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La inversión en los huesos

Aunque ya se presentía, no deja de ser impresionante constatar el desplome de la inversión pública del Gobierno Central.

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agosto 03 de 2016
2016-08-03 07:59 p.m.
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Aunque ya se presentía, no deja de ser impresionante constatar el desplome de la inversión pública del Gobierno Central, que refleja el presupuesto general de la nación para 2017, radicado la semana pasada.

Ya se presentía, pues el Marco Fiscal de Mediano Plazo lo había anticipado. Con la inflexibilidad que exhiben algunos gastos como sueldos, servicio de la deuda pensiones y transferencias (muchos de ellos fijados por Constitución o por ley) cuando la plata no alcanza, el hachazo presupuestal acostumbra caer sobre el renglón más débil así sea el más importante: la inversión pública. Esto es lo que ha pasado dramáticamente en esta ocasión.

En efecto, comparando la inversión proyectada para 2017 con la de la vigencia en curso del 2016, encontramos una caída del 10,3 por ciento (en términos reales y nominales): de 36,6 billones a 32,9 billones.

Si comparamos la inversión que se propone para 2017 con la que originalmente se había presupuestado para 2016 en el presupuesto básico (es decir, antes de los sucesivos recortes que se han hecho a lo largo del año), el desplome previsto en la inversión pública para 2017 es mucho mayor. Cerca del 39 por ciento.

Cuando se miran sectores específicos, el panorama es aún más desolador. Si se tiene en cuenta que estamos próximos a iniciar el llamado posconflicto, no se entiende que el presupuesto de inversión para el sector agropecuario caiga 41 por ciento –léase bien, 41 por ciento–, a pesar de que este es uno de los ramos claves para financiar el posconflicto, cuyos taxímetros comenzarán a marcar en el 2017, si se firma la paz este año.

Igual sucede con la clasificación presupuestal denominada ‘inclusión social y reconciliación’, que muestra una caída del 11,8 por ciento, o el de ‘salud y protección social’, cuya inversión prevista para el año entrante cae 21,3 por ciento. La búsqueda de la paz va por un lado, la financiación del pos conflicto por otro.

Con este presupuesto de inversión se confirman temores que habíamos manifestado desde esta columna en otras ocasiones: entre las buenas voluntades para alcanzar la paz y las disponibilidades presupuestales para financiar los compromisos adquiridos para el posconflicto, hay un bache cada vez más profundo.

¿Qué solución puede tener esto? Solo hay una: reforma tributaria draconiana, tramitada en el segundo semestre del 2016, que pueda empezar a recaudarse a partir del primero de enero del 2017, y cuyo recaudo –que forzosamente tiene que ser muy cuantioso si se pretende recomponer la inversión pública siquiera a los niveles del 2016– sirva para financiar un presupuesto adicional a lo largo del próximo año.

Para apreciar la gravedad del asunto, piénsese que por el deterioro de la situación fiscal del país, que se dejó agravar hasta niveles impensados y para cuya corrección se dieron inexplicables largas, si en la próxima reforma tributaria se sube en tres puntos el IVA y ese mayor producido se lleva todo a recomponer la inversión, apenas se lograrían restablecer los niveles de inversión pública que se aprobaron en el presupuesto básico del 2016.

Las cifras de inversión propuestas al Congreso no son ni para una ‘nueva economía’ ni para una época de posconflicto’. La inversión ha quedado vuelta añicos en el proyecto de presupuesto, presentado para el 2017. Y más que el resultado de una ‘austeridad inteligente’ parece el de una ‘austeridad anoréxica’.

Juan Camilo Restrepo
Exministro de Agricultura y de Hacienda

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