El pasado 26 de agosto más de 11’500 mil colombianos salieron a las urnas a expresar su rechazo contra uno de los flagelos que más daño le ha hecho a nuestra sociedad, la corrupción. El presidente Iván Duque se comprometió, junto a diferentes sectores políticos del país a sacar adelante en el Congreso medidas que ayuden a combatir esta mala práctica, que ha calado hondo en diversos sectores. Según estimaciones hechas por la Contraloría General, el Estado pierde cerca de 50 billones de pesos al año debido a esta problemática, dinero que podría utilizarse para la implementación de políticas públicas encaminadas a mejorar las condiciones socioeconómicas de todos los colombianos.
Nos encontramos en un momento único en la historia de nuestro país, en el que hemos tomado conciencia colectiva sobre las enormes consecuencias que genera esta actividad ilícita, cuya solución no requiere solo del esfuerzo del sector público, sino de la empresa privada y de cada uno de nosotros como ciudadanos.
Desde el sector financiero hemos venido proponiendo una estrategia poco explorada en Colombia, que contempla la promoción de los Métodos de Pago Electrónico (MPE) y la consecuente reducción de la circulación de efectivo. Se ha demostrado ampliamente que un alto volumen de dinero circulante facilita la proliferación de actos ilícitos por su dificultad de rastreo y trazabilidad. Sin embargo, en nuestro país los MPE solo representan el 12 por ciento de las compras que se realizan, una cifra alarmante teniendo en cuenta que las transacciones en efectivo, que representan el otro 88 por ciento, implican enormes costos económicos y sociales de alto impacto, al fomentar la informalidad, la evasión tributaria, y por supuesto, la corrupción.
Desde el sector no solo hemos venido aumentando el portafolio de servicios para atraer a los consumidores hacia los MPE, sino que hacemos inversiones importantes en innovación con el fin de encontrar nuevas herramientas de pago que sigan revolucionando la manera en la que realizamos nuestras transacciones diarias. No obstante, siguen existiendo barreras regulatorias, de mercado, de acceso a tecnologías, así como asuntos relacionados a la educación y cultura financiera, que impiden su consolidación.
A corto y mediano plazo resulta difícil imaginar la desaparición total del efectivo en Colombia. Los esfuerzos del Gobierno Nacional y del sector privado, deberán enfocarse en generar los incentivos necesarios para que los comercios y usuarios migren progresivamente hacia los medios electrónicos. Entre las medidas que se pueden implementar está la generación de beneficios tributarios a los comercios que acepten MPE, establecer que ciertos tipos de actividades comerciales o determinados montos de dinero deban efectuarse a través de MPE, que los pagos laborales de los sectores público y privado se produzcan por medio de productos del sistema financiero, y otras medidas enfocadas a desestimular el uso del efectivo.
De igual forma, es importante fomentar las transacciones electrónicas a través de mayor educación financiera y un marco regulatorio que facilite el acceso a los servicios financieros a la población de menores ingresos. Si logramos aumentar el uso del dinero plástico para las transacciones diarias, podremos imponer más control y llevar una trazabilidad de todos los movimientos que se hagan; una herramienta que, sin duda, ayudará a evitar que los corruptos sigan haciendo de las suyas y jugando con el dinero del Estado y de los colombianos.
Andrés Duque
Presidente Ejecutivo Redeban Multicolor