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Análisis

¿Consejo Nacional del Agua debe anticiparse a las crisis?

A pesar de ser Colombia un país con favorable rendimiento hídrico promedio, solo el 23% de la oferta de agua dulce es superficial, según estudios.

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julio 18 de 2017
2017-07-18 08:53 p.m.
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El Sistema Nacional Ambiental (SINA) de Colombia, considerado modelo a nivel internacional, ha sido inferior a las expectativas en la gestión integral de los recursos hídricos.

Para fortalecer el Sistema, el Gobierno Nacional creó el Consejo Nacional del Agua (CNAG), mediante la Ley 1753 del 2015 y del Decreto reglamentario 585 del 17 de abril del 2017, como organismo coordinador de la gestión integral del recurso hídrico.

En el territorio nacional se vienen acentuando situaciones extremas, causadas por decisiones antrópicas (el uso del suelo, la deforestación, la generación de gases efecto invernadero), como:

a) Las sequías, por el fenómeno de El Niño, que afecta 318 cabeceras municipales; el 83 % depende de sistemas de abastecimiento superficiales que están en función de su hidrología (en el 2015 el Ideam reportó déficit de precipitaciones entre 40%-70% entre enero y agosto en las regiones Caribe, Andina y Pacífica).

b) Las inundaciones por La Niña, que a causa estragos en 740 municipios, especialmente localizados en la región Andina, Pacífica y Caribe, donde ha resultado damnificada más del 40% de la población, con severos daños en los bosques, cultivos y pastos (Dane 2011). En el caso de Mocoa (Putumayo), registró 399 personas fallecidas y más de 7.000 familias damnificadas.

No obstante ser un país con favorable rendimiento hídrico promedio (56 litros por segundo/Km2) –6 veces la del planeta y 3 veces la de Latinoamérica– es paradójica su situación. Solamente el 23% de la oferta de agua dulce es superficial, según el Estudio Nacional del Agua (ENA-Ideam 2014, con datos del 2012) y está donde precisamente, se localiza el 74% de la gente y se produce el 78% del PIB (Región Caribe, Magdalena y Cauca, de acuerdo con el Dane 2016), este balance se empeora aún más con la mala calidad de sus aguas (menos del 39% de las aguas residuales tienen algún grado de tratamiento, de acuerdo con la Superservicios, 2013).

Las mayores demandas del agua, según el ENA, están en los siguientes sectores: agrícola, pecuario y acuícola (60%), energía e hidrocarburos (23%), doméstico (8%), industrial y construcción (5%), y el resto en minería y servicios.

En las proyecciones de demanda, para el 2022, se observan los mayores crecimientos: 113% agropecuario, 43% energía e hidrocarburos, 48% minería y carbón, y 11% consumo humano, sin contar las necesidades de transporte fluvial.

Los escenarios extremos mantienen en riesgo a todos los usuarios del agua: energía hidroeléctrica, distritos de riego, sector industrial, el uso de agua doméstica, la infraestructura de transporte terrestre y fluvial, además de la estabilidad ecológica y ambiental del sistema.

Conjuntamente con los impactos sociales, están los económicos, por mayores costos, debido a: la recuperación de las zonas afectadas, la inflación por la escasez de alimentos, los servicios públicos (energía, agua potable) e inestabilidad de la infraestructura, entre otros, que inevitablemente se deben suplir con mayores impuestos.

Según el DNP (Diagnóstico- ‘Misión crecimiento verde 2017’), los costos de los impactos del fenómeno de La Niña entre 2010-2011 le representaron al país cerca del 2% de PIB anual.

El agua dulce superficial es un bien público escaso (menos del 1% en el planeta). A pesar de ser un recurso renovable, se comporta como un bien económico que se debe garantizar a todos los usuarios; su valor económico debe contemplar, además de sus costos por gestión, las externalidades económicas y ambientales que pagan los usuarios y el Estado.

El nuevo Consejo tiene el reto de liderar y anticiparse a las crisis asociadas con el manejo de este recurso mediante:

a) El desarrollo de regulaciones coherentes entre los diferentes usuarios del agua.

b) El impulso de planes y programas de mediano y largo plazo, y

c) La estructuración financiera de proyectos prioritarios, de infraestructura gris (obras de ingeniería) y de infraestructura verde (obras complementarias de recuperación de los servicios ecosistémicos).

Los proyectos deben estar orientados hacia la mitigación (causas) y adaptación (efectos) al cambio climático con ordenamientos adecuados de las cuencas hidrográficas (usos de suelo), conocimiento y aprovechamiento de las aguas subterráneas, desarrollos tecnológicos con energías alternativas, aumento de productividad y uso eficiente de los recursos (reducción de pérdidas especialmente en los sectores agropecuario y domestico), y se deben buscar incentivos para la participación del sector privado en sus inversiones. Por esta senda, los beneficios son mayores que los costos. No hay tiempo para perder.

Jaime Salamanca León
Consultor, exdirector CRA.

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