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Futuro de las APP de iniciativa privada

Progreso del modelo de IP, necesario para impulsar el crecimiento económico del país, se logrará si se abandonan interpretaciones erradas de la ley.

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abril 06 de 2016
2016-02-08 11:26 p.m.
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Una de las principales razones que justificaron la expedición de la Ley 1508 de 2012, según su exposición de motivos, era la ausencia de una regulación que atrajera, de manera real, iniciativas privadas de APP (IP o IPs). La regulación de la Ley 80 de 1993 no había logrado este objetivo y, en consecuencia, era necesario repensar dicho modelo para convertirlo en un verdadero motor para el desarrollo.

Este propósito no se circunscribía al tradicional sector de vías; por el contrario, lo que se pretendía era extender los beneficios de la inversión privada, a través de la formulación de proyectos de IP, a la “construcción y desarrollo de infraestructura social y de uso institucional”.

Sin embargo, esta no ha sido la práctica. Para algunas entidades públicas, las APP sociales deben ser estructuradas por el Estado y no por particulares, desconociendo de esta manera que el privado, mediante el aporte tanto de su know-how como de recursos económicos para la estructuración, puede colaborar significativamente con el Estado, en especial, en situaciones de restricción fiscal.

Así lo han reconocido países como China y Australia, en donde las IP han tenido un aumento significativo, dada su inigualable capacidad innovadora. Esto lo refleja un reciente estudio publicado por Ppiaf (2104), en el cual se reconoce que las IP son un fenómeno a nivel mundial.

Conforme a lo anterior, y para evitar que este importante mecanismo fracase en Colombia, se requiere:

1. Las entidades públicas deben entender que los pagos efectuados por el concedente, por el uso de la infraestructura concesionada, son recursos derivados de la explotación económica de la misma. Por tanto, estos, no pueden computarse dentro del límite establecido en el Artículo 17 de la Ley 1508, en virtud del Artículo 2.2.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015.

La principal fuente de recursos de una APP social, (por ejemplo, un colegio público), es el pago que el Estado efectúa por el uso de dicha infraestructura, para así cumplir con su deber de proveer educación. Por lo tanto, no puede el Estado desconocer que el pago que hace por este uso constituye en sí, la explotación de la infraestructura concesionada.

2. En relación con este límite (Artículo 17), debe advertirse, además, su inconveniencia. Se trata de una limitación artificial que no obedece a criterio alguno: ¿por qué se estableció el 20, 30 por ciento, y no otro porcentaje?, no existe respuesta. Por el contrario, se ha convertido en un obstáculo que ha imposibilitado la materialización de importantes proyectos de IP.

En adición, el mismo no es necesario. Cuando en la exposición de motivos de la Ley 1508 se justificó su necesidad, se estableció que el mismo era requerido para evitar el “uso indiscriminado de recursos públicos y para estimular el esfuerzo privado de estructurar proyectos superavitarios”. Sin embargo, este objetivo se cumple de sobra con la verificación de los exigentes requisitos establecidos en los Artículos 26 y 27 de la Ley 1508.

Por otra parte, la existencia de este límite ha generado interpretaciones, de algunas entidades públicas, en el sentido de que en el mismo, deben contabilizarse recursos tales como subsidios e incentivos, decretados a favor de usuarios y/o sistemas de transporte. De igual manera, tales entidades han manifestado que, las opciones de financiación descritas en el Artículo 33 de la Ley 1743 de 2015, se encuentran también incluidas dentro de dicho límite.

Este entendimiento no solo desconoce que los subsidios e incentivos, decretados por autoridades públicas, tienen como destino personas o sistemas de transporte, no proyectos de APP, sino que en adición, omite que las fuentes de financiación del Artículo 33, antes mencionado, son en su mayoría recursos provenientes de pagos de usuarios, en virtud de la explotación económica de la infraestructura.

3. Por último, dos reformas necesarias: (a) los porcentajes contemplados en el Artículo 2.2.2.1.5.10 del Decreto 1082, están invertidos. La bonificación debe ser mayor, si el monto de inversión del proyecto es mayor; no al contrario, como actualmente ocurre; (b) la opción de que la entidad concedente reconozca al concesionario derechos reales sobre inmuebles, que no se requieran para la prestación de servicio (parágrafo 4, Artículo 37, 1753 de 2015), es un gran avance para lograr la financiación de APP. Sin embargo, se limitó, sin razón alguna, solo a proyectos de APP del orden nacional.

En conclusión, el progreso y consolidación del modelo de IP, necesario para impulsar tanto el crecimiento económico como el desarrollo del país, en especial ante las restricciones fiscales que actualmente afrontamos, solo se logrará si se abandonan interpretaciones erradas de la ley, y, si se acometen, reformas puntuales que permitan la evolución del sistema. De esta manera, veremos en Colombia, la consolidación de un verdadero esquema de asociación público-privada.

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