Otros Columnistas

Consultas populares desinformadas

La tarea más urgente es definir un marco jurídico que dé a las autoridades las reglas de juego para desarrollar el espacio de concertación.”

Otros Columnistas
POR:
Otros Columnistas
junio 04 de 2017
2017-06-04 07:01 p.m.
http://www.portafolio.co/files/opinion_author_image/uploads/2016/04/05/5703e5663d293.png

Desde el resultado de la consulta popular en Cajamarca, varias columnas de opinión han abordado los posibles efectos de la decisión. Algunas resaltan la importancia de la victoria de la voz del pueblo, otras la medida de protección medioambiental, o también se expresa preocupación por los efectos en la sostenibilidad fiscal y el desarrollo del país. Sin embargo, pocas se han ocupado del análisis de los efectos jurídicos de la decisión y el impacto en las competencias de cada una de las autoridades involucradas en el proceso de titulación y desarrollo minero.

Comienzo por advertir que, según lo reconocido por la propia Corte Constitucional, el subsuelo es de propiedad del Estado y, por lo tanto, su aprovechamiento y regulación es competencia de autoridades nacionales. También advierto que las decisiones que se tomen frente al uso de suelo, al ser competencia del alcalde municipal, a través del POT/EOT, cuestión regulada a través de la Ley 388 de 1997, que establece que la formulación de estos instrumentos se debe realizar con base en estudios técnicos, análisis de riesgos e información de áreas de protección ambiental, previamente declaradas por la autoridad ambiental, buscando racionalizar intervenciones sobre el territorio y orientar el desarrollo y el aprovechamiento sostenible del municipio.

En vista de lo anterior, es claro que las cortes reconocieron que tanto el Estado, en cabeza del Gobierno Nacional, como los entes territoriales tienen competencia, una sobre el suelo y otra sobre el subsuelo. Entonces, es aquí, donde se genera lo que la Corte Constitucional ha denominado una “tensión de competencias”, que ha señalado debe solucionarse mediante el ejercicio adecuado de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. En ese sentido, la jurisprudencia ha reiterado que para evitar la imposición de una autoridad sobre la otra, se requiere de un espacio de concertación entre autoridades que permita eficazmente la búsqueda de la solución.

A mi juicio, esto solo es posible mediante la modificación de la ley de ordenamiento territorial, con el cumplimiento de los requisitos establecidos para dicha modificación, y, hasta que eso no suceda, cualquier decisión que se tome por parte de las autoridades municipales, acarrearía una extralimitación de sus funciones. Considero, entonces, que no hay tarea más urgente que la de definir un marco jurídico que dé a las autoridades las reglas de juego para desarrollar ese espacio de concertación. En hora buena, el Ministro de Minas y Energía anuncio el interés del Gobierno en presentar dicho proyecto ante el Congreso de la República.

Mientras tanto, seguiremos con el debate de las consultas populares a lo largo y ancho del territorio, con múltiples sugerencias en cómo debería un alcalde acatar la voluntad popular. Lamentablemente, algunos, claramente, prefieren el statu quo, con la desinformación como su principal arma, y atacan la búsqueda de soluciones, tildándolas de inaceptables, pero la realidad es que nada sería más inaceptable que condenar a las autoridades locales a acatar mandatos populares incumplibles jurídicamente. No hay que olvidar que en un Estado de derecho no basta la sola manifestación popular para prohibir una actividad lícita.

Por último, apartado del debate legal que he expresado en esta columna, me queda una reflexión más profunda: como industria, debemos fortalecer nuestro trabajo por la #MineriaBienHecha, que es aquella que opera con título minero, altos estándares técnicos, sociales y ambientales para que nuestras comunidades vean en esta actividad una verdadera opción de vida.

Nuestros columnistas

día a día
Lunes
martes
Miércoles
jueves
viernes
sábado