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La ilegalidad de lo legal

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junio 06 de 2016
2016-06-06 07:02 p.m.
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Tristemente nuestro país se ha convertido en una cuna de monaguillos empíricos cuyo discurso ha sido el de confundir a toda costa a la audiencia con un par de párrafos o leyes aprendidas en cualquier esquina de la interpretación visceral de la extensa normatividad impuesta por quienes fungen dependiendo de la necesidad particular de su entorno o intereses.

Basta encender el televisor para darnos cuenta cómo ilustres radicales en menos de media hora se cambian de partidos políticos para aspirar a un ministerio; basta ver cómo se rifan entre ex candidatos y sus ex fórmulas vicepresidenciales los ministerios que catapultan las futuras elecciones; y por qué no, basta comprobar, cómo de coctel en coctel se cambian los discursos de algunos representantes, con tal de no ausentarse del beneficioso negocio del poder desbordado.

Esta situación no se vive sólo en lo político, al fin y al cabo nos criaron con la frase del dinamismo conceptual de las posiciones, justificando la “lagartería” para acceder a puestos de reconocimiento y poder. En lo legal, Colombia se ha convertido en el “sexto mejor alcalde del planeta” para tener la capacidad de superarse todos los días por los alcances de las maniobras disfrazadas de legalidad que resultan siendo grandes escándalos de corrupción, cada vez más complejos de probar.

Una justicia que en derecho ya tiene a un homicida inculpado como en el caso de Natalia Ponce, no puede prestarse para “legalmente” desamparar a la sociedad y a Natalia misma, aduciendo maniobras jurídicas para declarar loco a alguien que está actuando mal; una “legalidad” que actúa en derecho, no puede marginar de la culpa a alguien de su condena simplemente porque aprovechó su gordura y su bipolaridad para irse a descansar a su casa en la costa, la cual seguramente pagamos todos los bogotanos con los desfalcos millonarios de los inquietos hermanos Nule; un cumplimiento en derecho no puede acomodarse para que las normas establecidas de una sociedad, una comunidad o una empresa, se aprovechen con “argumentos legales” para combatir la legalidad de quienes actúan de buena fe.

Y es que en nuestro país, además de los escándalos normales a los que ya estamos acostumbrados, mientras vemos a Roy saltando de partido en partido, a Samuel Moreno pidiendo justicia para él, a Petro criticando la falta de Metro o a la guerrilla diciendo que no tiene un solo centavo; uno de los escenarios donde es más común ver ese aprovechamiento tácito de la legalidad frente a lo ilegal, y que nadie le pone mucha atención, es en los llamados acuerdos de reorganización empresarial, para que las compañías, por ejemplo, reorganicen sus pasivos de manera que producto de un acuerdo con sus acreedores se les otorgue mayores facilidades para el cumplimiento de sus obligaciones.

En esta materia sí que es fácil encontrar en Colombia a algunos profesionales del derecho dispuestos a manipular esas interpretaciones de la ley casi delictivas, pero que con un poco de verborrea legal intentan convencer a la luz de la legalidad, no siendo otra cosa que una artimaña más para dilatar responsabilidades que evidentemente vulneran a un colectivo que en muchas ocasiones se deja enredar a costa por qué no, de alguien que se declara loco, gordo, ciego, sordo o mudo para torear sus responsabilidades con la justicia y cortar dos orejas y rabo al son de la ingenuidad de la ilegalidad de lo extremadamente legal.

Recientemente en el sector de la producción de energía proveniente de los gases que generan los residuos que van a parar a los botaderos, se ha visto cómo entidades financieras y multinacionales con todo su arsenal legal y conocimiento, esta vez han sido aparentes víctimas de un juego perverso de legalidad en lo ilegal por parte de los empresarios que aspiran valerse de los mencionados acuerdos de reorganización para dilatar en parte “amparados en la ley” los mecanismos legales de mínimo cumplimiento con los acreedores. En síntesis, es algo así como la escuela de djs “Bogotá 140 house” que tiene desesperada a toda la comunidad por sus fiestas desde los viernes en la madrugada hasta los domingos o festivos en una zona residencial, pero que amparada en el debido proceso y en las artimañas legales, siguen funcionando a pesar de la lógica y el bienestar común de una mayoría impotente que tiene que entender que la ley pareciera estar diseñada para cobijar a los infractores.

¿A dónde iremos a parar mientras nuestra justicia no sea justa?; ¿Qué iremos a conseguir como sociedad mientras nuestra ley sea simplemente interpretativa?; ¿Será que los delincuentes gordos, ciegos o locos, tienen mayor derecho que el derecho mismo? Realmente da pánico tener que apelar a una justicia diseñada para aplicarse al abogado con mejor discurso.

Andrés F. Hoyos E.
@donandreshoyos

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