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Colombia necesita una “Ley de vivienda segura”, que sea segura

Señores del Gobierno, la paz no es solo un proceso; la paz empieza por establecer celeridad en las funciones que legalmente el pueblo les encomienda.

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octubre 03 de 2016
2016-10-03 11:20 a.m.
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La sanción presidencial de la ley 1796 del 13 de Julio de 2016, conocida como la “Ley de vivienda segura” es considerada por los expertos como un gran avance técnico que busca generar medidas adicionales para proteger al comprador o arrendatario de edificaciones de uso residencial; mejorar la seguridad de las edificaciones y fortalecer la función pública de los curadores urbanos.

La ley, que fortalecerá el desarrollo del sector de la construcción y vivienda en Colombia debido a que establece “dolientes” que velen por la adecuada implementación del reglamento sismo resistente NSR10 y de sus requisitos normativos integrales desde el proceso mismo del diseño, aún tiene cuestionamientos y vacíos de la mayor importancia con respecto a la definición integral de la “seguridad”.

Uno de los puntos que necesitan mayor claridad en la nueva norma para que sea integral, es que no puede desglosar a las edificaciones dependiendo de su metraje o área total construida.

Según la ley, en donde de forma acertada se establece la independencia entre los supervisores y los revisores técnicos para edificaciones de más de 2000 metros cuadrados de área total construida, sea cual sea su uso, sí se puede establecer una supervisión en la que la misma norma no se convierta en “juez y parte” sino que de forma independiente vaya sumando requisitos cumplidos a la hora de su diseño y construcción; pero, ¿qué pasa con las edificaciones que tengan menos de ese metraje establecido?; ¿la supervisión no cobija ese tipo de edificaciones?; ¿qué pasa con las edificaciones empíricas en los barrios vulnerables?

La norma sismo resistente colombiana NSR-10 referencia claramente el potencial riesgo por ejemplo de movimientos telúricos que tiene el país debido a su ubicación geográfica. En sus enunciados, advierte que cerca de 475 municipios, equivalentes al 35% de la población nacional están ubicados sobre una amenaza sísmica “alta”, y otro 51% sobre una amenaza “intermedia”, debido a la ubicación geográfica de sus municipios.

La anterior referencia no tendría sentido, sino se documenta la interminable lista de obras artesanales que sin conocimiento construyen los mismos habitantes de los barrios vulnerables por su posición topográfica, el desempeño de su suelo e incluso los materiales con los que desarrollan sus obras; las cuales, claramente también están debajo del rango de construcciones de menos de 2000 metros cuadrados.

La ley 1796 tampoco puede olvidar bajo ningún criterio, los enormes vacíos de implementación y control que tiene el país por el poco conocimiento sobre otro aspecto relevante de la integralidad de la palabra “seguridad”: la protección pasiva contra incendios. En Medellín por ejemplo, en lo que va del año, se han documentado más de 20 incendios en edificaciones que sorpresivamente y por regla general, no cuentan con la implementación de sistemas que mitiguen y retarden los impactos negativos del fuego.

Es de poco conocimiento público y técnico en Colombia que el numeral J del reglamento NSR10, está encaminado a cobijar uno de los temas más importantes a nivel internacional en términos de “seguridad” que es la seguridad misma contra unos de los principales problemas de desastres y muertes en las construcciones: los Incendios en las edificaciones de todo tipo.

Esta parte de la norma, que abarca los requisitos y parámetros de diseño y construcción en protección y prevención contra incendios de las edificaciones no debe “dejarse en veremos”, al calor de una buena ley, pero que requiere ser integral y coherente con la seguridad que exige.

Es válido preguntarse entonces si la supervisión técnica establecida por la Ley 1796 tendrá que hacer la inspección de los requisitos establecidos en seguridad contra incendios de forma apresurada, inconclusa o peor aún, “por encima”, debido al evidente desconocimiento sobre la protección contra el fuego y la implementación adecuada de estos sistemas en construcciones que esperamos sean a cabalidad seguras no solo en su sintaxis.

El título J del Reglamento NSR10 que a pesar que incluye este importante tema, también cuenta con falencias e incongruencias técnicas y de requerimientos, los cuales tiene desde hace bastante tiempo en sus manos el Ministerio de Vivienda y que tristemente, el proceso de revisión y actualización sigue sin tener una fecha de resolución a pesar de las múltiples solicitudes y comentaros del público y los directos afectados, en este caso, los constructores y diseñadores que deben tomar decisiones o utilizar normativas extranjeras para implementar en sus procesos constructivos.

Señores del Gobierno, la paz no es solamente un proceso; la paz empieza por establecer celeridad en las funciones que legalmente el pueblo les encomienda. Las empresas privadas, las constructoras, los gremios como CAMACOL, hacen su tarea decorosa a favor de la gente, por favor ustedes, respondan de forma célere por un país viable y seguro.

Andrés F. Hoyos E.
Comunicador social y periodista
@donandreshoyos

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