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Reforma tributaria y acuerdo de paz

Anif estima que en lo relativo con la indemnización a las víctimas, los costos del posconflicto podrían ascenderv al 2 por ciento del PIB, anualmente.

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noviembre 01 de 2016
2016-11-01 10:17 p.m.
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Las reforma tributaria y la del Acuerdo de Paz son los dos temas que concentrarán la atención, en lo que resta del año, por parte del gobierno, del Congreso y de todos los colombianos, así como de los interlocutores internacionales interesados en los asuntos de nuestro país.

La adopción de una reforma tributaria estructural que mejore el régimen vigente en el país es una condición necesaria para la buena marcha de la economía, en particular, como mecanismo para estimular la inversión pública y privada, sustituir la caída de los ingresos petroleros y garantizar que Colombia sea capaz de mantener la confianza de los inversionistas extranjeros y el grado de inversión de su deuda soberana.

De otro lado, luego del resultado del plebiscito en favor del ‘No’, resulta indispensable consolidar un acuerdo nacional que modifique algunos de los aspectos del Acuerdo de Paz, sobre todo, en lo que toca con la justicia transicional, la incorporación obligada del conjunto del Acuerdo a la Constitución y que reglamente, de manera clara, el rol creciente asignado a las comunidades en los puntos uno, cuatro y dos del Acuerdo relativos a la reforma rural integral, la sustitución de cultivos ilícitos y la participación política.

Pero, además, debe tomarse en cuenta que, desde el punto de vista económico, los temas de la reforma tributaria y la reforma al Acuerdo de Paz están interrelacionados. Al estudiar en detalle las propuestas contenidas en el Acuerdo de Paz entre el gobierno y las Farc se encuentra que este involucra grandes compromisos de gasto público en lo que respecta al punto uno del Acuerdo sobre la reforma rural integral, en el cual se hacen compromisos de apoyo a los agricultores con bienes públicos como vías terciarias, riego, crédito, servicios complementarios; y servicios sociales como salud, educación, pensiones y riesgos profesionales, de acceso a la tierra.

También tiene un significativo componente presupuestal todo lo relativo a la sustitución de cultivos ilícitos, así como el conjunto de los componentes de gastos administrativos, comenzando por el esquema de la justicia transicional y el sostenimiento de los antiguos guerrilleros en las zonas de concentración y su posterior incorporación a la vida civil.

Aunque se espera que la consolidación de la paz tenga un dividendo en términos de un mayor crecimiento de la economía, que traerá mayores ingresos fiscales, ello solo ocurrirá en años futuros, y existen opiniones muy divergentes sobre el tamaño o magnitud de esos beneficios, en tanto que los compromisos de gasto se inician inmediatamente y se prolongan al menos durante una década.

En solo lo que hace a la reforma rural integral, se calculó, en la Misión para la Transformación del Campo, que los costos anuales podrían alcanzar el 1,2 por ciento del PIB, y allí no se tomó en cuenta el costo de la sustitución de cultivos ilícitos, ni los compromisos de seguridad social en el campo, como tampoco el monto total de recursos requerido para adquirir predios y nutrir el Fondo de Tierras.

El gobierno y el Congreso deben tener en cuenta en la reforma tributaria la necesidad adicional de recursos fiscales que se derivan del Acuerdo de Paz. Anif estima que, además, en lo relativo con la indemnización a las víctimas, los costos del posconflicto podrían ascender al 2 por ciento del PIB, anualmente.

Roberto Junguito
Exministro de Hacienda
roberto.junguito@gmail.com

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