El viernes 27 de septiembre a las 12:21 horas, la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) suspendió las transacciones de las acciones de Pacific Rubiales y Petrominerales mediante su Boletín Informativo No. 199. La escueta y tardía comunicación no indicaba el motivo de la suspensión, lo cual, particularmente en el caso de Pacific Rubiales, genera más incertidumbre, dados los antecedentes de esta empresa en el cumplimiento de su Código de Gobierno Corporativo.
Pero, de todas formas, este es un procedimiento adecuado y necesario cuando se conoce una información que puede afectar el principio que dice: “todos los inversionistas deben tener acceso oportuno a información relevante de la compañía, de manera simultánea”.
En este fundamento debo resaltar dos conceptos básicos y que tienen relación con el momento en el cual se debe hacer pública la información: oportuno y simultáneo.
Si se descuida la conjunción de estos, se corre el grave riesgo de generar una ventaja para los que conocen el suceso de forma anticipada y privilegiada, pues podrán tomar decisiones de compra o venta con más tiempo y mejor información.
Y esto es lo que, al parecer, sucedió en la BVC el pasado viernes. Lo que es aún más grave: parece haber sucedido en el transcurso de varios días antes de esa fecha.
Si se observan los volúmenes transados y precios de la acción de Pacific Rubiales entre los días 2 y 18 de septiembre, y se comparan con los registrados del 19 al 27 de septiembre, se puede suponer que algunos sabían lo que otros no.
Del 2 al 18 de septiembre se transó un promedio diario de 4’830.429 acciones de Pacific Rubiales a un precio promedio de $36.988.43, mientras que del 19 al 27 de septiembre (solo hasta las 12:21 horas) se transó un promedio diario de 10’877.721 acciones dicha empresa a un precio promedio de $39’633.15. Es decir, el aumento en el promedio del volumen fue del 125,19%, en tanto que el aumento en el precio promedio fue del 7,15%.
Si existió filtración de noticias a algunos inversionistas, como parecen indicar las cifras, es muy grave para un mercado de valores que quiere ser transparente, pero que con frecuencia no lo logra. Y cabe hacerse las preguntas tan frecuentemente planteadas: y las autoridades que vigilan el mercado, y tienen acceso en línea y tiempo real a todas y cada una de las transacciones, ¿dónde estaban?, ¿habrán iniciado alguna investigación?, en caso de probarse que hubo uso indebido de información privilegiada, ¿habrá sanciones penales y restitución de los valores a los damnificados, ¿y cuándo?
Si bien hay tres entidades que vigilan el mercado de valores colombiano con todos los instrumentos necesarios para hacer un seguimiento estricto de las operaciones, en mi opinión hay una que, por su naturaleza, tiene la mayor responsabilidad, y esta es la Superintendencia Financiera.
Esta es la entidad estatal que debe velar por la protección de los derechos de los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, manteniendo las reglas básicas que permitan tener una ‘cancha nivelada’.
Con lo anterior no quiero eximir de la responsabilidad que puedan tener la BVC y el Autorregulador del Mercado de Valores, pues en ellos recae la obligación de prender las alarmas cuando se presentan movimientos inusuales de precios y/o de volúmenes en el mercado accionario de Colombia.
Quedo con la esperanza de que la Superfinanciera sí haya iniciado oportunamente la investigación del caso y que, si no lo ha hecho, lo haga prontamente.
Paul Weiss Salas
Experto en inversiones bursátiles
