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Bienestar social y poder de mercado en el sector eléctrico

La Creg han inducido mejoras en la eficiencia de despacho eléctrico, pero estas no se han traducido en beneficios económicos para el consumidor.

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junio 01 de 2016
2016-06-01 08:00 p.m.
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Pasado el fantasma de un racionamiento eléctrico en los últimos meses, tiempo atrás se habían venido generando alertas de que no todo está muy bien en el sector eléctrico colombiano. A pesar de las buenas intenciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), este mercado es complejo y difícil de amansar. No esperemos a que ocurra otro fenómeno de ‘El Niño’ para ir tomando correctivos que se traduzcan en mayor bienestar social y mayor bienestar para los consumidores (recordemos que, en economía, el bienestar social se define como el beneficio de las firmas más el bienestar o excedente de los consumidores. Es por esto que, aumentos en el bienestar social pueden ser consecuencia de aumentos en el beneficio de las firmas, sin que necesariamente el beneficio de los consumidores sea mayor; esta diferencia será importante más adelante).
En una serie de artículos con varios colegas (Transition to Centralized Unit Commitment: An Econometric Analysis of Colombia’s Experience, The Energy Journal 2016 y Transition to Centralized Unit Commitment: A Structural Model of Colombia’s Experience, Borradores Semanales de Economía 2016) hemos venido llamando la atención sobre cómo algunas regulaciones recientes de la Creg han inducido mejoras notorias en la eficiencia productiva (reducción en los costos totales de generación del sistema al ser despachadas las plantas más eficientes) del despacho eléctrico colombiano y, también, en cómo estas mejoras no se han traducido en beneficios económicos para el consumidor. Dicho precisamente, la evidencia empírica muestra que las regulaciones han reducido el costo de generación de la energía eléctrica en Colombia, pero también ha disminuido el beneficio de los consumidores y, en total, ha aumentado el bienestar social. Esto suena paradójico, pero el bienestar social es el concepto estándar en economía para medir la salud de una industria. Esto es cuestionable desde muchos puntos de vista, pero aún más en el caso colombiano que no es un novato en generación eléctrica (mercados en desarrollo necesitan incentivos para la instalación del parque de generación). Por lo tanto, muy a pesar de las leyes de servicios públicos en Colombia, que usan el criterio de bienestar social para medir la salud de la industria, hay que comenzar a preguntarse por el bienestar de los consumidores.

Las conclusiones principales de estos estudios han sido las siguientes. Con la Resolución 051 de 2009, la Creg generó un cambio drástico en la forma como se realiza el despacho eléctrico colombiano. Hasta esa fecha, el despacho era de compromiso individual, y a partir de esa fecha pasó a ser de compromiso centralizado. Aunque la descripción de ambos conceptos es técnica, basta con decir que el cambio fue muy apropiado. La motivación principal fue la posibilidad de reducirle el riesgo a los generadores térmicos de salir despachados y no poder recuperar sus costos de arranque y parada con sus ingresos. Esta falla de mercado, debida a una no convexidad en la estructura de costos de los generadores térmicos, fue trasladada por medio del nuevo sistema a un despacho centralizado con el fin de internalizar el problema. Hasta ahí, todo iba muy acorde con la teoría económica y las experiencias internacionales. Sin embargo, no era previsible que, al eliminar un riesgo idiosincrático de los generadores térmicos, las ofertas en bolsa, el precio de bolsa y el de los contratos bilaterales fueran a aumentar. Es decir, al haber centralizado el despacho e internalizado, los costos de arranque y parada, se esperaría que el despacho fuera más económico, y, de hecho, lo fue (3,32 por ciento más económico por año producir toda la energía del país), pero no se esperaría que las ofertas, precios de bolsa y precios de contratos aumentaran (para el precio promedio ponderado de los contratos más del 14 por ciento, en términos reales en tres años).

Probablemente, al haberle dado más libertad a los generadores para reportarle información al despacho (no solo ofertas de precios de generación de energía, sino también los costos de arranque y parada) estos tuvieron mayor oportunidad para manipular el sistema. Esto es apenas una hipótesis, pues, ni la teoría económica da luces sobre este problema, ni la evidencia empírica lo ha documentado. En conclusión, la eficiencia productiva se incrementó, al igual que los precios finales a los consumidores, lo cual significa que aumentó el poder de mercado de los generadores. Es decir, los aumentos en el bienestar social fueron apropiados por los generadores y no por los consumidores.

Ninguno de estos resultados es trivial y ciertamente requiere de más estudios. Pero lo cierto es que, en un mercado donde la información pública como el anuncio de la llegada de un fenómeno de ‘El Niño’ sirve como mecanismo de coordinación de los agentes en un equilibrio más beneficioso para los generadores que para el consumidor final, sin ningún tipo de colusión explícita, hay que tomar precauciones adicionales.

Haría bien la Superintendencia de Industria y Comercio comenzar a hacer un monitoreo en tiempo real del poder de mercado de los agentes participantes del mercado mayorista de energía.

Álvaro J. Riascos Villegas
Profesor Asociado de la Universidad de los Andes.

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