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La lucha contra la corrupción como estrategia de paz

La corrupción amenaza la paz, porque reduce los recursos asignados a cumplir con los lineamientos acordados. 

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febrero 06 de 2017
2017-02-06 06:50 p.m.
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Los temas de la próxima campaña política ya empiezan a delinearse con algo de claridad.
Al parecer, será muy difícil que los aspirantes a la presidencia puedan prescindir de dos preocupaciones recientes y muy sentidas de los colombianos: el futuro de los acuerdos de paz y la cruzada nacional contra la corrupción política.

Por supuesto existen temáticas que se irán insertando en la agenda como la necesidad de remontar el crecimiento económico, el discurso animalista, las políticas de género y la sostenibilidad ambiental.

Sin embargo, la centralidad de los dos primeros temas parece indiscutible y sus implicaciones y relaciones con otros aspectos de gran calado en la agenda nacional, los van a convertir en el tema obligado de la contienda política. Lamentablemente el discurso de los aspirantes parece prescindir de uno u otro y desconocer la relación estrecha entre ellos. La sostenibilidad de una paz estable duradera depende de reducir de manera importante la capacidad corruptora y violenta de las elites políticas locales y de los carteles de la contratación pública, y a su vez la implementación de los acuerdos de paz demanda recursos muy grandes como para que se siga permitiendo el robo y la venalidad en el manejo de las finanzas del Estado.

La violencia política que nos ha azotado desde los años cincuenta, tiene una causa estructural en la desconexión de las elites políticas nacionales de las dinámicas territoriales de desarrollo y en la imposición violenta de un proyecto de país gestionado desde el centro. Las lógicas clientelares del Frente Nacional, que llevaron a la exclusión de diversas alternativas políticas al bipartidismo, potenciaron el poder corruptor y violento de las elites locales, lo que llevó a la ignición de la espiral de violencia en el país.

Las iniciativas descentralizadoras de los años ochenta intentaron de manera fallida que la planeación del desarrollo regional estuviera más cercana a las expectativas de los pobladores, pero el poder de los grupos armados y las mafias locales había crecido tanto que el carácter positivo de la descentralización lentamente fue eliminado y en su lugar se instaló la apropiación violenta de los recursos, que en muchas ocasiones se realizó mediante el asesinato de líderes sociales y funcionarios públicos, mediante la masacre y el desplazamiento de comunidades enteras, y a través el soborno de autoridades locales y nacionales. Corrupción y violencia política son dos aristas indisociables del conflicto armado interno nacional.

A su vez, la implementación de los acuerdos de paz demanda recursos importantes, que como se sabe provienen de esfuerzos de focalización territorial y sectorial de las inversiones del Estado y no necesariamente de recursos nuevos de cooperación internacional u otras fuentes. La corrupción que desangra las finanzas públicas es la principal enemiga de la sostenibilidad fiscal de los acuerdos de paz.

Combatir la corrupción implica generar mayores niveles de transparencia en la contratación, incluir la mayor dosis posible de participación ciudadana, dirigir la inversión a financiar proyectos de gran envergadura que demanden la cofinanciación de diversos niveles de gobierno y garantizar que la intervención pública se concentre en la reducción de las brechas sociales de las regiones donde la pobreza y la exclusión han sido la característica constante, y que como se sabe, se deriva de la alta incidencia de conflicto armado en estas zonas.

La corrupción es una amenaza para la implementación de los acuerdos toda vez que reduce los recursos que pueden destinarse a cumplir con los lineamientos de una paz estable y duradera.

Finalmente, otros temas como el combate al narcotráfico, la lucha contra la minería ilegal, el tráfico de especies animales y vegetales, dependerá del cumplimiento de los acuerdos y de ello se derivará la reducción de la degradación ambiental de selvas y ríos, la promoción del turismo y la economía verde, la construcción de proyectos de desarrollo rural sostenible, la soberanía y la seguridad alimentaria.

La reducción de la violencia en las regiones demanda que las mafias de la contratación pública no sigan alimentando ejércitos privados para defender sus inversiones e intereses.

La violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos está ligada con esas mafias que pretenden dirigir la construcción de proyectos e inversiones públicas, que quieren adueñarse de tierras y recursos para ofrecerlas luego al Estado o al capital privado y que para ello no tiene ningún empacho en continuar con el asesinato y el desplazamiento, con la amenaza y el destierro, en fin, con la espiral de violencia que los acuerdos esperan frenar.

La contienda política que inicia de forma tan temprana tendrá entonces muchos temas de donde escoger, pero el nexo de corrupción y violencia será un tema que tratado de forma correcta puede ayudar a ligar la bandera de la trasparencia con la necesidad de honrar los acuerdos de paz. Una política de Estado contra la corrupción es necesariamente una acción pública por la paz sostenible y duradera.

Santos Alonso Beltrán,
Gerente Nacional de Contrato Plan-DNP.

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