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Las empresas no están preparadas para el posconflicto

Los riesgos fiscales y el riesgo de integridad aumentarán como resultado de las
políticas gubernamentales y la creación de una comisión de la verdad.

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enero 23 de 2017
2017-01-23 08:08 p.m.
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El gobierno estima que la implementación de los acuerdos de paz durará entre diez y quince años, seguido por un período de consolidación de diez años. Un asunto que complicará el cronograma de implementación es que más de 50 leyes deben ser enmendadas o presentadas ante el Congreso durante el próximo período legislativo para incorporar las reformas acordadas en el acuerdo de paz.

Durante el periodo legislativo actual, seis voceros seleccionados por las Farc participarán de las discusiones de implementación sin derecho a voto. El simbolismo de la participación de estos voceros, y la subsiguiente participación de miembros de las Farc durante los dos siguientes periodos legislativos, ha causado preocupación y sobresalto entre los opositores al acuerdo.

Una encuesta a clientes de Control de Riesgos en Colombia destacó que las empresas son conscientes de que el período posconflicto generará incertidumbre y manifestaron que no se sienten completamente preparados para afrontar los retos venideros como lo son el incremento de la protesta social y los desafíos de seguridad causados por los vacíos de poder que dejen las Farc en las zonas rurales.

Todas las empresas, pero especialmente aquellas que operan en zonas rurales, deben planear de forma anticipada sus estrategias ante la eventual disolución de las Farc.
Las empresas tendrán que hacer frente a una serie de circunstancias complejas, incluyendo los riesgos legales y sociales asociados con la reforma agraria, la minería ilegal, la existencia de minas antipersonales en todo el país, la creación de empleos para comunidades vulnerables y ex combatientes y el incremento de los riesgos fiscales, y de manera comedida prepararse para un mayor escrutinio sobre su ‘huella de conflicto’ y su posible involucramiento en delitos cometidos en el contexto de la guerra.

Manejar estas dos últimas cuestiones será crucial para que las empresas tengan un entendimiento de las consecuencias del posconflicto.

A pesar de que en principio la reforma tributaria reduce la carga para el sector privado, este alivio será de corta duración debido a que el déficit fiscal del Gobierno sólo crecerá en los próximos dos años.

Por una parte, el Departamento Nacional de Planeación proyecta que los gastos fiscales incrementarán en el orden de cuatro por ciento del PIB para financiar las iniciativas posconflicto. Por otra, en el 2018 expiran los impuestos a la riqueza para personas naturales y jurídicas y el recargo del impuesto de renta, y esos recursos aportan 1,5 por ciento del PIB.

Es decir, será necesaria una nueva reforma tributaria para cubrir el hueco que dejarán a las finanzas nacionales el crecimiento del gasto y un recaudo inferior. Adicionalmente, los bajos precios del petróleo y los commodities agravarán esa situación financiera, algo que se ha visto reflejado en la devaluación del peso en el 2016.

Estas tendencias han preocupado a los inversionistas internacionales y han ejercido presión a la baja sobre las calificaciones crediticias, se espera que den un golpe si los efectos de la reforma tributaria no se sienten antes de terminar el primer trimestre.
Muchos expertos coinciden en que el ambiente de negocios probablemente mejorará como resultado del acuerdo de paz. Sin embargo, Colombia todavía tiene un poco de historia para desentrañar antes de que el país pase la página de su pasado conflictivo. El aumento de otros riesgos, como el de integridad, significará que el acuerdo sea por ahora agridulce para el sector privado.

El acuerdo modificado contiene un componente de esclarecimiento de la verdad, y habrá un creciente escrutinio para entender el papel del sector privado en el conflicto. Ya existen varios casos contra los grandes conglomerados agrícolas por su participación directa o indirecta en el desplazamiento de campesinos de sus territorios. La comisión de la verdad y el periodo de posconflicto solamente traerán a colación más acusaciones y sospechas sobre el sector privado.

Esto, unido a la ausencia crónica de Estado en las zonas rurales y a los vacíos de poder que dejarán las Farc a posibles disidencias o a grupos armados organizados y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), representará mayores riesgos a la reputación e integridad para las empresas.

Todas las empresas, pero especialmente aquellas que operan en áreas rurales, serán afectadas.

Las empresas deben cumplir con todos los requisitos legales mínimos (es decir, cumplimiento legal y tributario) para operar. No obstante, esto no será suficiente para asegurar la sostenibilidad a largo plazo y aprovechar las ventajas históricas del momento por el cual pasa el país.

En ese sentido, es probable que reducir la gestión de riesgos al estricto cumplimiento legal resulte más costoso, o al menos no tan beneficioso, que dar un paso más e identificar, analizar y de manera pronta desarrollar estrategias de mitigación de riesgos.
Las empresas que logren aprovechar el momento gozarán de los beneficios económicos y reputacionales de contribuir proactivamente a la construcción y generación de paz.
Si esto se hace correctamente, no sólo servirá como una estrategia efectiva de relacionamiento público sino ayudará a convertir desafíos en oportunidades y a obtener beneficios tangibles tanto para las empresas como para las comunidades en donde operan.

Sergio Guzmán
Analista para Colombia y la región andina de Control Risks.

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