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Cajamarca: cultura ciudadana y desarrollo

La participación como ciudadanos en estos temas nos invita a pensar cómo involucrarnos en procesos de desarrollo sostenible.

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abril 05 de 2017
2017-04-05 05:59 p.m.
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La movilización de Cajamarca al decidir, mediante el mecanismo de consulta popular, la oposición a la explotación minera, evidencia una discusión nacional que no se puede aplazar más. Como sociedad nos corresponde reflexionar desde tres perspectivas: hacemos minería con generación de oportunidades económicas y con planes de mitigación, reparación y compensación ambiental que dejen capacidades instaladas en las instituciones y en las comunidades; dejamos –como hoy es lo más frecuente– minería sin escrúpulos que arrasa con los activos ecosistémicos y que menoscaba el tejido social de las comunidades; o decidimos, claramente y sin dudas permanentes, que no queremos más explotación minera en Colombia o en algunas de sus regiones.

Que existen buenos desarrollos de minería responsable es un hecho. Que para muchas regiones este tipo de minería es una opción de crecimiento económico, es demostrable. El Banco Mundial ha creado un modelo de cadena de valor de las industrias extractivas, con el fin de articular una serie de principios alrededor de cinco ejes temáticos y de acción que buscan la integración productiva de la minería al fortalecimiento institucional, socioeconómico y ambiental. Si el gobierno siguiera rigurosamente recomendaciones como estas, el debate sería menos apasionado, ideologizado o interesado.

Que existen empresas en el mundo, que es necesario evitar por antecedentes cuestionables, sin duda. José Roberto Acosta, columnista de El Espectador, con respecto a Cajamarca dice: “…Anglo Gold Ashanti, empresa de pésimos antecedentes en el Congo Áfricano, según Human Rights…”. Si esto es así, los votantes tendrían la razón y deberían ser tenidos responsablemente en cuenta. Y criticable y sancionable funcionarios que otorguen licencias con tales antecedentes. Igual situación si se demostró que, efectivamente, el agua de la zona se pondría en claro peligro.

Pero no seamos ingenuos. La estigmatización de la minería responsable está cruzada por intereses mezquinos: los de la minería ilegal y criminal. Un actor bien activo en este propósito. Ellos si que no saben de costos sociales, medioambientales, institucionales y económicos. ‘Minas’ de oro que liberan el 90 por ciento del mercurio en fuentes hídricas y que han deteriorado ¡alrededor de 200.000 hectáreas de ríos y selvas en el país! ¿Qué va a interesar a los del Clan del Golfo, la minería responsable?

Asimismo, la discusión se extiende a la previsión incompleta que tiene la política pública minera nacional de articular elementos participativos. Asuntos relacionados con la coordinación institucional, la planificación del modelo de territorio, los estándares de protección ambiental y articulación con iniciativas sociales, nutrirían la gobernanza minera en el país y el desarrollo sostenible local y regional. Las corporaciones ambientales no tienen marcos sólidos vinculantes legalmente para decidir, y aplazan y aplazan decisiones de licencias, mientras los ilegales –que no saben de estos requisitos– se reproducen y depredan.

La participación como ciudadanos en estos temas, nos invita a pensar cómo involucrarnos en procesos de desarrollo sostenible, con iniciativas positivas y en beneficio de todos los que habitamos el territorio. La minería puede ser tan fructífera como la concibamos.

Rafael Aubad L.
Presidente de Proantioquia

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