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Rousseff y otros presidentes latinoamericanos depuestos

La política trata de imitar procedimientos judiciales, mientras que la justicia escenifica cruzadas políticas.

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septiembre 15 de 2016
2016-09-15 09:18 p.m.
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En agosto del 2016, la política latinoamericana dejó pensativos a todos aquellos que estuvieron atentos. Lejos de ser obvias, las contradicciones aparecen en el largo plazo, como en Brasil, Honduras y Paraguay, cada uno con su paradoja. El objetivo es bien sencillo: ¿qué conclusiones se pueden sacar de las destituciones presidenciales latinoamericanas?

Primero, Dilma Rousseff fue destituida el primero de septiembre, tras un proceso innecesariamente largo, con un debate estéril entre bandos sordos bien locuaces. Las acusaciones fueron desgranadas, sin convencer a nadie de algo diferente de lo que todos pensaron el primer día del escándalo. Tras unos Juegos Olímpicos sin los políticos que han transformado a Brasil en diez años, la paradoja es mayúscula. Rousseff no ha sido cesada por los escándalos de corrupción que llevan más de un año azotando los principales partidos por igual: lo ha sido por una complicación fiscal y presupuestal.

Segundo, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández, ha maniobrado con paciencia y sagacidad, incentivando la puesta en duda de los textos legales que prohibían proponer la reelección presidencial. Tras un fallo del Tribunal Supremo de Honduras, algo esperpéntico –juzgó inconstitucional la propia Constitución–, surge una situación aún más paradójica. Aquellos que impulsaron la salida de Manuel Zelaya en el 2009, para preservar la Constitución, son los mismos que ahora quieren esa reelección. Al contrario, los que la codiciaron, entonces, por cualquier medio, hoy la atacan, estupefactos ante la simplicidad y legalidad de la táctica opositora.

Y, tercero, el presidente paraguayo Horacio Cartes, quién asumió la responsabilidad de la muerte de los ocho militares asesinados en el norte del país por, supuestamente, la minúscula guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo. Cartes sabía que no podía permitir que la masacre de Arroyito fuera lo equivalente a la de Curuguaty, que precipitó el juicio político a Fernando Lugo, en junio del 2012. La paradoja es que, contrario a lo que sucedió con el exobispo, nadie duda de que Cartes siga siendo presidente a pesar de las críticas en su contra.

Este panorama de contradicciones deja cinco reflexiones.

La primera, es que se está dando en América Latina una judicialización de las batallas por el poder. La política trata de imitar procedimientos judiciales, mientras que la justicia escenifica cruzadas políticas. Todo ello lleva a un sistema que ni siquiera simula objetividad: la ropa sucia se lava dentro y fuera de la casa. No sorprende, pues, que la desafección ciudadana frente a la instrumentalización de las instituciones ayude a perpetuar la desconfianza. Esta misma también surge en los fines de ciclo, como en los gobiernos de las nuevas izquierdas, que tienden a sufrir frente a la indignación o insatisfacción, porque son instrumentalizadas como ventana de oportunidad por los opositores. La táctica ganadora ha sido esperar que los gobiernos de izquierda entraran en fase de gestión de crisis. Los opositores sabían que era inevitable, pues la insatisfacción se da cuando se crean expectativas, y solo defraudan los que prometen en exceso. Ojo, en la Nicaragua, de Ortega, o la Venezuela, de Maduro no es posible por su deriva autoritaria.

Yendo más allá, se vislumbra al presente una relación ambigua entre la legalidad y la legitimidad. En efecto, los presidentes cesados suelen serlo de manera formal, conservando su legitimidad electoral inicial. Es por eso que no son golpes de Estado al uso, sino eventos mucho más sofisticados: antes el debate estaba en la legitimidad, ahora en la constitucionalidad. Aparece, entonces, una doble moral flagrante, puesto que no se usa la misma vara de medir para todos. Acontecimientos semejantes pueden llevar a cesar o enaltecer un presidente. En cierta medida, el cómo sustituye la discusión sobre el qué.

En último lugar, la lucha contra la corrupción se convierte en una herramienta política más; desgasta al oponente, pero no destituye del cargo público. La corrupción no puede ser usada diferentemente en función de los casos, la ciudadanía no lo toleraría. Por eso es mejor no utilizarla para remover los enemigos políticos, pues no está sujeta a interpretación. De ser usada contra uno, sería utilizada contra todos; así que mejor con ninguno.

El expresidente guatemalteco, Otto Molina, fue la excepción, al renunciar tras un procesamiento judicial, impulsado por una instancia internacional y presión ciudadana. Queda claro, que de nada sirven instituciones fuertes si son mal empleadas. La lucha sincera contra la corrupción no es, ni vendrá, de una destitución presidencial.

Miguel Gomis
Miembro de Redintercol

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