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Competitividad petrolera en descenso

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abril 20 de 2016
2016-04-20 08:55 p.m.
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La situación del sector de petróleo y gas en Colombia es preocupante. La perforación de pozos de exploración en el 2015 es la más baja desde el 2004, con una disminución del 74% frente al 2014; la sísmica onshore también cayó desde el 2002, con una reducción del 75% frente al 2014, y el número de pozos de desarrollo fue de 30% menos con respecto al 2014.

También tenemos el nivel de reservas de gas natural más bajo desde 1991, y, según Campetrol (tendremos que esperar el reporte definitivo de la ANH en las próximas semanas), las reservas de crudo en el 2015 habrían disminuido 600 millones de barriles por el descenso de la actividad del año y la caída de los precios del crudo, que hacen inviables una parte de los crudos colombianos. De ser cierto este cálculo, el país tendría una autosuficiencia petrolera inferior a los seis años, que comprometería su seguridad energética.

Algunos analistas dicen que el país está ubicado entre el 25% de naciones más costosas para producir hidrocarburos. Según una encuesta de Rystad Energy de Noruega, el costo promedio en Colombia de producir un barril es de 35 dólares. La Asociación Colombiana del Petróleo dice que las inversiones, el costo de operación y el transporte sumados, oscilaría este año entre 31 y 41 dólares por barril, dependiendo de la ubicación de los campos. A 100 dólares el barril, las ineficiencias del país y de las compañías se mimetizaban, pero con los niveles actuales de precios es imprescindible ser mucho más eficientes y competitivos.

¿Qué debemos hacer para volver a ser competitivos y hacer viable la ejecución de los más de cinco mil millones de dólares en compromisos exploratorios pendientes?
Primero, hay que reconocer que las causas de la disminución dramática de la inversión no solo tienen que ver con los bajos precios internacionales. Seguimos teniendo problemas internos que no han mejorado en los últimos años. Los recientes fallos de la Corte Constitucional, que cierran campos en producción, bajo el argumento de que no se realizaron las consultas previas, y la solicitud de revocatoria –vía twitter, la semana pasada– de una licencia ambiental para la perforación de pozos en el Departamento del Meta, cuyo trámite demoró casi cinco años, generan una gran incertidumbre jurídica y hacen que Colombia sea un país menos previsible para la inversión. Me cuesta trabajo creer que una labor técnica de cinco años, tanto de la autoridad ambiental como de la compañía involucrada, tenga menos validez que el ruido mediático, con poco sustento técnico, y las opiniones de algunas personas, que, con lecturas someras, se convierten en adalides de lo ambiental.

Apoyo totalmente la potestad que tiene el país de restringir ciertas actividades económicas en áreas como los parques naturales y los páramos para proteger nuestras fuentes hídricas y biodiversidad. Sin embargo, hay casos como el mencionado, donde los límites a las áreas protegidas se van extendiendo sin mucho sustento técnico y al vaivén de las presiones políticas, restringiendo actividades que, según información pública, se encontraban por fuera de dichas áreas. ¿Dónde quedaron las reglas claras y la estabilidad jurídica para los inversionistas que han caracterizado a Colombia?

La discusión de la última semana también debe llevarnos a la reflexión sobre los beneficios para las comunidades y las autoridades regionales. Sin suficientes incentivos para ellos, a través de una mayor participación en la renta petrolera bajo parámetros de transparencia, será difícil volver a hacer viable las operaciones petroleras en Colombia.

Orlando Cabrales Segovia
Exviceministro de Energía
ocabrales.segovia@gmail.com

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