Acuerdo sobre justicia: decisión democrática de 2014

Las penas distintas y el sacrificio necesario de justicia, objeto del nuevo acuerdo entre las partes, fue la decisión tomada para frenar las consecuencias ignominiosas de la confrontación armada: un costo menor para eliminar la guerra y salvaguardar la vida e integridad de todos los ciudadanos.

Redacción Portafolio
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septiembre 25 de 2015
2015-09-25 03:58 a.m.

Las profundas diferencias entre el Estado y la guerrilla hacían inimaginable transar soluciones comunes, pero la decisión política para no levantarse de la mesa hasta tener un acuerdo definitivo está dando sus frutos con avances nunca antes conseguidos. Se pusieron de acuerdo, ni más ni menos, en materia de desarrollo agrario, sector que a mitad del siglo pasado originó el levantamiento en armas de campesinos para combatir inequidades que aún perduran. Resolver estas diferencias con distribución y uso adecuado de la tierra, aumento de la calidad de vida de la población campesina y desarrollo y competitividad del sector, significará recorrer buena parte del trecho hacia la paz verdadera.

Las Farc, que utilizaron el narcotráfico para financiar su aspiración política, concretaron un acuerdo para resolver el problema de las drogas ilícitas. Si además se afronta con éxito la batalla contra la minería ilegal, se eliminarán los principales escollos para recuperar la tranquilidad en el campo. Y el tercero de los acuerdos de la agenda, sobre participación política, señala el camino de reincorporación del grupo guerrillero a la vida civil.

El Presidente fue reelecto principalmente para lograr un acuerdo, no una imposición, que termine la confrontación armada. Y con el nuevo logro en materia de justicia, vale la pena ‘quemar los últimos cartuchos’ para firmar el acuerdo final con las Farc en seis meses. Ambas partes fueron capaces de vencer la mutua desconfianza, generada por el largo periodo de desaires y, sobre todo, por el antecedente del fracaso de otras experiencias de negociación. Superaron las vicisitudes propias de este tipo de procesos y, como un mismo equipo de trabajo en nombre de todos los colombianos, derrumbaron cada embate ficticio de la extrema derecha, única resistencia por la supuesta impunidad. Esta falsa conjetura es la última en caer estrepitosamente, con un acuerdo que despeja las dudas de los más incrédulos al demostrar que la justicia y los demás derechos de las víctimas prevalecerán.

Sea esta la ocasión, tres años y un mes después del logro primigenio en función de la paz (la firma del “acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”), para subrayar la trascendental decisión democrática adoptada hace un año y tres meses. En situaciones normales, los delitos cometidos en el territorio nacional se pagan de acuerdo con las normas establecidas en el Régimen Penal, en el Código Penal Militar, en los acuerdos firmados por Colombia (por ejemplo, en tratados bilaterales que contemplan el instrumento de la extradición) y en los tratados internacionales. Pero el 26 de agosto del 2012 se puso en marcha la negociación política, en cumplimiento del deber constitucional de la paz. Y hace más de un año, en segunda vuelta presidencial, por primera vez en su historia, los colombianos eligieron mayoritariamente esta solución política en las urnas, en lugar del hegemónico enfoque guerrerista.

Si los electores hubieran decidido combatir a los insurgentes militarmente, sin cuartel, la única perspectiva era el sometimiento al régimen penal. Pero esto no ocurrió y, democráticamente, se abrió una opción distinta a la aplicación del régimen punitivo: Se respaldó la negociación política que venía adelantando el Presidente y se reeligió para que encontrara una fórmula diferente a la tradicional, para que negociara con la contraparte una solución no penal, sino política, para cesar definitivamente el combate militar con las Farc.

Las penas distintas y el sacrificio necesario de justicia, objeto del nuevo acuerdo entre las partes, fue la decisión tomada para frenar las consecuencias ignominiosas de la confrontación armada: un costo menor para eliminar la guerra y salvaguardar y privilegiar la vida e integridad de todos los ciudadanos. Al elegir la solución política y negociada, los colombianos dieron vía libre al Presidente para acordar una justicia alternativa sobre los delitos políticos y conexos a estos, complementándola con los otros criterios de justicia transicional: conocimiento de la verdad, reparación integral y medidas que impidan la repetición de los vejámenes de tantos años.

El 15 de junio del 2014 los colombianos no eligieron la aplicación de la justicia ordinaria para los actores políticos del conflicto, en cuyo caso habríamos continuado dándonos plomo exclusivamente, alejando la posibilidad de un acuerdo civilizado. Después de los golpes más contundentes contra la guerrilla, gracias a los ingentes recursos sustraídos a la inversión social y al desarrollo, fue claro que la victoria absoluta era inalcanzable en el horizonte. Entonces, en las urnas, se acordó aplicar una justicia distinta, negociada, no necesariamente punitiva, a cambio de verdad, reparación y garantías de no repetición.

Hoy, celebramos con el mundo este acuerdo, resultado de una previa decisión democrática. El falso dilema de ‘cárcel o no cárcel’ se dirimió en la última reelección presidencial. La decisión política se superpone al limitado enfoque jurídico, así como el noble ideal de la paz supera la permanencia de la guerra. Estas razones generan un respaldo unánime de la comunidad internacional para superar el largo periodo de violencia y transitar hacia la convivencia pacífica y democrática. De ahí el aplauso por el acuerdo de justicia conseguido entre las partes.

Gabriel Ángel Muriel

Magíster en Estudios Políticos, Universidad Nacional

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