Los episodios de volatilidad en activos emergentes observados en 2018, particularmente en Turquía y Argentina, evidenciaron la necesidad de revisar con mayor detalle la probabilidad de que otros países con distintos niveles de vulnerabilidad pudiesen experimentar situaciones similares.
En ese sentido, Brasil ha tomado relevancia, al ser la economía más grande de América del Sur, dado que sus adversidades económicas se han visto exacerbadas por la persistencia de un déficit fiscal alto y las dificultades para converger hacia niveles sostenibles de deuda, dada su estructura de gastos públicos.
Cuando se hace un análisis de vulnerabilidad del vecino país se encuentra que su posición externa es positiva y no reviste mayor preocupación, en contraposición del exagerado nivel de endeudamiento de la economía y el marcado desbalance fiscal, en un contexto de recuperación económica en marcha, coletazos de los hechos de corrupción estatal y polarización política.
El déficit fiscal surge cuando los gastos del Gobierno,son superiores a sus ingresos corrientes. El hecho de que un país tenga un desbalance importante en este rubro puede implicar mayores presiones inflacionarias, teniendo en cuenta que para poder cubrir el gasto que no está financiado hay que emitir mayor deuda, aumentar la oferta monetaria o reducir las reservas internacionales; este problema se intensifica cuando se presenta un incremento de los intereses de la deuda (cuando hay inflación, el retorno que exigen inversionistas para títulos tasa fija e indexados es mayor), ampliando aún más el déficit del país.
En el caso de Brasil, su deuda alcanza niveles cercanos al 80% del PIB, convirtiéndolo así en una de las economías emergentes más endeudadas de la región y que, junto a la pérdida del grado de inversión en su calificación soberana, obliga al país a tomar deuda con calificación especulativa, lo que supone un oneroso servicio para el ejecutivo, así como una creciente dificultad para su corrección.
Sumado a lo anterior, la composición de la deuda pública de Brasil es principalmente interna, cerca del 73% del PIB, mientras que la deuda externa es de sólo 7% del PIB, de acuerdo con el Banco Central de Brasil. Esto es favorable ya que reduce la vulnerabilidad externa del país ante los choques de volatilidad que se han visto durante el presente año, a pesar de que la devaluación año corrido del real brasileño alcanzó a ser cercana al 30% durante septiembre (actualmente cerca al 12%). Dicho lo anterior, podemos concluir que los desafíos del país no son realmente de origen externo.
Lograr la sostenibilidad de la deuda brasileña, en el sentido de que a los inversionistas se les garantice el pago, exige un compromiso serio por reducir el déficit fiscal total. Sin embargo, a la inflexibilidad propia de ciertos rubros del presupuesto de gastos del Gobierno, se suma el hecho que el servicio actual de la deuda está comprometido con altas tasas de interés.
Estas últimas podrían aumentar en la medida que se siga castigando tanto la calificación, como las primas de riesgo del país, de no presentarse un plan de equilibrio fiscal que implique un aumento de los ingresos públicos, una disminución del gasto primario, o una combinación de ambos.
En ese sentido, es evidente que se requiere una reforma pensional, y en general al sistema de asistencialismo público, dado que estos gastos representan un 40% del presupuesto. Como se puede observar, el Gobierno ha hecho esfuerzos para reducir su tamaño (representado en el pago de nóminas) mientras que ha mantenido más o menos congelados los demás rubros de gasto, lo que reduce sustancialmente el margen de maniobra del ejecutivo.
En particular, el gasto en pensiones ha aumentado y se ubica actualmente en niveles muy elevados: en 1995 representaba el 4,6% del PIB, en 2016 el 8,2%, hasta llegar hoy por hoy al 12%.
De esta forma, la mecánica actual de pensiones en las que no existe una edad mínima siempre y cuando se cumplan 15 años de trabajo para optar por una pensión parcial, o 30 años para la mesada completa en el caso de las mujeres y 35 años para los hombres, junto a la rigidez del sistema, hacen fiscalmente insostenible esta carga. Sea cual fuere el camino elegido por el Gobierno para cumplir con sus metas fiscales y de crecimiento económico, ahora el desafío se centra en lograr consensos legislativos que permitan adelantar reformas, dado que la actual polarización política en el país podría obstaculizar el proceso de cambio estructural de la economía.
Es importante mencionar que dentro de los propósitos que expuso el presidente electo, Jair Bolsonaro, en su periodo de campaña, se encuentra eliminar el déficit primario en el primer año de gobierno y convertirlo en superávit a partir del segundo. Este objetivo lo alcanzaría mediante una reforma de la seguridad social que cambie gradualmente el modelo de pensiones, llevándolo de la distribución (similar al régimen de solidaridad intergeneracional de prima media que existe en Colombia) hacia la capitalización (modelo privado de Fondos de Pensión con origen en Chile), donde los nuevos cotizantes podrán elegir entre los dos sistemas.
En conclusión, después de salir de la peor recesión en la historia moderna del país en 2017, aún no hay certeza respecto a la recuperación de la economía brasileña, en un contexto en el cual la economía aún presenta un alto nivel de desempleo, baja confianza empresarial y del consumidor, en el cual el escenario global es menos propicio y la atmósfera política está altamente polarizada.
Por lo anterior, el crecimiento en 2019 dependerá de tres factores principales: i) la adopción y el mantenimiento de una política económica sólida; ii) la implementación de reformas económicas cruciales, especialmente la reforma pensional, dado sus implicaciones en la corrección del déficit fiscal primario; y iii) la reducción de la polarización política.
Cristhian Alejandro Cruz
Analista de Divisas y Commodities
Julio César Romero
Economista Jefe
María Camila Zambrano
Practicante Investigaciones Económicas Corficolombiana