El 30 de enero tres titanes de la economía mundial lanzaron una propuesta audaz. Amazon, Berkshire Hathaway y J.P. Morgan crearon una compañía independiente de salud para ofrecer servicios a bajo costo en Estados Unidos. El modelo es el de una entidad sin ánimo de lucro. Según Jeff Bezos, “reducir la carga de la salud en la economía, al tiempo que se mejora la atención de los empleados y sus familias vale la pena”.
No se sabe mucho más acerca de la iniciativa. Una actitud suspicaz sugeriría que se trata de un grupo de ricos que busca destrozar a la competencia, acudiendo a su billetera sin fondo para subsidiar los costos. Otra lectura más benévola sugiere que, ante la incapacidad del Estado americano y las empresas del sector de ofrecer mejores servicios para los sectores más pobres, estos empresarios buscan poner sus recursos a disposición de la población mal atendida.
Si ese fuera el caso, sería un precedente relevante, a gran escala, en el cual algunas corporaciones buscan resolver la tarea redistributiva que, históricamente, se ha considerado responsabilidad del Estado.
Esta propuesta no surge de la nada. Nace de la frustración recurrente por cuenta de la incapacidad de los gobiernos, allá y acá, de prestar de manera eficiente y digna los servicios básicos que demandan los ciudadanos.
Desde su origen, el Estado existe para regular la convivencia social. Su razón de ser tiene que ver con la responsabilidad fundamental de administrar justicia, hacer cumplir la ley y proteger a las personas, bajo el uso exclusivo de la fuerza legítima. Con el tiempo, se le fueron incorporando más tareas, como recaudar impuestos para financiar sus funciones, pero también para garantizar la atención de los más pobres en servicios básicos como salud, educación y pensiones.
En Colombia, como en buena parte de países del mundo, la decepción ha sido enorme. Las expectativas acerca de la capacidad de los gobiernos de satisfacer tales funciones se ven frustradas una y otra vez. Los que cuentan con recursos compran carro blindado o tienen guardaespaldas, toman vacaciones fuera del país o en clubes privados, pagan medicina prepagada, un buen seguro de vida y educación en colegios de primer nivel. Y con instituciones débiles, los inescrupulsos pueden comprar un contrato y hasta la justicia. Los demás, la mayoría, ¡que se jodan! Cada quien se protege, cada quien ejerce justicia, cada quien se educa y sobrevive como puede.
La ausencia de Estado hace que se privaticen los bienes públicos de manera perversa. Frente a la debilidad institucional, la sociedad se fractura, creando más y más guetos sociales.
Existen razones poderosas para pensar que la seguridad y la justicia solo deben estar en manos del Estado. Hay que fortalecer esa capacidad, no renunciar a ella. Pero en tareas de equidad y redistribución, los privados podemos ser más audaces y generosos, antes que sea demasiado tarde. Mejor apostarle a esa faena y no quedarse solo con la decepción.
Jaime Bermúdez
Excaniller de Colombia