Otros Columnistas
consultorio

El producto final

Aunque la reforma tributaria es positiva, pues ayuda a estabilizar los niveles de deuda pública, hay preocupaciones. 

Otros Columnistas
Opinión
POR:
Otros Columnistas
febrero 08 de 2017
2017-02-08 07:38 p.m.
http://www.portafolio.co/files/opinion_author_image/uploads/2016/04/05/5703e5663d293.png

La reforma tributaria que se aprobó en diciembre es positiva, desde un punto de vista crediticio, pues contribuye a estabilizar los niveles de deuda pública en el corto plazo y a corregir algunos problemas de la estructura tributaria.

La reforma redistribuye en alguna medida las cargas impositivas (disminuye la de las empresas, que es excesiva, y aumenta la de las personas naturales, que es baja), simplifica el Estatuto Tributario y fortalece la lucha contra la evasión. Algunos de sus elementos fueron estructurales, pero creemos que fueron insuficientes frente a lo que requiere el país.

Los principales componentes de la reforma, especialmente en cuanto a cambios en el recaudo de corto plazo, son: i) incremento de la tarifa del IVA de 16% a 19% y aumento de la base gravable del Impuesto al Consumo; ii) unificación y reducción progresiva de las tarifas del impuesto sobre la renta de las empresas; y iii) aumento del impuesto sobre la renta de las personas naturales, incluyendo un nuevo impuesto para gravar los dividendos y un límite más estricto a las rentas exentas, y unificación de los tres sistemas existentes.

Otros aspectos positivos son los siguientes: i) medidas anti-evasión, que podrían tener un impacto positivo en el recaudo en el mediano plazo, como la penalización, el control a las empresas sin ánimo de lucro, el control al uso del efectivo, y la modernización y fortalecimiento de la DIAN; ii) medidas destinadas a promover la formalización laboral y la inversión, que también podrían contribuir a aumentar el recaudo en el mediano plazo, como la creación del monotributo para pequeños contribuyentes, la eliminación del impuesto a la riqueza y la deducción del IVA que se paga al comprar bienes de capital; y iii) la creación de una Comisión de Expertos de Gasto que deberá hacer recomendaciones para mejorar la eficiencia del gasto público, que es una propuesta que veníamos haciendo hace tiempo.

También hay que destacar que se mantuvo la tarifa del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) en 4 por mil (un impuesto antitécnico, pero que evita una fuerte caída en el recaudo a partir de 2019), que aumentó el impuesto a los cigarrillos y que se creó un nuevo impuesto al contenido de carbono en los combustibles. Este último también será una fuente importante de mayor recaudo.

Sin embargo, insistimos en que la reforma debía haber sido más ambiciosa, especialmente si se compara con la propuesta de la Comisión de Expertos Tributarios: el aumento del recaudo de esa propuesta llegaba a 1,5% del PIB en el primer año, mientras que con la reforma solamente llega a 0,7% del PIB.

Algunos elementos que hicieron falta fueron: i) un mayor aumento de los impuestos indirectos (especialmente reduciendo la cantidad de bienes y servicios que están exentos o excluidos del IVA); ii) una reducción más rápida de la tarifa del impuesto sobre la renta de las empresas al nivel de 33%; iii) un impuesto a las pensiones altas; iv) una ampliación de la base gravable del impuesto sobre la renta de las personas naturales (reducción del umbral a partir del cual se debe pagar) y un aumento de las tarifas; y v) que el umbral para la penalización por evasión del impuesto sobre la renta hubiera sido más estricto.
También nos preocupa el tratamiento diferencial del nuevo impuesto a los dividendos (las personas naturales y los extranjeros serán gravados, mientras que las empresas residentes no lo serán) porque podrían facilitar la elusión.

El aumento del recaudo de la reforma que se aprobó podría ser suficiente para cumplir con la Regla Fiscal en los próximos 2 a 3 años y para evitar una reducción de la calificación crediticia de Colombia.

S&P reafirmó la calificación BBB hace unos días, aunque con perspectiva negativa, así que vemos poco factible un cambio de la misma en los próximos 12 meses, a menos de que se presente un choque externo brusco que deteriore nuevamente la posición externa y fiscal del país en el corto plazo, como un fuerte desplome de los precios del petróleo o una devaluación excesiva, entre otros.

Moody’s no se ha pronunciado, pero al ser la única agencia que mantuvo estable la perspectiva de la calificación, vemos poco probable que su próximo movimiento sea cambiar la calificación.

El mayor riesgo de un recorte de la calificación lo vemos por el lado de Fitch, que tampoco se ha pronunciado y mantiene una perspectiva negativa hace un año; sin embargo, creemos que su decisión será similar a la de S&P.

No obstante, algunas de las preocupaciones de mediano plazo que manifestamos en columnas anteriores no cambiaron mucho e incluso son algo mayores porque el recaudo de la reforma será menor que el de la propuesta original en casi 0,3% del PIB cada año.

Esto implica que la inversión pública se verá comprometida en los próximos años, cayendo a 1,5% del PIB anual, muy por debajo de los niveles del pasado reciente cuando su promedio se situó en 2,7% del PIB anual desde comienzos de esta década.

Esto es particularmente inconveniente al considerar que hay que comenzar a sufragar gastos adicionales por la implementación de los acuerdos de paz. Según nuestros cálculos, los gastos fiscales adicionales del post-conflicto podrían ascender a 0,7% del PIB anual durante los próximos 15 años, que es el nuevo plazo que se acordó en el acuerdo de paz revisado (antes era 10 años), además del 1% del PIB anual que ya está incluido en el presupuesto nacional.

Finalmente, seguimos viendo una alta probabilidad de que se necesiten nuevos recortes de gasto o aumentos de impuestos, especialmente a partir de 2019, así que el próximo Gobierno se podría ver forzado a hacer otra reforma tributaria en la primera mitad de su periodo.

De todas formas, esta es una posibilidad que ya habíamos advertido hace meses, incluso si se hubiera acogido la totalidad de la propuesta de la Comisión de Expertos Tributarios.

Andrés Pardo Amézquita
Director Ejecutivo de Investigaciones Económicas Corficolombiana

Nuestros columnistas

día a día
Lunes
martes
Miércoles
jueves
viernes
sábado