Hace pocos días llegó al despacho de la Ministra de Salud una carta firmada por el presidente de una de las EPS más grandes del país.

En la comunicación, el directivo relataba la grave crisis de liquidez por la que atraviesa la entidad a su cargo por cuenta de la demora en los giros del Fosyga y la aceptación parcial de las cuentas de cobro remitidas a este.

Como consecuencia, los atrasos de la entidad con sus proveedores se habían disparado, poniendo en problemas la prestación del servicio a cientos de miles de personas.

Aunque ese caso puede ser el más angustiante, no es el único.

Con frecuencia se escuchan voces que advierten cómo la situación se ha vuelto insostenible.

Si bien no es la primera vez que las alarmas se encienden, todo indica que el fantasma de una debacle en la salud ha vuelto a aparecer con fuerza.

No responder a tiempo ante las alarmas sería muy grave. Aparte de que es mejor prevenir un incendio que apagarlo, en Colombia se tienden a menospreciar los avances de un esquema que en menos de dos décadas ha logrado la cobertura universal.

Gracias a lo ocurrido, ha disminuido la inequidad al igual que el riesgo financiero de los hogares a la hora de asumir un tratamiento o una intervención quirúrgica.

La estructura prevaleciente no es, en absoluto, perfecta. Desde un comienzo ciertas cargas quedaron mal distribuidas, mientras que los gobiernos de turno se durmieron a la hora de actualizar temas tan esenciales como los beneficios del Plan Obligatorio de Salud (POS), con lo cual cada vez más procedimientos o medicamentos quedaron por fuera de este.

Como si lo anterior fuera poco, una sentencia de la Corte Constitucional cambió sustancialmente las reglas del juego, pero las puertas que dejó para realizar reformas estructurales no fueron abiertas a tiempo.

Así las cosas, la magnitud de los líos ha aumentado. Quizás debido a esa situación la tensión entre los diferentes eslabones de la cadena ha llegado a un máximo sin precedentes.

Tanto, que ya en algunas instancias se habla de la necesidad de eliminar a algunos jugadores, siendo las EPS el objetivo de buena parte de los dardos.

Parte del desprestigio de estas últimas tiene que ver con errores cometidos y abusos evidentes, como lo demuestra el episodio de la hoy intervenida Saludcoop.

Pero también existen pescadores que han querido aprovechar el río revuelto para eliminar unas instituciones que bien administradas y supervisadas resultan fundamentales para evitar más exabruptos, como sobrecostos que recaerían en el fisco.

En medio de esa situación el presente Gobierno ha dado pasos adelante y atrás.

Dentro de lo positivo, expidió una ley que le dio más herramientas a los reguladores, disminuyó los trámites en el sector, puso en cintura a más de una entidad y adoptó la política de giros directos para aliviar los inconvenientes financieros.

Dentro de lo negativo, se ha negado a cortar el nudo gordiano que acompaña temas por resolver, incluyendo un monto importante de recobros al Fosyga que siguen en el limbo.

Además, ha hecho bien en perseguir la corrupción, pero existe una brecha descomunal entre el tamaño de las ollas podridas cuando inicialmente se destapan y su verdadera dimensión cuando se adelantan los procesos judiciales.

Como consecuencia, el colombiano promedio cree que a la salud se la están robando y que todo se reduce a cerrar venas rotas, cuando en verdad hay que mirar asuntos estructurales para que el sistema sobreviva.

Corregir los desbalances actuales requiere no solo de mucho trabajo, sino también de coraje y liderazgo.

Las voces en contra de la salud han aumentado, en muchos casos con un claro trasfondo ideológico. Por tal razón, ha llegado la hora de que el Ejecutivo se pronuncie sobre el sistema y adopte medidas en consecuencia, no sea que por no hacer nada un remedio tomado a la fuerza resulte mucho peor que la enfermedad actual.

Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co