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Un triunfo para todos

El costo de la paz es altísimo, pero resulta más rentable que la guerra, pues vale menos y con beneficios superiores, como estabilidad institucional.

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septiembre 08 de 2016
2016-09-08 07:18 p.m.
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El acuerdo de paz Gobierno-Farc, poniendo fin a 52 años de conflicto (un cuarto de millón de muertos y 8 millones de desplazados) no es un triunfo para estas (las Farc) o para las ONG que gestionarán uno de sus aspectos más importantes: el desarrollo rural inclusivo, ni para otros despropósitos creados por la desinformación generadora de paranoias (entrega del país al ‘castrochavismo’). Es un triunfo para todos los colombianos comprometidos con ese desarrollo que, como decía Paulo VI, es el nuevo nombre de la paz.

Para el debate electoral del 2014 escribí: “El presidente Santos representa la única opción para detener el regreso al poder de fuerzas políticamente retardatarias y, por haber tenido la valentía y el patriotismo de jugársela con un proceso de paz asediado desde todos los frentes, merece todo el apoyo político que sea posible congregar” (Portafolio Jul/18), lo cual es aún más cierto cuando los colombianos podremos decidir en octubre entre la paz y más guerra.

La desinformación se combate con información: la simple consideración del contenido de los puntos del acuerdo (mesadeconversaciones.com.co) muestra la carencia de fundamento y la mala fe en algunos argumentos de la oposición uribista a la paz. Se trata de otro caso paradigmático de paranoia de populismos como los de Trump y Maduro (Portafolio, 24 de agosto), en este caso el de derecha de Uribe que, con similar desinformación, crea temores a base de engaños.

De los cinco componentes del acuerdo me concentraré en el más innovativo/significativo (reforma agraria y desarrollo rural, sobre desarrollo productivo incluyente) y en el más problemático (justicia para víctimas). Sobre el primero, desde los centros del poder político/económico urbano resulta difícil entender las condiciones de miseria/precariedad en la frontera agrícola; condiciones a las cuales el surgimiento/fortalecimiento de las Farc y del narcotráfico, por ausencia del Estado, deben mucho.

Apreciarlo destaca la importancia de esta fortaleza fundamental del acuerdo, la que, sin embargo, enfrentará problemas dentro del Gobierno mismo, por ser costosa y por medir su voluntad/capacidad política para revisar su política económica (estrategias/mecanismos de desarrollo) consecuentemente. Pero los beneficios en desarrollo rural (infraestructura física/productiva) serán enormes para un sector totalmente marginado de la población en un avance fundamental sobre la base de condiciones institucionales básicas del desarrollo (definición y protección de derechos de propiedad).

Desde luego no solo el costo fiscal de estos proyectos será muy alto, sino que en este se incurrirá en un momento en el que el colapso de la bonanza primario-exportadora (petróleo) erosionó finanzas públicas, balance comercial y crecimiento, complicando con la inflación por la devaluación todo el manejo macroeconómico, y haciendo necesaria la ayuda externa.

El costo es altísimo, pero: 1) es más bajo que el valor presente de los costos netos de la guerra: la paz es más rentable que aquella, pues sus costos son inferiores y sus beneficios son superiores. Entre ellos se destaca, en general, el logro de las condiciones de estabilidad institucional, que dan más posibilidades de desarrollo, por serlo de su motor, la inversión.

2) Estos costos posibilitan el mejoramiento de las condiciones de vida de los marginados de la frontera agrícola, a quienes el estado ha abandonado totalmente. Una aclaración sobre costos: no es cierto que el pago a los exguerrilleros reinsertados sea de tres salarios mínimos incondicionales, una típica simplificación populista publicitaria desinformante de un mecanismo más complejo y eficiente ligado a su atenta participación en el proceso de reinserción y a integración productiva.

Solo una palabra sobre el complejo tema de la justicia/impunidad: el segundo es un concepto relativo al primero, y claro que culminar negociaciones impone ceder frente a un ideal absoluto (de hecho, el acuerdo implica un avance sobre víctimas hacia este), lo cual está ligado a una complicación de la transición a la política: ¿podrán las élites terratenientes regionales, tan golpeadas por las Farc, renunciar a buscar justicia sobre aquellos a los que culpan, con razón, de destruir sus familias y sus medios de vida?; y ¿podrá el Gobierno proteger a los guerrilleros de una masacre como la de la UP en el 85?

Más allá de estos aspectos, en el fondo se trata de opciones: 1) por la verdad vs. el temor –por ejemplo al ‘castrochavismo’– infundado porque esto no existe como fuerza política relevante (ni Cuba ni Venezuela están en condiciones de exportar el desastre de haber destruido sus economías de mercado) y no es cierto que las Farc no han evolucionado a una convergencia con la tercera vía en un modelo de desarrollo productivo inclusivo; y 2) por una transición creadora de capital social e institucional vs. toda la tradición/cultura testicular de que los problemas se resuelven a golpes o a tiros. ¿Cuál es la opción? ¿Continuar una guerra de desgaste que sufren los que no tienen representación en los centros de poder?

Ricardo Chica
Consultor en desarrollo económico

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