Aportar para la esperanza, Rafael Aubad L, 9 de marzo de 2017 | Opinión | Portafolio
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Aportar para la esperanza

Confiamos en que el Gobierno mantenga una relación estrecha con las instituciones que queremos contribuir para que no fracase la apuesta por la paz.

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marzo 08 de 2017
2017-03-08 08:10 p.m.
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Ningún ministerio ni ninguna institución, pública o privada, de nuestro país tiene actualmente más responsabilidades que las que enfrenta el ministro consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo. El fast track; el inicio de la implementación socioeconómica; la definición del Plan Marco de Implementación a 15 años; la reincorporación de las Farc y la sustitución y erradicación de la coca, son los cinco ejes de los acuerdos en La Habana que marcan una agenda enormemente retadora.

De acuerdo con la metodología del fast track adoptada por el Gobierno, cada ministerio debe plantear las necesidades legislativas que requiere para cumplir con sus responsabilidades en los acuerdos.

En la implementación socioeconómica de los acuerdos, la prioridad inmediata es un plan a 100 días en 57 municipios relacionados con los campamentos de concentración de las Farc y sitios críticos de cultivos ilícitos. Y a ellos se agregan más de 100 municipios de influencia histórica de las Farc.

Sobre el Plan Marco, los compromisos en algunos componentes de atención cubren todo el país. En 600 municipios es necesaria una actuación específica en desarrollo institucional, y en 16 zonas, que cubren más o menos 160 municipios, establecer las características y alcances de los llamados Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Para las rutas de la reincorporación de las Farc, el Ministro Consejero considera cuatro grandes actividades o posibilidades de reincorporación: el apoyo a la seguridad misma de los miembros de las Farc; el apoyo al desminado; la figura de guardabosques y el desarrollo de proyectos productivos individuales o grupales.

Y hablando de sustitución y erradicación de cultivos ilícitos, la meta propuesta por el Gobierno para este año es de 50 mil hectáreas en cada una de estas modalidades.
Pero, además, debe también ocuparse el Ministro de un punto crítico: los recursos económicos y las capacidades institucionales para desarrollar todos estos compromisos. Le compete gestionar tres oportunidades de la reforma tributaria relacionadas con incentivos para inversión en las zonas más afectadas por el conflicto, obras por impuestos y recursos de compensaciones ambientales. Y la cooperación internacional.
Con este breve panorama de responsabilidades es fácil concluir lo que decíamos al comienzo: ¡no hay ninguna organización en nuestro medio que tenga tan grandes y complejos retos! ¿Qué hacer, entonces, desde la sociedad civil? Tres actitudes son posibles: la apuesta por el fracaso, la indiferencia o el apoyo crítico.

Desde el Consejo Empresarial para una Paz Sostenible nos decidimos por la tercera vía, a través de mesas de trabajo con académicos, expertos, empresarios y miembros del Gobierno; constituyendo equipos técnicos que hagan seguimiento sistemático prioritariamente al fast track; promoviendo encuentros periódicos con los responsables, y contribuyendo con críticas y propuestas fundamentadas. Nuestro gran interés es aportar para que el país no se vea enfrentado a un escenario de desesperanza.

Confiamos en que el Gobierno mantenga una relación estrecha con las instituciones que queremos contribuir para que no fracase la apuesta por la paz. Como decía el presidente Obama: “el optimismo es una obligación moral”.

Rafael Aubad L.
Presidente Ejecutivo Proantioquia

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