Las lecciones de muchos países indican que, en los primeros 180 días después de firmar acuerdos de paz, se juega gran parte de la confianza en el Estado para afrontar compromisos y expectativas. Presencia efectiva en los territorios ocupados por los insurgentes desmovilizados y adecuación de la gestión para responder a lo pactado, son los paretos más señalados. En principio, nuestro Gobierno estaría interpretando tales aprendizajes a través del Plan Victoria y el Fast Track.
Del primero, no voy a comentar: es muy poco lo que sabemos con certeza. Importante que el Ministro de Defensa y los comandantes hiciesen una gran pedagogía, y que el rumbo sea positivo.
El Fast Track tiene agenda. Como una estrategia de apropiación de responsabilidades al interior del gobierno, el presidente solicitó a cada ministerio que señalaran las necesidades legales, institucionales y financieras que consideraban necesarias para cumplir con los acuerdos. Esa ha sido la plataforma básica de las iniciativas del Fast Track.
Modelo que sacrificó el conocimiento de los equipos negociadores en La Habana. Renunció a su incorporación en la fase crítica de creación de las condiciones de transición, a cambio de un liderazgo de las burocracias tradicionales y de ministros de compromisos transitorios. En un país sin tantas apuestas, la vía seguramente sería correcta.
Hay dos expresiones principales del riesgo que se tomó. La primera, la cultura publica: a más leyes, mejores soluciones. Si estuvimos 4 años negociando y el Acuerdo supera las 300 páginas, creíamos que todo estaba dicho y que las normas para cumplir serían simples. Que era lo absolutamente necesario de ajustar en la legislación existente y algo estratégico como marco general. No, la burocracia dijo: ¡150 normas nuevas!
Complementariamente, la perspectiva equivocada de muchos funcionarios: aprovechar la ocasión para que las carencias, reales o supuestas, para cumplir con sus misiones y las ideas de algunos ministros sobre sus sectores o el país, las incorporaran al Fast Track.
Hay ejemplos elocuentes. ¿Recuerdan que el Ministerio de Educación quería el Fast Track para cambiar todo el sistema de educación terciaria? ¿O el Ministerio de Trabajo buscando cambiar los objetivos de las cajas de compensación, función propia los trabajadores y las empresas? ¿Y el de Agricultura, buscando cambiar todo el ordenamiento para el desarrollo del campo? Sin duda, hay que cumplir los acuerdos, pero así no es.
Le ha tocado a los equipos de la presidencia y al presidente mismo, multiplicarse para evitar esta andanada legalista, universalista y corporativa. Afortunadamente, parecen receptivos a las alertas desde la sociedad civil. Ya hablan de unas 20 normas para cumplir los acuerdos, se entiende mejor la perspectiva de la gradualidad y que un nuevo ordenamiento del país no puede colarse por esa vía.
¿Por qué no rescatar como organismo orientador a todo el equipo negociador de La Habana, la mejor masa crítica con que contamos por su comprehensión de lo pactado? Y no darle ‘tanta papaya a las Farc’ y a la visión fatalista de la transición.
Rafael Aubad L.
Presidente Proantioquia
Columnista
Mejores procesos de transición
¿Por qué no rescatar como organismo orientador a todo el equipo negociador de La Habana, la mejor masa crítica con que contamos?
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