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De las megaobras a la pequeña infraestructura comunitaria

La tranquilidad en las regiones, generada por los acuerdos de paz, ha permitido a las economías campesinas emprender más negocios.

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marzo 28 de 2017
2017-03-28 06:50 p.m.
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Las comunidades rurales que han vivido en carne propia la crueldad del conflicto armado ven con esperanza la llegada de la paz, pero a la vez observan con preocupación y disgusto el lento avance de la intervención pública en los territorios.

En la ruralidad colombiana, el Estado siempre ha sido un agente extraño que ha mostrado su cara represiva y corrupta endurecida por varias décadas de guerra interna. A su vez, el desarrollo nacional siempre ha sido percibido como distante y orientado a favorecer los intereses tanto de las regiones como de los grandes inversionistas nacionales y extranjeros. Las grandes obras de conectividad vial, los megaproyectos energéticos, las obras de infraestructura de servicios parecen pensadas solo para las zonas interconectadas, las periferias, que paradójicamente son la mayoría del territorio nacional, no aparecen en los cálculos iniciales de las grandes inversiones que realiza el país.

La construcción del posconflicto deber a orientarse a redireccionar la inversión nacional hacia las regiones afectadas por el conflicto armado privilegiando la pequeña infraestructura comunitaria, las vías terciarias y el apoyo estatal a los proyectos productivos de las comunidades rurales. Les llegó la hora a las regiones.

En un primer momento es necesario que la intervención pública en el posconflicto se oriente a privilegiar la construcción de pequeña infraestructura comunitaria. Las comunidades campesinas y los grupos étnicos que residen en las zonas donde con mayor intensidad se sintió el conflicto armado, vieron como la guerra destruyó hasta las edificaciones que garantizaban la provisión de los mínimos servicios básicos. Las tomas guerrilleras, la ocupación paramilitar y la respuesta militar del Estado destruyeron puestos de salud y escuelas, sedes de acción comunal y palacios de gobierno, centros médicos y hospitales, acueductos y servicios sanitarios.

Restituir la vida comunitaria de estas poblaciones demanda la reconstrucción de esta infraestructura toda vez que es allí donde se vive la democracia local, donde se desarrolla la socialización política y donde se atienden la provisión de las condiciones básicas de bienestar que el Estado debería asegurar a estas comunidades, derechos mínimos como la vida digna, la salud y la educación.

De la misma manera el Estado debería asegurar la conectividad vial de estas comunidades entre sí, y de ellas con los centros regionales. Las vías terciarias se convierten con ello en un objetivo esencial para la transición de estas poblaciones a la integración con la vida nacional en el marco del posconflicto.

Por ello, la paz para estas regiones pasa por la construcción de proyectos viales de índole municipal y local que han sido prometidos por años y que aún no se realizan, y por la refacción y mantenimiento de los ya existentes que se han convertido en caminos intransitables a fuerza del descuido y la desidia estatal: los habitantes rurales no se conforman con saber que los megaproyectos viales ya surcan el territorio nacional cuando ellos no pueden ni siquiera viajar al centro regional más cercano para comerciar sus productos, acceder a servicios o simplemente para ensanchar su visión del país más allá de su vida local. Un puente, un tramo vial o un segmento de placa-huella adelantan más a estas comunidades que miles de kilómetros de súper-autopistas.

Las economías locales necesitan del apoyo decidido del Estado que implica tanto la construcción de infraestructura para garantizar la producción, como la capacitación, el capital inicial y el acompañamiento a las nuevas iniciativas de negocio.

La tranquilidad en las regiones, luego del cese al fuego y la obligación de mantenerlo como resultado de los acuerdos, ha permitido que además de las economías campesinas ligadas con la producción de bienes agrícolas, se despierten nuevas iniciativas de negocio relacionadas con el turismo ecológico, la provisión de servicios ambientales y la economía verde. Las comunidades campesinas y étnicas no pueden ser espectadores de la consolidación de estas ramas de la economía que empiezan a ser explotadas por inversionistas nacionales y extranjeros.

Las acciones encaminadas en este sentido redundaran con seguridad en el afianzamiento de la paz estable y duradera que reclama el país. Los proyectos de inversión en estos sectores no demandan inversiones cuantiosas por la magnitud local que comportan, y los costos de ejecución pueden reducirse apelando a múltiples dinámicas que ya están en marcha como los Contratos Paz y los Proyectos Tipo que lidera el DNP.

Con todo ello podemos asegurar de verdad que el camino de la paz sea un modelo de desarrollo endógeno territorial.

Santos Alonso Beltrán
gerente nacional de Contrato Plan-DNP

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