda, que considera que si cede en este caso, otras entidades públicas pueden sentirse en la libertad de pedir más presupuesto.

Sin embargo, habrá que hallar un justo medio, sin ser víctimas de chantajes. De lo contrario, al cuello de botella que significa la inadecuada infraestructura vial, se puede sumar un verdadero trancón aéreo, resultado de una política de recursos humanos que necesita adaptarse a realidades que no son las mismas de hace diez años.