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La “presunta” injusticia de nuestra justicia

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mayo 09 de 2016
2016-05-09 09:47 a.m.
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La lentitud en los procesos públicos es una constante que a diario vivimos todos los colombianos. Desde los aspectos legales, los trámites judiciales, las confrontaciones civiles y en general la logística de la tramitología en todo el sentido de la expresión, se convierte en un dolor de cabeza adicional para quien quiere ejercer algún derecho público sobre algo en particular.

No más por estos días varias personas de un sector residencial en Bogotá, llamaron furiosas y con toda la razón a la W radio a quejarse porque les sembraron en la mitad de sus casas un “club de djs” que comienza “sus clases” desde el jueves en la madrugada hasta altas horas de la noche los domingos.

“Bogotá 140 house” un “amanecedero” en el sector de Contador, tal y como lo informaron sus vecinos, se ha convertido en una “cuna de prostitución, droga, peleas y prácticas reprochables”, donde hace años vienen cambiando su razón social para hacerle trampa a nuestra lenta justicia, la cual se ha quedado varada e impotente a pesar de los hechos y pruebas de los atropellos de este lugar para cerrarlo definitivamente a pesar de las denuncias.

El anterior es uno de los ejemplos más simples de la impotencia que generan los procesos públicos en la búsqueda de los debidos trámites a los que tiene derecho cada ciudadano, que si bien se utilizaran realmente para equilibrar la justicia, se desvirtúan cuando se esgrimen como pretexto para quienes la vulneran, aprovechándose de los vacíos logísticos que en últimas parecen beneficiar más a quienes actúan en contra de la norma, que quienes tienen un apego ponderado por ella.

La efectividad de una garantía, la vulneración de los datos personales, el derecho de retracto en compras “en caliente”, los reportes negativos equivocados en las centrales de riesgo, y otras múltiples solicitudes que puede tener cualquier consumidor en Colombia, se complican con los “debidos procesos” mal utilizados para dar solución inmediata a trámites simples, en los cuales la dilatación comercial parece ser la respuesta para cansar a quien se siente vulnerado.

En las instituciones públicas el tema no parece ser diferente ni con tendencia a mejorar. Los mismos funcionarios que diligentemente quieren actuar a favor de las personas, se ven maniatados a la hora de ejercer celeridad en cualquier actuación justificada y simple. En el caso de “Bogotá 140 house” por ejemplo, el Secretario de Gobierno de Bogotá, Miguel Uribe, a pesar de demostrar la molestia y la intención cívica de querer cerrar ese lugar ilegal, se tiene que limitar a decir que se encuentra haciendo todo lo que legítimamente está a su alcance mientras la justicia emite la orden final de cierre en más o menos 5 meses.

La justicia por su parte sí que está llena de vacíos a la hora de interpretar de forma negativa el “debido proceso”. Desde “presuntos” violadores descubiertos en el acto, pasando por “presuntos” ladrones con el botín en las manos, hasta “presuntos” asesinos desenfundando su arma luego del disparo, la sociedad cívica ha tenido que ver impotente cómo elementos probatorios contundentes, se desvanecen en la sombra de la presunción y el vencimiento de términos, casi de forma descarada, mientras los responsables encuentran los vacíos legales para ampararse en las normas.

Ancianos muriendo en las filas de un centro de salud; una justicia que acostumbra a estar de paro mientras cientos de inocentes pernoctan en los hacinamientos carcelarios en el mismo instante en que miles de culpables son premiados con la libertad; niños de escuelas públicas burlados por el hambre o colombianos muriendo de inanición; mujeres maltratadas; abusadores sexuales con retención domiciliaria; entre otros muchos increíbles resultados de las omisiones legales de los procesos públicos, son los que diariamente padecemos los colombianos cuyo himno nacional debería llamarse “la presunción del culpable”.

Si bien las actuaciones de la empresa privada, por ejemplo, pueden tener otros matices o focos negativos que no son sujetos de esta discusión particular, por lo menos sí genera una coherencia en la efectividad de los procesos, que a la luz de los resultados podrían evitar que existan los vacíos que al posar de “perfectos”, siendo “más papistas que el papa”, generen una carga menos para quien realmente necesite estar cobijado por la justicia sin lugar a la trampa, la omisión o el aprovechamiento de la presunción.

Claro que debe existir un debido proceso, claro que debe garantizarse la presunción de inocencia y las cargas demostrativas, y claro que deben establecerse mecanismos legítimos para el desarrollo óptimo y efectivo de la justicia en todos sus ámbitos; lo que no puede suceder es que cada prueba contundente, cada realidad demostrada y cada actuación reprochable y documentada, se ampare bajo los mismos conceptos legales de quien actúa de forma decorosa.

Andrés F. Hoyos E.
Comunicador social y periodista
@donandreshoyos

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