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Contratación de alimentos ya tiene institucionalidad

El Mercado de Compras Públicas de la Bolsa Mercantil es usado por entes territoriales para comprar productos del Programa de Alimentación Escolar.

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mayo 23 de 2016
2016-05-23 06:31 p.m.
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Las últimas semanas han estado especialmente marcadas por escándalos relacionados con la alimentación que recibían algunos estudiantes en diferentes municipios del país. Estos casos denunciados en los medios de comunicación, y por la misma Contraloría, tienen origen en los problemas típicos de la contratación pública como son el uso excesivo de la contratación directa, utilizada por la premura en los tiempos para obtener los productos, bienes o servicios; y los convenios con algunas fundaciones, a los cuales acuden en gran medida los ordenadores del gasto.

Según el último informe presentado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) se estima que la compra y contratación pública representa más del 14 por ciento del PIB en Colombia. Se tiene claro que el sistema de compras y contratación estatal debe operar con la mayor economía y eficiencia posibles, garantizando que el Estado ofrezca oportunamente los bienes, obras y servicios que debe proveer, buscando generar mayor equidad, prosperidad y calidad de vida. Esta cifra obliga al Gobierno Nacional a buscar los mecanismos más idóneos y los máximos controles para garantizar la mayor transparencia y eficiencia en las compras públicas.

Las dificultades en la contratación de alimentos –se estima que el Estado gasta aproximadamente 1 billón de pesos en este rubro– se enmarcan en unos requerimientos logísticos que no pueden cumplir muchas de las fundaciones o empresas que actualmente contratan este servicio con algunas entidades públicas. La operatividad, el transporte, el cuidado de los alimentos, la conservación de los mismos en sitios adecuados, la preparación y el servicio en sitio, son temas complejos que deben ser asegurados y vigilados.

La normatividad que faculta a las entidades públicas a adelantar los procesos de contratación desde la Ley 80 de 1993 hasta el Decreto 1082 de 2015, establece que una de las opciones para la adquisición de productos de origen agropecuario, es decir de alimentos, son las bolsas de productos, y en el país, la única es la Bolsa Mercantil de Colombia.

El país cuenta desde hace 18 años con la oferta del Mercado de Compras Públicas (MCP) de esta entidad. Un mecanismo con precios reales formados por el mercado, para que las entidades públicas puedan adquirir productos alimenticios, entre muchos otros, y que le brinda al ordenador del gasto pluralidad de oferentes, transparencia en las operaciones y seguridad jurídica, pues gracias al sistema de garantías que utiliza la Bolsa, se asegura el cumplimiento efectivo de la operación en los tiempos que solicita la entidad compradora.

Es así como en el MCP el nivel de incumplimientos en las operaciones, presentados por parte de los mandantes compradores o vendedores, no alcanza el 0,45% en más de 38.000 operaciones realizadas por entidades estatales en la Bolsa, desde el año 2006 hasta el 2015.

Esto demuestra que no es necesario incurrir en la creación de una nueva estructura burocrática para responder a la transparencia y eficiencia que se requieren para administrar los programas de alimentación. Con 37 años en el mercado de alimentos, esta institución bursátil se constituye en el escenario para que las entidades adquieran materias primas y productos terminados, tales como refrigerios, alimentos calientes y canastas de alimentos, entre otros.

Precisamente, el Mercado de Compras Públicas de la Bolsa Mercantil de Colombia acaba de ser utilizado por entes territoriales para la compra de productos del Programa de Alimentación Escolar, PAE. En estas negociaciones se han obtenido ahorros por 2.200 millones de pesos aproximadamente, se ha contado con pluralidad de nuevos operadores, generando más transparencia y seguridad en el proceso, y no se han presentado incumplimientos en la operación y entrega de los alimentos.

De esta manera, velar por una adecuada alimentación para los estudiantes y poblaciones vulnerables es posible y es responsabilidad de los encargados de estas contrataciones utilizar los mejores mecanismos legales que brinden transparencia y efectividad para que escándalos como los que hemos visto, de gran impacto en poblaciones vulnerables, no se vuelvan a repetir en Colombia.

La solución a este y otros problemas del país no es la creación de más burocracia. Primero convendría evaluar las experiencias de otras empresas como la Bolsa Mercantil de Colombia. Una nueva agencia estatal no arregla el problema.

Francisco Estupiñán
Presidente Bolsa Mercantil de Colombia

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