Finalizando el 2017, por invitación de Portafolio, hicimos parte de un taller sobre un estudio de sostenibilidad financiera del sistema de salud del Grupo de Economía de la Salud de la Universidad de Antioquia.
Sin contar con el gasto privado, el sistema de salud en Colombia tuvo como ingresos, de diversas fuentes, 35 billones de pesos en el 2016. Y aun así, la percepción mayoritaria es que el modelo no es sostenible ¿Por qué? ¿Qué hacer? ¿Cómo lograr un equilibrio de ingresos y gastos? Esas eran las preguntas centrales del análisis.
Para lograr el equilibrio, el estudio es reiterativo en tres condiciones relacionadas entre sí: primero, un acuerdo social y político sobre el plan de beneficios, los recursos necesarios para financiarlos, su recaudación y los responsables de girarlos. Segundo, poner límites legítimos al gasto. Y tercero, un ajuste permanente entre las expectativas y las necesidades de la población, respecto a lo que es responsabilidad del sistema y no simplemente expectativas personales.
El estudio indagó por los principales determinantes que, según los agentes del sistema, contribuyen más al incremento del gasto en salud. De acuerdo con la opinión de expertos, el mayor gasto en salud en Colombia se debe, en su orden, a la presión tecnológica, las expectativas de la población, la transición demográfica, los precios, la ineficiencia en el uso de los recursos, al plan de beneficios y los estilos de vida.
El estudio analizó también las medidas concretas para controlar las presiones de ingresos y gastos. En el caso de las primeras, encontrar nuevas fuentes de recursos, hacerlas sostenibles y migrar hacia fuentes universales. En cuanto a las segundas, mejorar la gestión de los recursos, la priorización y la eficiencia.
El análisis es un llamado de atención y una nueva reiteración, de la urgente necesidad de contar con una visión integral y un acuerdo sobre funciones, políticas, vínculos y mecanismos de articulación dentro del sistema de salud.
Es urgente insistir en la salud como un tema central de la agenda pública del país. En perspectivas de trabajo conjunto, que construyan confianza entre sus actores y priorizar acciones que avancen en un enfoque de gobernanza coherente, bien alineado, claramente reglamentado, con instrumentos de seguimiento y reporte permanente.
Hoy, Antioquia ha puesto en la agenda pública el tema de repensar el aseguramiento del régimen subsidiado, con base en una experiencia histórica lamentable por lo extrema.
Un periodo durante el cual muchos supuestos aseguradores llegaron simplemente para capturar rentas y otro, con un modelo mixto esperanzador, pero sin gobernanza y modelo de aseguramiento.
El Ministro de Salud, el Gobernador de Antioquia, el Alcalde de Medellín y la Caja de Compensación Familiar Comfama, han acordado apoyarse en empresas conocedoras de los temas, para que poniendo en el núcleo de atención el ciudadano y todas las experiencias positivas y negativas de nuestro contexto, formulen cómo una región puede atender bien 2’200.00 millones de usuarios del régimen subsidiado, cuyas EPS reciben cerca de dos billones de pesos.
¿Será que este ejercicio de Antioquia sobre salud se deja contagiar de experiencias contextuales reconocidas mundialmente, de provisión de servicios públicos eficientes, como es EPM? Que así sea.
Rafael Aubad L.
Presidente Proantioquia