Desde el año pasado veníamos anticipando que el gasto del público sería uno de los componentes de la demanda interna que iba a repuntar en 2017 y el que más iba a crecer este año, por lo cual todavía mantenemos nuestro pronóstico de que su crecimiento pasara de 1,8% en 2016 a 3,8% en 2017. En contraste, esperamos un menor crecimiento del consumo de los hogares, que es el de mayor peso en el PIB, pasando de 2,1% en 2016 a 1,8% en 2017, mientras que la inversión fija repuntará, luego de haber caído 3,6% en 2016, pero apenas crecerá 1,8% en 2017.
En efecto, el gasto público creció 3,4% en el primer semestre del año y se ha acelerado en el año, al pasar de crecer 0,4% en el cuarto trimestre de 2016 a 2,6% en el primero de 2017 y 4,2% en el segundo. Además, hay indicios de que su crecimiento se habría mantenido elevado en el tercer trimestre y que algo similar se podría observar durante una buena parte del cuarto.
Por un lado, la capacidad de gasto del Gobierno en 2017 se fortaleció con la adición presupuestal para este año por 8,6 billones de pesos, pero que solamente entró en vigencia en junio, lo que favorecerá la dinámica de ejecución en el segundo semestre.
Por otra parte, la ejecución presupuestal también podría acelerarse y anticiparse para antes de que entre en vigencia la Ley de Garantías Electorales el 11 de noviembre. Finalmente, la ejecución del gasto primario en lo corrido del año (excluye el servicio de la deuda), medido como obligaciones adquiridas sobre el total de apropiaciones del año, se ubicaba en 56,4% hasta agosto, superior al promedio de 54,9% en los últimos cinco años.
Sin embargo, aunque esperamos que la economía repunte moderadamente en 2018 (crecimiento del PIB de 2,6% frente a 1,9% en 2017), creemos que el gasto público será el único componente de la demanda interna que se desacelerará y será un lastre para un mejor desempeño del PIB, a diferencia de lo que está ocurriendo este año. Esperamos que el crecimiento del gasto público disminuya de 3,8% en 2017 a 2,2% en 2018.
Primero, la Regla Fiscal exige una disminución del déficit fiscal del Gobierno Nacional Central (GNC) de 3,6% del PIB en 2017 a 3,1% en 2018. Este indicador también está disminuyendo de manera importante en 2017, pues en 2016 se ubicó en 4% del PIB, pero el Gobierno está consiguiendo este objetivo con un aumento de sus ingresos por 6,1 billones de pesos (0,7% del PIB) derivado de la reforma tributaria de finales del año pasado. Por el contrario, el ajuste del déficit fiscal en 2018 requerirá de una reducción del crecimiento del gasto del GNC puesto que el próximo año no habrá un aumento extraordinario del recaudo como ocurrió este año.
En consecuencia, el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2018 es consistente con una reducción del gasto del GNC de 0,5% del PIB frente a 2017, según lo exige la Regla Fiscal.
De esta forma, la variación anual del gasto primario (excluye el servicio de la deuda), que es una medida apropiada para el cálculo de una parte del gasto público en el PIB, será de 3,2% en 2018 o de -0,2% ajustada por nuestro pronóstico de inflación. Estas cifras contrastan significativamente con la variación anual de 11,2% en 2017 o de 6,6% ajustada por inflación, implícito en las apropiaciones presupuestales de este año frente a las de 2016 (incluyendo recortes y/o adiciones al presupuesto que originalmente aprobó el Congreso).
Segundo, los gobiernos locales y regionales también están contribuyendo significativamente al mejor desempeño del gasto público en 2017, principalmente debido a que la ejecución aumentó considerablemente frente a la parálisis relativa que se presentó el año pasado.
La ejecución de 2016 se vio afectada ya que correspondió al primer año de gobierno de las administraciones que se posesionaron en enero de ese año, así que la tasa de crecimiento en 2017 se ha visto favorecida por una base de comparación deprimida por el ciclo político. Sin embargo, este no será el caso en 2018 y es razonable esperar una disminución en el crecimiento del gasto de los gobiernos locales y regionales.
En efecto, según estimaciones del Ministerio de Hacienda, el balance fiscal de los gobiernos locales y regionales registró un fuerte apretón de 0,8% del PIB en 2016, al pasar de un déficit de 0,5% del PIB en 2015 a un superávit de 0,3%, precisamente reflejando el menor ritmo de ejecución asociado al cambio de mandatarios en dichos gobiernos a comienzos de 2016.
En contraste, en 2017 el balance fiscal de estas entidades se deterioró en 0,2% del PIB, pasando de un superávit de 0,3% del PIB en 2016 a uno de 0,1%.
El próximo año, el balance fiscal se mantendrá en niveles similares a los de 2017, ubicándose en 0% del PIB, lo que implica un deterioro moderado de tan sólo 0,1% del PIB y un menor ritmo de crecimiento del gasto de los gobiernos regionales y locales frente a este año.
Finalmente, la Ley de Garantías Electorales que mencionamos previamente y que estará vigente desde el 11 de noviembre de este año hasta las elecciones presidenciales de 2018 (hasta mayo, en caso de que sólo haya primera vuelta, o hasta junio, en caso de que haya segunda vuelta), también podría afectar la dinámica del gasto público durante buena parte del próximo año.
Andrés Pardo Amézquita
Director Ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana