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Minería formal: la regla, no la excepción

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mayo 04 de 2016
2016-05-04 09:10 p.m.
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El pasado 21 de abril, el Gobierno Nacional expidió la política minera. Su objetivo principal es fortalecer un sector ordenado, incluyente, competitivo y responsable al 2025, direccionado a mejorar las condiciones de empleo, ingresos, regalías y tributos del mismo para hacerlo más flexible al contexto internacional en materia de precios y mercado. De manera general, se busca integrar al Gobierno Nacional con los gobiernos regionales y locales en una apuesta por ordenar la explotación minera en pequeña, mediana y gran escala.
 
Para cumplir con este propósito, el Gobierno se enfoca en seis pilares estratégicos: seguridad jurídica, competitividad, confianza, infraestructura, información e institucionalidad. Confiamos en que, muy pronto, conozcamos las acciones en cada uno de los pilares. Porque la acción es el componente más frágil en el desarrollo de las políticas públicas.

Este documento de política entiende la dimensión de la seguridad jurídica como el marco legal que debe generar un entorno seguro de inversión. Este propósito hace urgente revisar y actualizar instrumentos como el Catastro Minero, el Censo Minero, el Código de Minas y el cumplimiento en los tiempos de ley en materia de concesión de licencias ambientales.

La competitividad en esta política es el punto de partida para definir procesos eficientes en el sector tanto del lado empresarial como público. Pero la gestión de planes de formalización minera y generación de capital humano local siguen siendo retos de cara a la creación de circuitos productivos que vinculen minería con desarrollo rural.

Aunque el eje medioambiental se encuentra inserto en la competitividad, es indispensable que este complejo tenga independencia en temas de compensación, licenciamiento y planes de cierre. La minería del futuro debe ser sostenible en el tiempo y se debe alinear con la agenda internacional de desarrollo en materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible en cada eslabón de la cadena de valor.

Y si bien se establecen proyectos de construcción de troncales entre departamentos, ferrocarriles para dinamizar el transporte de minerales, además de la navegabilidad del río Magdalena, es ineludible vincular los esfuerzos de infraestructura a un puerto en el caribe que hagan más atractivas las inversiones, el comercio exterior y la reducción de costos por transporte de exportación.

La presencia del Estado es clave para crear planes de gestión que generen procesos eficientes en cada uno de los pilares para fomentar el desarrollo territorial. Llegar a un acuerdo por la minería de excelencia es un proceso en construcción que debe estar acompañado por mesas de la sociedad civil en la priorización de intereses de la empresa, el sector público y la comunidad.

Una política integral y competitiva debe incorporar promotores sociales en las zonas mineras en materia de educación media y secundaria, generación de capacidades autónomas en las comunidades, ambientes propicios para que la gran empresa aporte a los modelos de negocios inclusivos, entre otros determinantes de éxito. Es claro que la minería hace parte del desarrollo del país, hagamos de ella una fuente de progreso económico y social y paz territorial.

Rafael Aubad
Presidente de Proantioquia

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