La mayor parte del comercio de Estados Unidos se realiza con los aranceles consignados en la Organización Mundial del Comercio en Ginebra en 1995; de sus 164 miembros, es el que tiene los aranceles más bajos. El presidente Trump reiteradamente denuncia que mientras que el arancel de su nación para vehículos es del 2,5 por ciento, el de la Unión Europea es 10 por ciento y el de China, de 20 por ciento.
Para arreglar este desequilibrio, la administración Trump está empleando la fuerza bruta.
China es el mayor problema de Estados Unidos por su abultado déficit comercial. Pero también lo es para la mayoría de los demás países, pues no es una economía de mercado. En efecto, las decisiones de inversión las toma el Estado, dando como resultado empresas estatales gigantes cuyos productos subsidiados se colocan en el mercado externo a precios irrisorios.
Por esa razón es que el gigante asiático es el país contra el cual se han impuesto más medidas antidumping (aranceles punitivos) y contra el cual se han instaurado más demandas en la OMC.
Las normas de la OMC han sido pensadas para economías de mercado y han resultado ser incapaces de disciplinar a China. La administración Trump habla entonces de la necesidad de reformar al rector global del comercio y de emparejar los aranceles de ciertos productos, para lo cual está recurriendo a la creación del caos.
La administración Trump ha incrementado los aranceles de importación del acero y del aluminio por encima de sus compromisos en la OMC, recurriendo al argumento de la seguridad nacional –aunque exceptuó a cuatro países que representan el 25% de sus importaciones–.
Recientemente solicitó facultades para incrementar el arancel de los vehículos, amparado en el mismo argumento. No existe duda de que esos gravámenes son una medida proteccionista e ilegal, pues el argumento de la seguridad nacional es una mera excusa.
Estados Unidos ha afirmado que las medidas que se adopten por seguridad nacional no son impugnables ante el tribunal de justicia de la OMC. Afirma que, de establecerse un tribunal arbitral la única constatación que este podrá hacer es que se ha invocado la cláusula de seguridad nacional.
China, Rusia, la Unión Europea, India, Canadá y México ya han instaurado demandas contra los mencionados aranceles. En tres meses se habrá establecido el tribunal que atenderá las seis demandas, y pondrá a la OMC bajo alta tensión.
Estados Unidos está en una confrontación con los 163 miembros restantes de la OMC en relación con el mecanismo de solución de diferencias. Actualmente, el Órgano de Apelación, la última instancia en la solución de disputas comerciales, solo cuenta con cuatro de los siete miembros, y a partir del primero de octubre solo tendrá tres. Para resolver una apelación se necesitan tres jueces y en diciembre de 2019 solo contará con dos miembros.
Los jueces del Órgano de Apelación son nombrados por todos los países por consenso. Para asegurar que nunca haya menos de siete miembros, este Órgano, a través de un reglamento int¦erno, se dio la facultad de asignarle casos al miembro que se le acaba de vencer el periodo mientras se nombra en propiedad a su reemplazo.
Estados Unidos empezó a alegar desde hace poco tiempo que el Órgano, a pesar de lo que diga su reglamento, no tiene esa facultad, la cual es exclusiva de los países miembros. A EE. UU. le han rogado que permita primero iniciar el proceso de llenado de vacantes y, después, abordar la solución del conflicto con el Órgano de Apelación.
Su gobierno ha respondido que primero se debe reformar el mecanismo de solución de diferencias y después llenar las vacantes.
Colombia entró a la lista de negra de exportadores de acero que atentan contra la seguridad nacional de Estados Unidos (1,2 por mil del total de importaciones), y dentro de un mes le impondrán aranceles punitivos del 28 por ciento a las exportaciones de ácido nítrico de Surcroal, empresa establecida en la ciudad de Palmira (Valle).
Diego Prieto Uribe
Experto en comercio exterior