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Análisis

Chaleco antibalas para la industria nacional

La OMC dispuso que Colombia debía modificar el arancel impuesto en el 2013 para proteger a los confeccionistas y productores de calzado.

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septiembre 03 de 2017
2017-09-03 04:06 p.m.
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En el 2013, Colombia protagonizó una batalla épica en el mundo del comercio exterior. Ese año, el Gobierno Nacional impuso un arancel mixto que buscaba proteger a los confeccionistas y productores de calzado de la competencia desleal y el contrabando.
Por ese entonces, grandes cantidades de ropa y zapatos provenientes de China, Pakistán, Bangladesh o India, directamente o por vía Panamá o Venezuela, inundaban el mercado colombiano, haciendo pedazos el empleo nacional.

La medida desató un litigio internacional de gran escala en el marco de los procedimientos establecidos por la Organización Mundial del Comercio (OMC). Panamá acusó a Colombia de violar los máximos aranceles permitidos para confecciones y calzado, al crear un tributo mixto que obligaba a un pago ad valorem, es decir: calculado como un porcentaje sobre el precio del producto, combinándolo con un arancel fijo por kilo, para el caso de las confecciones, o por par de zapatos, para el del calzado.

Con esa medida, se buscaba contrarrestar el abuso de quienes, en los procesos de importación de mercancías, declaraban –fraudulentamente– precios artificialmente bajos, que muchas veces ni siquiera superaban el valor de la mano de obra o de producción del algodón. El caso fue suficientemente documentado por el Ministerio de Comercio ante la OMC, entidad que, sin embargo, no acogió la respuesta de Colombia.

Los 500.000 empleos que estaban en riesgo por cuenta del contrabando desaforado no fue suficiente para la OMC, así como tampoco le interesó la actitud arrogante de Panamá, un paraíso fiscal que ha permitido que narcotraficantes y lavadores de activos profesionales de todo el mundo hagan de las suyas desde la Zona Libre de Colón. Menos aún le interesó a la OMC que Panamá no se hubiese comprometido a trabajar, en equipo con Colombia, en un proceso de cooperación e intercambio de información tributaria, financiera y arancelaria, tal como lo solicitó Colombia en repetidas ocasiones.

No obstante, la actitud de la OMC en sí misma no es reprochable. La entidad debe tomar decisiones en derecho, como cualquier organización de su orden; derecho u orden jurídico que no tiene ningún capítulo o acuerdo que le permita a un país adoptar medidas para blindarse, frente a las amenazas que supone el crimen organizado del contrabando y el lavado de activos transnacional. De esta forma, los acuerdos de salvaguardias y antidumping están principalmente diseñados para confrontar otro tipo de riesgos y problemas, pero no el del contrabando y el lavado de activos, que son precisamente los que más golpean a Colombia.

Como resultado de la disputa, la OMC dispuso que Colombia debía modificar el arancel impuesto en el 2013, y adoptar uno que cumpliera con sus obligaciones comerciales internacionales. El Gobierno Nacional ha cumplido con dicha instrucción, buscando –como resulta natural– que por el incumplimiento de las reglas de juego globales el país no se convierta en un gran paria del comercio exterior. Lamentablemente, el acatamiento de la orden le está costando sangre a la industria nacional: cientos de miles de empleos de las industrias de la confección y el calzado están siendo aniquilados en pocos meses. Urge, pues, hacer algo. Desconozco las medidas de corto y mediano plazo que el Gobierno Nacional esté considerando impulsar, pero hay una medida de largo plazo que valdría la pena tomarse muy en serio:

Frente a la situación, Colombia podría impulsar una iniciativa de carácter multilateral ante la OMC –entidad cuyo leitmotiv es pactar y vigilar el cumplimiento de reglas de juego limpio en el comercio internacional–. Por ejemplo, un acuerdo de medidas de protección contra el contrabando, en el cual se establezca con precisión en qué casos un país puede adoptar medidas arancelarias o para-arancelarias de protección, frente a los mortales proyectiles del contrabando internacional. Ese sería el chaleco antibalas perfecto para la industria nacional, que no solo beneficiaría a los sectores mencionados, sino a las siderúrgicas, los agricultores, y otros ramos de la economía que también encontrarían solaz en la existencia de un acuerdo de ese tipo.

Entiendo que en el 2015, el Ministro de Comercio de ese entonces instruyó a la Delegación de Colombia ante la OMC para que explorara la posibilidad de abrir espacios para la discusión de esta problemática al interior de la organización. Sin embargo, al parecer los esfuerzos de Colombia en ese momento fueron solitarios y no tuvieron mucho eco. Valdría la pena retomarlos; está en juego la seguridad laboral y el ingreso de cientos de miles de colombianos.

Camilo A. Enciso Vanegas
Director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción.

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