Academia / Ciudad Compacta: una propuesta viable

No es fácil cambiar un patrón urbano caracterizado por la excesiva estratificación, no solo económica sino cultural.

Redacción Portafolio
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mayo 26 de 2013
2013-05-26 10:05 p.m.

Una de las propuestas centrales de la revisión al Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, que adelanta la actual administración, gira alrededor del concepto de Ciudad Compacta.

Esta propuesta busca que en el largo plazo el crecimiento espacial de la ciudad alcance un nivel que sea socialmente deseable y, además, reconoce que este crecimiento es necesario para acomodar a los nuevos habitantes. Tanto los elementos básicos de la propuesta (redensificación, localización de vivienda de interés prioritario -VIP- en áreas centrales) como los beneficios esperados de la misma (menor consumo de suelo rural, mayor interacción entre las personas, accesibilidad a diferentes actividades gracias a la mezcla de usos) son loables, y ciertamente suponen una visión a largo plazo de la administración de la ciudad en lo referente a la planificación estratégica del territorio y su función económica y social.

Sin embargo, es necesario definir y analizar las fuerzas fundamentales que subyacen a la expansión física de las ciudades con el objetivo de definir las soluciones propuestas al problema de la excesiva expansión urbana y el impacto de las mismas sobre el bienestar de la población.

La economía urbana define tres fuerzas fundamentales: el crecimiento de la población, el aumento del ingreso de los hogares y la reducción de los costos de transporte.

En lo referente al aumento de la población, si bien la tasa de crecimiento exponencial está decayendo y en 2013 es de 1,35 %, a mediano plazo la población de la capital crecerá a un ritmo mayor que la del país, producto más de la migración que de la fecundidad, que es la más baja de los departamentos de Colombia.

En cuanto a los ingresos de la población, teniendo en cuenta el PIB per cápita a precios constantes de 2005, el producto por habitante de la ciudad ha crecido a una tasa promedio de 3,06 % desde 2005, que aunque no es la más alta del país, se define a partir del mayor PIB del mismo.

Además, el porcentaje de población pobre de la ciudad es el más bajo del país. En lo que respecta al costo de transporte, si lo medimos a partir del tiempo promedio de desplazamiento de las personas en la ciudad, este presenta una tendencia creciente en los últimos 10 años.

Por lo tanto, dos de las tres fuerzas actúan a favor de la expansión de la ciudad, y solo el problema de movilidad estaría operando en contra.

En este contexto de crecimiento de los ingresos y aumento de la población en Bogotá, las políticas que se implementen para concretar la propuesta de Ciudad Compacta deben tener en cuenta que el uso excesivo de los controles físicos sobre los límites urbanos puede conllevar a pérdidas de bienestar.

Por ejemplo, limitar en exceso la expansión urbana conlleva aumentos en el precio del suelo que dificultan la realización de proyectos de vivienda de interés social y también de aquella destinada a las personas de ingreso medio. Aunque la propuesta de la administración de Bogotá contempla que los proyectos urbanísticos cumplan con obligaciones respecto a la construcción de vivienda de interés prioritario, no se puede desconocer que el precio del metro cuadrado de suelo urbanizado que garantiza la viabilidad de un proyecto de VIP estaba alrededor de los $40.000 por metro cuadrado en el 2010, mientras que para el mismo año sólo el 1,4 % de los predios tiene un valor inferior a esta cifra, y más del 70 % del suelo urbano superaba los $300.000 por metro cuadrado.

Más que limitar la expansión urbana, es necesario que los ciudadanos tengamos en cuenta que cuando se desarrollan proyectos urbanos se deben construir o mejorar la infraestructura de transporte, equipamientos y demás servicios urbanos que soporten la actividad residencial y económica.

Si bien, el sistema impositivo permite financiar parte de estos requerimientos, los costos asociados a los nuevos desarrollos son mucho mayores.

Este desequilibro se profundiza porque los agentes económicos no internalizan los costos totales asociados a los proyectos urbanísticos. Un ejemplo claro de lo anterior es lo que está sucediendo en el tradicional sector de Cedritos y sus alrededores, en Bogotá.

El fuerte proceso de redensificación que presenta la zona comprendida entre la autopista norte y la carrera 7ª entre calles 130 y 160, en la cual solo en el 2012 se inició 35 % más de unidades de vivienda con respecto a la media anual de la zona, ha conllevado a la inviabilidad técnica de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. Internalizar los costos de la infraestructura en los proyectos urbanos es una forma de regular, más no limitar, el crecimiento físico de las ciudades.

La administración de Bogotá cuenta con los instrumentos de planificación para que los desarrolladores de proyectos urbanos, y la misma ciudad, asuman los costos del desarrollo urbano.

Tanto la Ley 388 de 1997 como el Plan de Ordenamiento de la Ciudad, que está bajo revisión, soportan jurídica y técnicamente la distribución de los costos asociados al desarrollo de proyectos urbanos entre la ciudad y los agentes inmobiliarios.

No se trata de perjudicar el legítimo beneficio de los constructores, sino de encontrar los mecanismos financieros, económicos, jurídicos y urbanísticos que hacen viables los proyectos urbanos a la vez que permiten que la administración de la ciudad logre sus objetivos de política pública.

Estos últimos no solo comprenden lograr una Ciudad Compacta, sino que en ella tengan espacio las personas de menores ingresos a través de proyectos urbanos que incluyan vivienda de interés social.

No es fácil cambiar un patrón urbano caracterizado por la excesiva estratificación, no solo económica sino cultural. Por esto debemos acompañar a la administración en su objetivo de integración social y física de los ciudadanos de Bogotá, advirtiendo, claro está, que más allá de los controles físicos, se deben tener en cuenta las fuerzas sociales y económicas que subyacen al crecimiento espacial de las ciudades, y que negarlas conllevaría a pérdidas de bienestar de la población.

Antonio Avendaño

Profesor e investigador Escuela de Economía Universidad Sergio Arboleda

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