Durante décadas Colombia ha trabajado con decisión para acelerar su tránsito hacia el desarrollo económico. Este esfuerzo, desde diferentes industrias, nos ha permitido subir varios escalones en el escenario global, sin embargo, no ha sido suficiente para garantizar el tan deseado salto de nuestra economía.
¿Estamos promoviendo las industrias del futuro? ¿Estimulamos adecuadamente la innovación? ¿Damos los pasos necesarios para ser más productivos? Son algunas de las inquietudes que debemos poner sobre la mesa hoy a la hora de pensar en un mejor país para todos.
Sabemos que un factor determinante para el crecimiento económico es la productividad, pero desde el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) nos preguntamos qué tan consiente es el país de la importancia de la transformación digital de nuestra economía para impulsar este indicador.
Las cifras de Planeación Nacional señalan que entre los años 2000 y 2016 la productividad tuvo un efecto negativo de 0,2% en el PIB nacional. Este dato, para la industria TIC, es motivo suficiente para que el Gobierno Nacional tome medidas que permitan impulsar el desarrollo del ecosistema digital.
El Ministerio de TIC, en cabeza de la ministra Sylvia Constaín, ha interpretado correctamente la situación del sector y producto de eso presentó -en septiembre pasado- en el Congreso de la República el ‘Proyecto de Ley de Modernización del Sector TIC’, una iniciativa que consideramos puede marcar la diferencia en materia de competitividad e impulso del desarrollo económico.
El proyecto, que fue aprobado la semana pasada en primer debate por las Comisiones Sextas de Senado y Cámara de Representantes, establece los pilares que le permitirán a Colombia avanzar en materia de digitalización y cierre de las brechas existentes, así como promover la inversión que permita el despliegue de fibra óptica, la rápida adopción de nuevos estándares como las redes móviles de quinta generación (5G) y estimule, de paso, el apagado de viejas tecnologías como 2G.
Nadie puede negar que durante los últimos años el país ha sido objeto de una acelerada expansión de las TIC permitiendo, de acuerdo con el Dane, que el número de suscriptores únicos pasará de 25 a 34 millones. No obstante, para llegar a los niveles esperados falta mucho por hacer y para la muestra dos datos contundentes en materia de conectividad: el primero, solo uno de cada dos hogares colombianos está conectado hoy y, el segundo, y aún más importante, al desagregar este dato por geografías el 59% de los hogares en las zonas urbanas tiene acceso a internet, frente al 17% en las rurales.
Precisamente, en la industria creemos que este proyecto de ley apunta a generar las condiciones necesarias para llevar la conectividad a las zonas más apartadas, así como a los sectores de menores ingresos para que los beneficios de la digitalización lleguen a todos.
Pero el reto va más allá de aumentar la cantidad de colombianos conectados a internet, además hay que hacerlo en condiciones que les permitan impulsar su desarrollo personal y profesional. Según la compañía Akamai, la velocidad promedio de navegación en internet en Colombia es de 5,5 Mbps mientras que en los países Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es de 15,4 Mbps. De ahí que sea necesario un marco normativo que impulse las inversiones por más de 22 billones de pesos que requiere Colombia para cerrar esta y otras brechas en el 2020.
A propósito, un estudio realizado este año por Planeación Nacional indica que mejorar la velocidad de internet en 1 Mbps puede generar un incremento en el PIB per cápita del 1,6%. En el mismo sentido se han pronunciado organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la OCDE, que reconocen que las mejoras en la inversión del sector TIC o incrementos del 1% en la conectividad de banda ancha pueden tener efectos positivos sobre el PIB de entre el 0,1% y el 0,5%, respectivamente.
El proyecto de ley también se refiere a la ampliación de los permisos de uso del espectro. Al respecto hay que resaltar que dicha medida da a los operadores la certidumbre jurídica necesaria para realizar las inversiones que se requieran con el fin de llevar los beneficios de un mundo conectado a todos los colombianos.
En este punto la ampliación por si sola es importante, pero no hay que dejar al lado cambios en el modelo de contraprestación para eliminar el criterio fiscalista actual y ajustarlo por uno de maximización del bienestar social, en el cual se tiene en cuenta el cierre de brecha digital.
Finalmente, no podemos dejar de hacer énfasis en la necesidad de que la ley aprobada se haga cargo de racionalizar la normatividad actual bajo criterios de simplificación y desregulación con el fin de equilibrar el terreno de juego de los operadores tradicionales y la OTT.
Alfonso Gómez Palacio
Director Telefónica Hispam Norte
