El mundo occidental mira sin remedio la destrucción de Venezuela por parte de un gobierno legítimamente constituido. Lo más que ha podido hacer la comunidad internacional (excepto Estados Unidos) es elevar el tono de sus voces de protesta, a las cuales el presidente Nicolás Maduro les presta oídos sordos. El problema de Venezuela es interno, y debe ser resuelto por los venezolanos.
La defensa de su llamada ‘revolución bolivariana’ se ha traducido en que Venezuela se ha venido aislando progresivamente del mundo. Que con Venezuela no se meta nadie, ha sido el lema del presidente Maduro y sus cancilleres de turno.
La impotencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) quedó manifiesta cuando en su última Asamblea General no pudo obtener los veintitrés votos necesarios para aprobar una resolución sobre la situación en Venezuela. Para que no se inmiscuyan en sus asuntos internos, Venezuela se retiró de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y pronto dejará de ser miembro de la OEA.
En el ámbito comercial, Venezuela solo pertenece a dos instituciones internacionales: la Organizazción Mundial del Comercio (OMC), en Ginebra, y Mercosur.
En la OMC, Venezuela ni suma ni resta: no paga su cuota de mantenimiento, no notifica sus medidas comerciales, no acepta la autoridad supranacional. De otro lado, en diciembre del 2016 los cuatro miembros de Mercosur lo suspendieron por no haber cumplido con sus obligaciones, y hace pocos días constataron “la ruptura del orden democrático”, razón por la cual le suprimieron todos sus derechos y obligaciones “hasta que se verifique el pleno restablecimiento del orden democrático”. Dado que su único producto de exportación es el petróleo, Venezuela puede prescindir de la OMC y de Mercosur sin ningún costo económico.
La Unasur cuenta con un protocolo que prevé que en caso de ruptura o amenaza del orden democrático en un país miembro, se apliquen sanciones como el cierre de fronteras, suspensión del comercio, suspensión de derechos, entre otros. Pero los padres de la Unasur tuvieron la inteligencia de volver inoperante dicho protocolo, al exigir el consenso para la adopción de sanciones.
La situación de Venezuela está muy lejos de que llegue al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pues no es una amenaza para la paz internacional y, además, porque China y Rusia, con derecho a veto, son dos de sus grandes acreedores.
Estados Unidos ha adoptado sanciones, no contra Venezuela, sino contra algunos de sus dirigentes, incluido Nicolás Maduro. Las mismas consisten en el bloqueo de todos sus activos en Estados Unidos y la prohibición de entrar a dicho país. La justificación legal de las penalidades es que la actual situación en Venezuela constituye una amenaza para la seguridad nacional y la política externa de Estados Unidos. Es lógico suponer que las personas sancionadas no guarden activos en un país enemigo ni tengan interés en viajar allí.
La sanción con la cual sueñan los que no viven en Venezuela es que Estados Unidos prohíba la importación de petróleo venezolano para asfixiar su economía y provocar la caída del régimen. Henry Ramos Allup, expresidente de la Asamblea Nacional y líder de la oposición, se opone a ella: es castigar a justos por pecadores. Sería un error político pues le daría argumentos al régimen Maduro para su radicalización. Además, con buenos descuentos, en el corto plazo, el petróleo venezolano podría encontrar otro destino, pues el dinero no tiene bandera.
Varios países, incluido Colombia, han manifestado que no aceptarán las decisiones de la Asamblea Constituyente, lo que equivale a decir que no aceptarán la nueva Constitución venezolana. Al régimen Maduro ni le va ni le viene que otras naciones extranjeros no acepten su Constitución. Ese es un asunto interno y no de relaciones internacionales.
La permanencia del régimen Maduro está en manos de los militares y de los acreedores externos. Ahora bien, el socialismo del siglo XXI de Nicolás Maduro prioriza el pago de la deuda externa sobre la importación de alimentos y medicamentos, pues el no pago de la misma provocaría el embargo de las cuentas bancarias y de los activos en el extranjero, lo cual podría dar lugar a un estallido social y obligar a los militares a revisar su actual posición en el conflicto.
Diego Prieto Uribe
Experto en comercio exterior.
Nada que hacer contra Maduro
La situación de Venezuela está muy lejos de llegar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pues no es una amenaza para la paz internacional.
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