Las situaciones de posconflicto en Colombia, y así ha ocurrido en otros países con igual reto, plantean enormes desafíos relacionados con el surgimiento de dinámicas criminales nuevas, instituciones disfuncionales e incapacidad de los Estados de abordar claramente las históricas brechas que exacerban los conflictos sociales.
En el caso colombiano, el reto es todavía mayor, no solo porque es un acuerdo extenso y complejo, por deudas históricas muy grandes de inclusión social, por las grandes heridas humanas del conflicto, sino por el reto de reconfigurar su institucionalidad para poder atender las consecuencias derivadas de los conflictos que persisten y de los que ya se vislumbran, asociados a un tema central y maldito: la tozudez persistente del crimen organizado alrededor del negocio del narcotráfico.
El gran cúmulo de necesidades insatisfechas y problemáticas por resolver nos exige efectividad para lograr consensos y priorizar acciones colectivas, y a la vez promover una visión conjunta de largo plazo del desarrollo. Es necesario propiciar el diálogo, facilitar conversaciones ciudadanas, compartir información, gestionar conocimiento y trascender lo que hasta ahora hemos conocido como articulación. Y es ahí donde los sectores social y empresarial pueden crear liderazgos para este propósito, en el marco de que el foco sea siempre la provisión efectiva de bienes públicos y no los intereses partidistas de los gobiernos de turno.
El Acuerdo de Paz supone la creación de instituciones públicas nuevas, la reforma de algunas existentes, el surgimiento de un número importante de espacios de participación y articulación, y la demanda de un entramado de leyes, decretos, modificaciones y reglamentaciones. Esto, en un ambiente altamente polarizado, puede profundizar una crisis política –como lo estamos viendo– y ampliar las mismas brechas sociales. Resulta ineludible la tarea de los sectores social y empresarial para acompañar propositivamente toda esta normatividad, velando siempre por cumplir lo pactado, pero con una perspectiva clara del contexto y de las necesidades actuales del entorno y de la defensa de una paz posible. Que las cosas tomen más tiempo; ¡pues toman más tiempo!
El éxito o fracaso de los esfuerzos para transitar hacia la paz sostenible no dependen exclusivamente de qué tan perfectos o imperfectos sean los acuerdos, sino más bien de las necesidades, restricciones y oportunidades que el contexto ofrece para la pertinencia y el alcance real del mismo. El contexto importa, no solo por la diversidad que supone, también por la heterogeneidad territorial y cultural, y por los distintos efectos que ha tenido la guerra. Aquí podría ser interesante buscar un nuevo liderazgo: el de los acuerdos territoriales empresa-estado-universidad, como motores de trasformaciones profundas de la calidad de vida en los contextos locales.
Sin duda, uno de los grandes pendientes del acuerdo es no haber aprovechado la oportunidad para acercar a una sociedad ya dividida; de ahí la importancia de los liderazgos mencionados. Todo esto, de la mano –y como condición para fortalecerlos– de la promoción de nuevos liderazgos cívicos, participación política, fomento a nuevos centros de decisión del país para su desarrollo –las provincias, por ejemplo–, y la territorialización de la responsabilidad de la transición hacia una paz estable y duradera, con acuerdos inteligentes, a la medida de los retos y las responsabilidades, entre el Gobierno Central y los gobiernos regionales.
Rafael Aubad
Presidente de Proantioquia