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Contrarreloj de APP urbanas

La tarea no es fácil, pero existen mecanismos para lograr lo que por el momento parece un imposible: que este cuatrienio sea el de las APP urbanas.

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septiembre 18 de 2016
2016-09-18 09:28 p.m.
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Luego de varios meses de intenso trabajo, las nuevas administraciones municipales y departamentales tienen sus Planes de Desarrollo aprobados. En la mayoría, las Asociaciones Público Privadas -APP-, tanto de iniciativa pública como privada, se incluyeron como mecanismo innovador para financiar las obras públicas pendientes por hacer. Se abre pues una gran oportunidad, pero al mismo tiempo, un gran reto para lograr el desarrollo de infraestructura en las ciudades.

De acuerdo con los Planes de Desarrollo, Bogotá busca a través de esta modalidad, realizar proyectos por más de $30 billones de pesos, Medellín por $2 billones, Barranquilla $3 billones, Cali $1 billón y, en general, la mayoría de alcaldes y gobernadores plantearon financiar parte de sus obras vía APP.

¿Qué proyectos se vienen? Accesos viales e intervenciones en malla vial, inversiones en sistemas de transporte masivo como el metro, trenes ligeros y terminales intermodales, al igual que hospitales, edificios administrativos para entidades públicas, desarrollos inmobiliarios y de renovación urbana, entre otros.

Los funcionarios suelen preocuparse principalmente por los recursos, pero estos en realidad no son el único riesgo que enfrenta un proyecto APP; aunque se tengan, existe una variable silenciosa de la que nadie habla, pero que todos sabemos que está ahí: el tiempo.

Para el visto bueno de cualquier proyecto APP, la ley establece acuerdos entre múltiples actores locales - nacionales y diversas y rigurosas instancias de aprobación, actividades que aunque suelen tomar tiempos más largos de lo deseado, son indispensables para sacar un proyecto adelante.

Por ejemplo, para un proyecto APP de iniciativa pública, el alcalde o gobernador debe inicialmente contratar un consultor para que diseñe o estructure el proyecto, proceso que toma usualmente cuatro meses. Una vez seleccionado el experto, éste se toma en promedio un año para adelantar los estudios técnicos, financieros y jurídicos necesarios. En paralelo, se deben adelantar socializaciones y acuerdos, además de tramitar las resoluciones, decretos y aprobaciones por parte de las demás secretarías e instituciones involucradas, lo que puede tardar al menos un semestre.

Luego vienen las aprobaciones del orden nacional. Al ser un proyecto de iniciativa pública, la entidad territorial debe contar con la validación de su estructuración por parte de una entidad financiera de segundo piso o una agencia del orden nacional como Findeter, Fonade, la FDN, la ANI o la Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco, lo cual puede tomar unos cuatro meses más.

Después de la validación, se deben tocar las puertas del Ministerio de Hacienda y del Departamento Nacional de Planeación y hacer fila, hasta seis meses adicionales. Con esta aprobación, el alcalde o gobernador está listo para abrir licitación pública, proceso que puede durar otros cuatro meses.

En conclusión, un alcalde o gobernador necesitaría mínimo de 30 meses para tener un proyecto APP adjudicado. Esto quiere decir que se irían los años 2016, 2017 y 2018 en la planeación, estructuración y firma del mismo.

Sin embargo, como la ley establece que durante el último año de gobierno, es decir 2019, las entidades territoriales no pueden firmar contratos APP que requieran recursos públicos, las nuevas administraciones no firmarán ninguna APP si no optimizan los tiempos.

Si hablamos de las APP de iniciativa privada, sin recursos públicos, el escenario no es muy diferente. El privado u originador debe radicar ante la entidad pública una iniciativa en prefactibilidad, que requiere mínimo de dos meses de trabajo previo.
Luego, la entidad territorial tiene tres meses para analizar el proyecto y, si lo considera, darle paso a factibilidad. En esta etapa, se irá mínimo un año para estructurar un proyecto digno de ser evaluado por la entidad pública respectiva. Las siguientes evaluaciones están previstas en nueve meses, más dos para arreglo de condiciones.
Posteriormente, éste pasa a aprobaciones locales y regionales, lo que toma unos seis meses más y, finalmente, se realizaría una selección abreviada de mínimo cuatro meses.

Siendo así, tenemos un proceso de 36 meses que, afortunadamente en este caso por no tener recursos públicos, sí puede adjudicarse en 2019. No obstante, aunque se tiene más holgura, los tiempos siguen siendo muy justos.

Por lo tanto, señores alcaldes y gobernadores, si quieren firmar proyectos APP en su administración, tengan en cuenta estas recomendaciones. No comiencen de cero, como es costumbre en este país. Primero evalúen si en sus bancos de proyectos hay iniciativas ya estructuradas o con estudios avanzados que estén alineadas con sus prioridades de gobierno. Por otro lado, definan un plan de trabajo, con tiempos y responsables, en el que se contemple un trabajo coordinado con todos los actores involucrados, tanto del orden nacional como local.

Y, por último, pero quizás lo más importante: mucha, pero mucha gerencia pública.
Cerciórense de poner detrás de cada proyecto a un gerente público de su confianza, que se asegure de que las cosas pasen. No son válidas las excusas, no es suficiente gestionar, es indispensable ir hasta el final del proceso y lograr así el resultado esperado en cada etapa.

La tarea por delante no es fácil, pero existen mecanismos sencillos para lograr lo que por el momento parece un imposible, que este cuatrienio sea el de las APP urbanas.
Llegó el momento para que los alcaldes y gobernadores demuestren qué tan buenos ejecutores son.

Mateo De Los Ríos Vélez,
Socio director de Viveka.

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