Incluso en un país que se caracteriza por tener reformas tributarias con inusitada frecuencia, resulta sorprendente lo ocurrido en la semana que termina.

Y es que sin haber sido presentado al Congreso, el nuevo régimen que tendrían los impuestos en Colombia acabó siendo objeto de múltiples debates.

Tantos, que un observador desprevenido podría concluir que la discusión tuvo lugar sobre un hecho cumplido.

Sin embargo, no es así. La filtración de un texto que tiene el borrador del 60 por ciento de la iniciativa fue suficiente para alborotar el cotarro.

De nada valieron las explicaciones del Ministerio de Hacienda en el sentido de que faltan todavía varios pasos antes de llegar a un articulado definitivo. En el imaginario de los colombianos quedó la impresión de que el propósito del Ejecutivo es el de apretarles las tuercas a la ciudadanía.

Como consecuencia de esa situación, es indudable que cuando la propuesta llegue al Capitolio va a encontrar un ambiente muy enrarecido. Si en circunstancias más normales la controversia que rodea estos temas es elevada, es indudable que ahora el clima va a ser francamente hostil.

La razón fundamental es que existe la percepción de que los grandes sacrificados van a ser los más pobres y los asalariados, mientras el sector empresarial se va a beneficiar de menores tasas en el impuesto a la renta.

Quienes creen que así va a ser, citan la idea de ponerle IVA a ciertos productos de la canasta familiar o la de eliminar deducciones que hoy en día influyen sobre la retención en la fuente.

Ante lo sucedido, el propio Juan Manuel Santos tuvo que dar marcha atrás, al expresar que los productos de primera necesidad no serán gravados.

Podría decirse que sin haber comenzado la contienda, el Ejecutivo perdió la primera batalla y, con ella, el favor de la opinión en este tema. Puesto de otra manera, será necesario enmendar mucho la plana, si la Casa de Nariño aspira a ganar la guerra en materia tributaria.

Ricardo Ávila Pinto

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