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1810-2016: la búsqueda infructuosa de la paz

Sin necesidad, el Presidente de la República se comprometió a que los ciudadanos refrendaran directamente los acuerdos de paz.

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agosto 10 de 2016
2016-08-10 10:10 p.m.
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El primer argumento para el surgimiento del acuerdo o contrato social fue el goce y preservación de derechos, entre ellos la vida, tan esquiva en el estado de naturaleza. A partir de ahí avanzamos en materia de derechos y en la organización social cuya estructura, en tanto obra humana, será siempre imperfecta, lo que anima a perseguir el noble ideal de una sociedad más próspera, justa y en paz.

Sin necesidad, el Presidente de la República se comprometió a que los ciudadanos refrendaran directamente los acuerdos de paz. El Congreso de la República aprobó el plebiscito con la participación de todo el espectro político, conformado por los partidos y movimientos que apoyan al gobierno y por las fuerzas opositoras al mismo, desde el Polo hasta el Centro Democrático. La Corte Constitucional, que evaluó la posibilidad de que el plebiscito no sea aprobado por el pueblo, y continúe así la guerra, lo consideró ajustado a la Constitución que contempla la paz como “un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.

Aun cuando se han realizado otros acuerdos de paz, por confrontaciones bélicas con países vecinos y por el conflicto interno, es la primera vez que se acude al pueblo para una refrendación de esta magnitud. De ahí la afirmación presidencial, pos validación constitucional, de que “Probablemente es la decisión de voto más importante que cada uno de nosotros tomará en toda su vida”.

Algunos tuvimos ocasión de participar en la convocatoria de la Asamblea Nacional que redactó la Constitución Política de 1991, hace 25 años, y acabamos de conmemorar un nuevo aniversario del Acta de Independencia. El 20 de julio de 1810 se confió en la Junta Suprema -conformada exclusivamente por criollos- la redacción de la Constitución para establecer el reglamento de elección de los diputados en las provincias, sentar las bases de libertad y del federalismo y lograr “la felicidad pública”, entre otros asuntos. Rompió con el virreinato, nombrado entonces por Napoleón, pero mantuvo la dependencia de la Suprema Junta de Regencia –española- y reconocía al monarca Fernando VII.

De tal manera, la verdadera independencia y la soberanía no se alcanzaron y empezamos a recorrer un trecho que hoy, más de dos siglos después, seguimos andando. La firma del Acta de Independencia en 1810 no garantizó la redacción inmediata de la Constitución pues, al contrario, en las siguientes dos décadas se expidieron una decena de “constituciones” territoriales como las de El Socorro, Cundinamarca, Tunja, Cartagena, Mariquita, Neiva, Antioquia,…

Hasta llegar a la Constitución de la República de Colombia en 1830, cuyo territorio se conformó con las provincias del entonces Virreinato de la Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela. De acuerdo con esta primera Constitución integradora del nuevo territorio libre, el magistrado que ostentaría la Presidencia de la República se elegiría para un período de ocho años, el Congreso quedaba facultado para conceder indultos generales por motivos de conveniencia pública y estableció como condiciones para gozar de los derechos ciudadanos el poseer una propiedad raíz superior a trecientos pesos (o tener una renta anual de ciento cincuenta pesos) y saber leer y escribir.

Por la separación de Venezuela y Ecuador, menos de dos años después se expidió la segunda Constitución, en 1832, para que el centralismo no fuera más “el obstáculo de la felicidad de los pueblos” y regresó la denominación de Nueva Granada. Se inició el asiduo afán por el ajuste superior para arreglar en el papel lo que las prácticas políticas y culturales impedían en la realidad, costumbre que continuamos en la búsqueda de un mejor país.

La de 1991 es una carta política muy joven, que no surgió como condición de un proceso de paz sino por el anhelo de una sociedad mejor. No obstante reconocemos a la Constitución del 91 como un tratado de paz que, sin embargo, y a pesar de consignar la paz como un derecho y un deber, tampoco pudo gestarla. La paz no es el único contenido anquilosado en el papel. Tal vez por eso, y porque en esta infancia constitucional supera el cuarto centenar de contrarreformas, se prepara el ambiente para un prematuro nuevo acuerdo social. Volver a barajar parece una costumbre histórica indetenible.

Desde la independencia y los primeros acuerdos sociales, la paz ha sido un propósito político de primera importancia. La Constitución Política de 1830 facultó al Congreso de la República para requerir al Jefe del Poder Ejecutivo la negociación de la paz. La Constitución del Estado de Nueva Granada de 1832 consignó que “La paz es la primera necesidad de los colombianos”. Más de dos siglos después, el derecho y el deber obligatorio de la Constitución del 91 es uno de los preceptos incumplidos porque cada quien lo manoseó a su antojo, incluso para justificar la muerte. Con el proyecto del plebiscito el Presidente perdió una puja política preliminar y cedió a quienes reclamaban continuar la guerra. Pero además, inexplicablemente, el guardián constitucional hizo caso omiso de la Carta y bendijo al pueblo para que pueda elegir morir como su primer derecho soberano.

Gabriel Ángel Muriel González
Magíster en Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia
gabrielangelmuriel@hotmail.com

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