Una mezcla de resignación y rabia es la que invade por estos días a la ciudadanía española, tras el anuncio del fuerte ajuste decidido el miércoles por el gobierno de Mariano Rajoy.

La combinación de aumento del IVA –que en su tarifa general pasa del 18 al 21 por ciento– sumada al recorte de gastos y las rebajas en salarios y prebendas de los empleados públicos, entre otras disposiciones, debería generar unos 65.000 millones de euros en los próximos dos años y medio.

Dicha suma es fundamental para que Madrid cumpla los compromisos que ha adoptado con la Unión Europea en el sentido de disminuir el tamaño de su hueco fiscal.

A cambio, Bruselas no solo les dará la mano a una serie de bancos comerciales que deberán ser recapitalizados tras hacer costosas apuestas en el mercado de la finca raíz, sino que también apoyará el propósito del Banco Central Europeo en el sentido de comprar bonos ibéricos para que las tasas de estos disminuyan.

Ayer, dichos papeles volvieron a rondar niveles cercanos al 7 por ciento anual, una rentabilidad que es considerada como insostenible, pues dispara los costos de financiación.

No es la primera vez que España se aprieta el cinturón. Ya en el pasado reciente, la administración de José Luis Rodríguez Zapatero impulsó economías por 15.000 millones de euros, mientras que las comunidades autónomas hicieron lo propio al adoptar tijeretazos por 18.000 millones más.

Incluso Rajoy, recién llegado al Palacio de la Moncloa, sacó adelante un paquete de 27.000 millones en diciembre pasado.

¿Por qué, entonces, hay que seguir por esa senda? La razón obvia es que los ahorros no siempre se han conseguido, al tiempo que los mayores ingresos tampoco han llegado.

En una economía que se encuentra en plena recesión y en donde el desempleo supera el 23 por ciento, se crea una especie de círculo vicioso que es complicado romper.

Cada medida de austeridad adicional golpea al crecimiento, con lo cual cumplir las metas de recaudo se torna muy difícil, por cuenta de que la base tributaria se vuelve más pequeña.

El problema es que, mientras tanto, hay que seguir colocando bonos y los inversionistas exigen que el saldo rojo de las cuentas públicas baje.

En otras palabras, puesto entre la espada y la pared, y con el fin de evitar una debacle peor ante un eventual impago de la deuda, Madrid no tiene un camino diferente a tomarse una medicina que es particularmente amarga.

Lo que ocurre al otro lado del Atlántico se parece mucho a lo sucedido en América Latina hace 30 años, cuando comenzó una crisis similar que acabó conduciendo a lo que se conoció como la década perdida.

De hecho, las lecciones de esa época todavía son recordadas por algunos analistas para decirles a los europeos que en estos temas no sirven los remedios parciales o los paños de agua tibia, sino las cirugías mayores.

Con base en esa experiencia, se afirma que el costo social de los ajustes es elevado, pero tiende a ser más alto cuando las soluciones definitivas tardan en llegar.

Al mismo tiempo, lo ocurrido vuelve a dejar en claro que en estos asuntos la prudencia es la mejor consejera.

A mediados de la década pasada, nadie habría creído que España experimentaría los problemas que tiene actualmente, y menos que su sector financiero estaría al borde del colapso. Incluso, la calidad de su regulación bancaria era considerada ejemplar, lo cual la hacía parecer blindada ante las turbulencias.

Ahora que esa impresión es diferente, vale la pena tomar nota. En ausencia de buenos sistemas de monitoreo, un tumor en un área específica de la economía se puede convertir rápidamente en un cáncer.

Y el recaudo de impuestos, que en épocas de ‘vacas gordas’ sirve para dar y convidar, es susceptible de caerse. Es de esperar que en Colombia, cuya solidez relativa es innegable, el ejemplo ibérico sirva para entender la importancia de comportarse con cautela.