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Petróleo y buenas prácticas

La conflictividad social en las zonas ricas en hidrocarburos ha generado costos tanto a las localidades como a las empresas del sector.

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agosto 11 de 2016
2016-08-11 07:54 p.m.
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La conflictividad social en las zonas ricas en hidrocarburos ha generado costos tanto a las localidades como a las empresas del sector, reflejados en la reducción de la producción y del resto de actividades de la industria, como también a los gobiernos locales, en términos de ingresos fiscales, y, sobre todo, a los trabajadores, en cuanto a sus posibilidades de acceso al mercado laboral. Una problemática estrechamente asociada con causas laborales: según la Asociación Colombiana de Petróleos de los 473 bloqueos del 2015, 43 por ciento así corresponderían, de acuerdo con el PNUD, los costos de la conflictividad social entre el 2010 y el 2014 habría ascendido a más de 217 mil millones de pesos.

Infortunadamente, los bloqueos y sus costos habrían sido sustancialmente menores si las empresas petroleras desde un principio hubieran enfocado sus esfuerzos a articularse adecuadamente con la institucionalidad en todos sus ámbitos. Sin embargo, en muchos casos primó el afán de entrada a los territorios, soslayando las buenas prácticas para las actividades de intermediación laboral, la socialización de proyectos, la producción de bienes y servicios, la aplicación de medidas ambientales y la inversión social.

En el caso de la intermediación laboral ilegal, se han reportado prácticas no deseables como la venta de cupos laborales, falsificación de certificados de residencia y manipulación de vacantes. Una problemática asociada a la cultura de la ilegalidad e insuficiencia normativa, distorsión de salarios, heterogeneidad en los requisitos entre empresas para un mismo cargo y desprotección de la mano de obra local ante la llegada de trabajadores foráneos.

En este contexto, el Servicio Público de Empleo (SPE) es el facilitador del desarrollo económico en las zonas petroleras, pues su uso por parte de las empresas, como una buena práctica, redundaría en la disminución de la conflictividad al permitir que la intermediación laboral sea transparente en el sector, disminuiría la vulnerabilidad frente a los actores irregulares que cobran porcentaje del salario y fomentaría el cumplimiento de las normas laborales. Las cifras muestran que en esta materia, las empresas tienen una gran tarea, si comparamos dos sectores no intensivos en empleo como minas y canteras e intermediación financiera, las vacantes inscritas en el SPE para el primero en el 2015 fueron 5.907, y para el segundo, 13.145.

Al respecto, el Ministerio del Trabajo ha desplegado una estrategia sin precedentes para enfrentar intermediación laboral ilegal. Mediante la Resolución 2616 de 2016 se estandarizaron 109 perfiles para actividades de exploración y producción de hidrocarburos, y definiéndose de manera transparente las reglas de juego entre trabajadores y empresas, en términos de conocimientos, habilidades y actitudes requeridas para aplicar a las vacantes. Asimismo, se identificaron las brechas de formación entre la vacante y el aspirante, haciendo que la capacitación en competencias pueda ser más ágil y efectiva, y por ende su impacto sobre la productividad laboral.
La aplicación de estas buenas prácticas en la intermediación laboral por parte de empresas, gobiernos locales y las diferentes entidades del sector trabajo potenciarían el desarrollo de las zonas donde yace la industria petrolera a través del aumento de la productividad y el ahorro de costos asociados a la conflictividad.

Nuestro reto está en fortalecer la presencia del Estado para garantizar y restablecer el orden social, pero sobre todo que los ciudadanos y las empresas se apropien y utilicen el SPE, como instrumento de intermediación laboral universal, transparente, gratuito, reglado y democrático, que permita el acceso y desarrollo de la actividad laboral en condiciones de dignidad y decencia.

Francisco Javier Mejía
Viceministro de Empleo y Pensiones
fjmejia@mintrabajo.gov.co

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