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Paz sostenible y gobernanza territorial

Solo con un ejercicio de desarrollo productivo industrial, orientado al territorio, será posible cimentar la construcción de una paz sostenible.

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septiembre 07 de 2016
2016-09-07 10:04 p.m.
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La trascendencia de lo que suceda con el plebiscito es innegable, y como sociedad debemos enfrentar de la manera más responsable el reto que nos implica la transición hacia una paz sostenible. Será un compromiso de todos los actores de la sociedad civil, trabajar sin descanso para hacer posible el mayor derecho de los ciudadanos: vivir en paz. La agenda de construcción de una paz sostenible ya pasó por un primer camino en La Habana, pero será en nuestros territorios, si los colombianos así lo decidimos, donde enfrentaremos las mayores complejidades de lo que esto significa. Hay, por lo menos, cuatro condiciones que necesitamos para enfrentarlas: fortalecimiento de las capacidades públicas, estrategias de inversión privada de impacto, participación ciudadana y transparencia y lucha contra la corrupción.

Los municipios y los departamentos enfrentarán responsabilidades en temas de transformación rural, nuevos escenarios de participación y estrategias de lucha contra las drogas y la ilegalidad. Necesitamos trabajar en una agenda de transformación y fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos territoriales, que les permita afrontar los múltiples retos de gobernanza derivados de la implementación de los acuerdos. La paz sostenible necesita instituciones públicas transparentes, legítimas, cercanas al ciudadano y al interés general; y una revisión profunda de nuestro esquema de descentralización, que haga posible la generación de recursos, funciones y alcances de quienes representan al Estado en los territorios.

Es fundamental contar con la visión empresarial y la iniciativa privada. Para lograr la transformación del campo, en lo referente al punto uno de la negociación, hay que buscar formas de asociación eficientes entre los pequeños productores y las grandes empresas para que, con orientación social, se puedan generar impactos económicos relevantes. Solo con un ejercicio de desarrollo productivo industrial, orientado al territorio, será posible cimentar la construcción de una paz sostenible.

El segundo punto acordado en La Habana amplía los espacios de participación ciudadana, entre otros, a través de la creación de Circunscripciones Especiales Transitorias para la Paz. Este acuerdo implica un doble reto: la reconfiguración de la dimensión política, permitiendo el ejercicio pleno de los derechos y deberes, generando una identidad hacia el ejercicio participativo y la configuración de nuevos movimientos sociales y comunidades políticas, que renueven los escenarios de participación y promuevan mecanismos de autogestión del desarrollo.

A lo anterior hay que sumarle la lucha contra la corrupción. Las realidades del país implican atacar este flagelo de una manera más exigente. El sector empresarial, y en general los colombianos, estaremos dispuestos a contribuir con recursos para la paz, si hay un manejo transparente y eficiente de esos recursos. Estas condiciones de legitimidad de lo público y de acompañamiento empresarial, involucran directamente a las Farc, que cultural y políticamente deben mostrar y ejecutar acciones y compromisos que garanticen que no volverán a las armas y respetarán y participarán positivamente para fortalecer el Estado Social de Derecho.

Un análisis más detallado de estos planteamientos puede verse en: Aubad Rafael y Tobón Sergio, Revista Autonomía Territorial. Federación Nacional de Departamentos, #7.

Rafael Aubad L.
Presidente de Proantioquia

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