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COYUNTURA

Política pública contra las trabas a una sociedad sin efectivo

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mayo 16 de 2016
2016-05-16 08:30 p.m.
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El pasado martes 5 de abril, asistí a la presentación de un proyecto de ley “por el cual se adoptan medidas para estimular el uso de medios de pago alternativos al efectivo y se dictan otras medidas” por parte de la senadora ponente María del Rosario Guerra en la Comisión III del Senado.

Resulta alentador que se promuevan este tipo de iniciativas para la inclusión financiera en la agenda legislativa, que ya han venido adoptándose en países como Israel y Suecia con indicadores de desarrollo similares al nuestro, incentivando el uso de los instrumentos de pago electrónico.

Sin embargo, el optimismo se opaca con las recomendaciones de la comisión de expertos para lo que será la siguiente reforma tributaria estructural, ya que no se propone la creación de una política pública integral que promueva la formalización de los agentes económicos que hoy no hacen parte de las cuentas de la Dian y se mantienen por fuera porque la estructura tributaria actual les impide ser viables.

Es preocupante ver cómo Colombia se consolida como un mercado con baja penetración de los pagos electrónicos, superado por otros que estaban atrasados como Perú y México.

Según la información de Asobancaria y del Dane, los pagos realizados a través de tarjetas de crédito y débito no sobrepasan el 13% del gasto de las familias, apenas un 76,4% de los adultos tienen un producto financiero y solo un 64,5% de ellos lo usa activamente.

Aunque hay elementos políticos que permiten mayor cobertura de productos financieros en las poblaciones de menores ingresos, sin considerar las variables que evitan que los pequeños comerciantes reciban pagos electrónicos, no se pueden crear ecosistemas de pago que visibilicen los resultados en la reducción del efectivo en la economía.

Por ahora, se han disminuido los costos de giros de efectivo entre el originador (Gobierno) y el destinatario (beneficiario de algún subsidio), donde existen innovaciones de bajo costo para pagos de nómina más convenientes para estos segmentos de mercado.

Se deben entonces aceptar estos productos como instrumentos de pago para los pequeños comerciantes, cerrando el circuito del papel moneda y empoderándolos con soluciones para pago electrónico a sus proveedores.

Sin una política pública que contemple estas variables, este objetivo no se puede lograr.
En este sentido, la concebimos como un conjunto de elementos (tributarios, incentivos y de educación y promoción) coordinados por el Gobierno Nacional y debatidos con la industria financiera y los comerciantes, y cuya implementación puede corregir las fallas del mercado.

El eje central de esta política integral debe ser la formalización de los pequeños comerciantes (entre 550 y 750 mil), de los profesionales independientes (más de 1,6 millones) y de las empresas con redes de personas que hoy no reciben pagos electrónicos.

Los sistemas formales tienen alrededor de 170 mil razones sociales afiliadas, con 250 mil puntos de venta y 300 mil datáfonos; pocos, debido a las barreras regulatorias que impiden su vinculación.

Así arranca el círculo vicioso de pago en efectivo; con renuencia de los comercios a afiliarse a los sistemas electrónicos y con descuentos por pago con efectivo, que no son más que un vehículo para evitar la fiscalización y los costos impositivos.

Luego se manifiesta en la discriminación masiva de pagos electrónicos en los comercios que atienden las compras de los estratos con menor poder adquisitivo, restándole poder a la propuesta de valor y volviendo al dinero de bolsillo.

Sin los pagos electrónicos, jamás se entenderá lo que sucede verdaderamente en los intercambios económicos en esos segmentos de mercado, pues no hay trazabilidad en las operaciones, y sin esa información, nunca se podrá crear una política tributaria progresiva e incluyente, estando condenados a mantener los altos niveles de informalidad.

¿Cómo romper el círculo vicioso? Desde nuestro punto de vista, se debe partir de un sistema tributario que convenza a los agentes informales de formalizarse mediante una propuesta que entienda su realidad económica; un esquema donde el principal objetivo sea obtener información sobre los intercambios económicos.

Se debe acompañar con un ambicioso programa de educación financiera, que contenga lo necesario para entender las ventajas de lo formal y lo financiero.

Igualmente, con la promoción de medidas que garanticen los pagos de algunas actividades económicas de manera electrónica.

Y no puede faltar un programa más ambicioso de innovación, para asegurar que los nuevos productos y servicios financieros lleguen de forma transversal a todas las poblaciones a costos razonables.

Por más loable que sea la iniciativa parlamentaria, es insuficiente. Se necesita una aproximación diferente e integral hacia el problema.

Hablamos de un gran proyecto construido por todos los agentes interesados en evitar que Colombia siga ocupando los últimos lugares en la región en inclusión y formalización.

Gustavo Leaño Concha
Presidente de CredibanCo

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