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Análisis

Las batallas para combatir la corrupción

A nivel internacional, los países están tratando de atacar el flagelo, y en Colombia, la consulta del próximo 28 de agosto es un buen intento.

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junio 27 de 2018
2018-06-27 08:12 p.m.
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El costo de la corrupción es muy difícil de calcular por obvias razones. Ni el que la propone ni el que la acepta tienen incentivos para hacerlo público. Si, además, el país posee recursos naturales que explota a través de concesiones administrativas y no cuenta con mecanismos sólidos para impedirlo, la probabilidad de corrupción aumenta exponencialmente.

El problema es que estas herramientas deben estar aprobadas por el poder legislativo, y dado que sus representantes pueden ser en ocasiones los cómplices necesarios de la corrupción, el sistema de incentivos aquí también está en contra de leyes que refuercen las medidas de control y transparencia.

Este ambiente permea al resto de los poderes públicos, que en gran medida se ven envueltos en los procesos, tanto el judicial, como el policial, o el de administrador de las compras públicas.

¿Hay alguna solución? La corrupción de las relaciones comerciales internacionales se ha atacado con relativo éxito utilizando mecanismos de transparencia y enfocándose en las empresas que realizan el pago del soborno. Iniciativas como EITI o PublishWhatYouPay son un ejemplo.

La lucha contra la corrupción en los negocios internacionales está ganando algunas batallas muy notorias debido a dos razones. Por un lado, los países internacionalmente activos están adoptando leyes contra la corrupción en el extranjero y persiguiendo su cumplimiento.

Estados Unidos es pionero con la Foreign Corruption Practices Act (FCPA), aprobada en 1976 y otros han seguido su estela a partir de la Convención de la ONU contra la Corrupción, del 2003. Y, por otro lado, como consecuencia de los acuerdos internacionales para un acceso eficaz y rápido a la información requerida por las autoridades de terceros países, que permite avanzar en los procesos de investigación.

En Colombia fue aprobada la consulta pública sobre corrupción para el 28 de agosto por unanimidad en el Senado, después de que los propulsores reunieron 5 millones de firmas para registrar la propuesta en el Congreso.

Las siete preguntas que se incluyen tienen distintas orientaciones, pero el objetivo principal es que los políticos en el poder recuperen la credibilidad social y su legitimidad.

Si las preguntas logran que más de un tercio de los electores vote, a favor o en contra, la que obtenga mayoría será ley y por tanto se deberán establecer medidas y controles para que sean reales. La transparencia se logrará mediante la clarificación de los procesos de concesiones y compra pública, a la vez que la explicación pública de los presupuestos. Pero la clave es que las propuestas sobre las personas en concreto son muy efectivas.

En este sentido, pueden ser muy eficaces por ejemplo la obligación de publicar el patrimonio –previo y posterior– de los que ejercen cargos de representación pública; evitar los “atornillados” (más de tres legislaturas en el puesto) y la prohibición de que alguna persona condenada por corrupción tenga reducciones de pena o que pueda volver a contratar con el sector público. Si se aprueban estas medidas, el “coste” de la corrupción se eleva en gran medida.

¿Qué mecanismos pueden reforzar este impulso? Un sistema de denuncias justo y que proteja al denunciante, y facilitar la solicitud de información de otros países para investigar la corrupción que las empresas multinacionales han autodenunciado o están sometidas a investigación.

IE Business School, dentro de su preocupación por estar cerca de la problemática empresarial, ha realizado una encuesta para conocer la percepción de los directivos sobre el tema. Las conclusiones se basan en las respuestas de sus antiguos alumnos sobre este tema.

Las características de este segmento de la población son: con estudios de postgrado, puestos de dirección y haber vivido en varios países; todo lo cual les hace “personas informadas” que suelen tener opiniones que sirven de referencia para predecir situaciones futuras.

En la encuesta, realizada en enero del 2018, se han recibido 140 respuestas de directivos de rango medio y alto de Colombia.

Ante la pregunta de si la corrupción es uno de los mayores problemas, el 98% consideró que sí. En cuanto a si el Gobierno actúa para evitarla, el 81% contestó que no.

Con el objetivo de valorar el rechazo social del tema, se preguntó a continuación si cree que, en general, se considera socialmente aceptable denunciar la corrupción, y la respuesta de un 74% fue que sí. Por lo que se deduce que –si bien hay que constatar que un 26% cree que no es socialmente aceptable, la mayoría ve bien el mecanismo de denuncias.

Respecto a dónde se produce las situaciones de corrupción, las respuestas fueron las esperadas: 95% considera que es frecuente (22%) o muy frecuente (73%) para obtener contratos del sector público, cifra que bajó a 60% –26% muy frecuente y 34% frecuente– para conseguir cuentas de clientes privados importantes.

Joaquín Garralda
Decano de Ordenación Académica en IE Business School.

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