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Análisis

El posconflicto y la nueva agenda urbana

Impulsar el diálogo y generar pactos sobre su implementación es clave en la construcción de la paz.

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junio 20 de 2017
2017-06-20 09:11 p.m.
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El 2017 es un año muy especial para Colombia y sus ciudades. Es el primer año de la implementación de los acuerdos de paz con las FARC y también de la implementación de la Nueva Agenda Urbana. Es probable que la mayoría de colombianos sepa qué son los primeros, pero conozca mucho menos qué es la segunda y por qué se relaciona con la construcción de la paz.

La Nueva Agenda Urbana es la hoja de ruta para los próximos 20 años que acordaron 193 países de Naciones Unidas en octubre del año pasado en Quito, en ocasión de la Tercera Conferencia de la ONU sobre el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), con el fin de impulsar un crecimiento socialmente armónico y ambientalmente sostenible de las ciudades y territorios del planeta, a través de una mejor gobernanza, de una planificación adecuada y de instrumentos de financiación del desarrollo.

La pregunta es cómo los acuerdos de paz y la Nueva Agenda Urbana se relacionan en el marco del posconflicto colombiano, ya que en sí los acuerdos no hacen una referencia explícita a lo urbano. En lo pactado con las FARC lo urbano parece entrar de forma marginal, tanto que, en las 323 páginas de los acuerdos, la palabra urbano siempre se vincula con lo urbano-rural (la Reforma Rural Integral apunta a una mejor integración económica entre el campo y la ciudad, así como una relación más equitativa entre ambos) y la palabra "ciudad" aparece en relación a los lugares del acuerdo (la Ciudad de la Habana, etc.). A lo mejor, los textos de los acuerdos reconocen el impacto en lo urbano de las economías ilícitas o un pequeño rol en los PDET, los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial.

Sin embargo, la conexión entre la implementación de la paz y los desafíos que hoy aquejan a los territorios de Colombia - desde las grandes urbes hasta las zonas veredales - requiere de un profundo análisis colectivo.

La Nueva Agenda Urbana, suscrita por Colombia en Hábitat III, ofrece un marco político y programático para definir el papel de las ciudades en el posconflicto, al pretender reorientar la manera como se planifican, se diseñan, se financian, se desarrollan y se administran las ciudades. Los 30 puntos de acción del pacto constituyen una herramienta clara y efectiva para apoyar a los alcaldes y gobernadores, al Gobierno nacional y a los demás actores del desarrollo urbano a revertir las tendencias críticas de la urbanización. Una buena urbanización genera beneficios para todos y la igualdad, la integración y la seguridad de todos sus habitantes, así como la armonía con los ecosistemas deben constituirse en los pilares del desarrollo urbano de las próximas décadas.

Avanzar en estos propósitos en las ciudades y territorios de Colombia es sin lugar a dudas un aporte fundamental a la construcción de la paz, ya que permite prevenir nuevas conflictividades, recuperar la legitimidad de lo público y el control del territorio y canalizar por la vía democrática las tensiones sociales, precursores de nueva violencia. Y sobre todo revertir algunos de los efectos nefastos de la guerra en el desarrollo de las ciudades.

El conflicto, que por tantas décadas ha golpeado los territorios y las poblaciones de Colombia, ha sin dudas contribuido fuertemente a moldear las ciudades, sobre todo las grandes y las intermedias. Las áreas urbanas crecieron en los últimos 15 o 20 años de manera acelerada y desordenada también en razón de la lógica de la guerra. Es notorio que parte de ese patrón de crecimiento fue impactado por factores como el desplazamiento forzado, que aún hoy, en este primer año de implementación de los acuerdos de paz, se siguen viviendo en algunas partes del país como el Chocó.

Las ciudades colombianas se caracterizan hoy, en buena medida, por la alta incidencia de asentamientos informales - en gran parte habitados por víctimas del desplazamiento - con mucha frecuencia ubicados en áreas de alto riesgo no mitigable. Ciudades como Florencia, Santa Marta, Montería o Neiva tienen entre 35 y 50% de su población constituida por víctimas del conflicto, en muchos casos asentadas de forma precaria. Son evidentes las falencias en la calidad y cantidad de espacio público, la percepción de inseguridad, las "fronteras invisibles" en su interior, las dificultades de acceso y de movilidad, la ruptura del tejido urbano-rural y, en general, una calidad de vida aún insuficiente y un impacto ambiental no sostenible en el presente y en el futuro.

La planificación de las ciudades y de los territorios no ha sido capaz de ordenar de forma armónica el crecimiento y reducir las vulnerabilidades al riesgo, tanto que cada temporada de lluvias viene acompañada de una secuela de derrumbes y tragedias humanas en distintos puntos de la geografía nacional. En la transición del país hacia el posconflicto, es preciso aprovechar de mejor forma los beneficios de un desarrollo urbano y territorial sostenible, especialmente en un país donde cerca del 76% de la población está asentada en áreas urbanas.

Aunque innegable que hoy está de moda añadir el apellido de posconflicto a las distintas agendas sociales y económicas del país, vale recordar que la implementación de los acuerdos de paz está atravesada profundamente por la variable territorial. Cómo planear y ordenar mejor esos territorios, diseñar mejor su gobernabilidad y garantizar una provisión equitativa de los servicios urbanos básicos son cruciales en la materialización de los compromisos de paz, tanto en lo rural como en lo urbano. Y es la manera para visibilizar los dividendos de los acuerdos también en las áreas urbanas.

La Nueva Agenda Urbana ofrece un pacto global, un marco programático y un conjunto de instrumentos para empezar a resolver estas cuestiones en los territorios en simultánea con la implementación de los acuerdos. Por ello, fomentar el dialogo y generar pactos sobre su implementación es un aporte a la construcción de una paz duradera y sostenible en Colombia.

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