Las agendas y reformas para el país: ¿convergen?

La Ocde considera que somos una de las economías más dinámicas de A. L., con una desigualdad muy alta y vulnerable a cambios en mercados de materias primas, pues el crecimiento ha sido liderado por el petróleo y la minería. Pero no discute las causas de la desigualdad ni los efectos del crecimiento.

Redacción Portafolio
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Redacción Portafolio
febrero 26 de 2015
2015-02-26 02:43 a.m.

Mientras el Gobierno iniciaba conversaciones directas e ininterrumpidas con las Farc-EP (26/08/2012), también empezaba conversaciones de adhesión (30/05/2013) con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde).

El balance que se puede hacer a la fecha deja la impresión de que ambas agendas están avanzando hacia cada uno de sus objetivos, aunque lo que no se ha discutido es si dichas agendas y las reformas que de ellas se deriven, convergen. El análisis que acá se presenta se realiza a partir de los dos informes que se han presentado en cada una de dichas instancias, para el caso de La Habana, se abordará el Informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV), presentado el pasado 10 de febrero, mientras que para la Ocde, se analizará su reciente informe ‘Estudios Económicos de la Ocde para Colombia 2015’, presentado el 19 de enero pasado.

El informe OCDE

Contiene unas recomendaciones que debería seguir el país si anhela ingresar al organismo. Considera que somos una de las economías más dinámicas de América Latina, con una desigualdad muy alta y vulnerable a cambios en los mercados de materias primas, debido a que el crecimiento económico ha sido liderado por el petróleo y la minería. Sin embargo, el informe no discute las causas de la desigualdad, ni se pregunta por los efectos del crecimiento en términos sociales.

Agrega, que el país debería aumentar la competitividad y diversificar la economía mediante la inversión en infraestructura y buscando hacer ajustes legislativos en pro de “mejorar el clima de los negocios”, pero deja la sensación de que concibe dicho clima como un asunto de seguridad jurídica para los inversionistas –grandes–, mas no, un reconocimiento de los problemas que pueden tener las pymes; y aunque no discute la participación del Estado en la economía y los fallos de mercado existentes, sí se atreve a proponer la promoción de la competencia como una solución.

En materia tributaria, dice el informe que los impuestos a las empresas son altos, que el IVA y el impuesto al patrimonio pueden estar penalizando la inversión, que la recaudación del impuesto de renta de las personas es baja por las exenciones y las deducciones y que existen problemas en el recaudo, lo que hace que tengamos un sistema tributario complejo y con evasión. Pero se queda sin cuestionar la regresividad de los tributos, la eficiencia del gasto público, la corrupción y el detrimento patrimonial, dejando la sensación de que la solución está en apretar el sistema, mas no, en vigilar, controlar y judicializar los despilfarros.

Ello queda corroborado cuando recomienda realizar una reforma tributaria –integral–, en la que se incluya una reducción de impuestos a la renta empresarial, aunque ampliando el número de empresas contribuyentes. Sobre las pensiones, propone equiparar la edad de retiro entre hombres y mujeres –aumentarla a mediano plazo– y reformar el sistema pensional. También sugiere eliminar los subsidios a la vivienda y monitorear el mercado inmobiliario de cerca.

El Informe CHCV

Ha sido elaborado por 12 académicos, bajo la relatoría de Eduardo Pizarro Leongómez y Víctor Manuel Moncayo, quienes recogen por separado las ideas de los académicos. Pizarro considera que pensar en un proyecto exitoso para el posconflicto tendrá que girar en torno a asuntos como: desarrollo agrario, modelo económico incluyente, fortalecimiento del Estado, respeto del aparato estatal por los Derechos Humanos, renovación de la política de drogas, luchar contra toda modalidad de privatización, entre otros temas. Mientras que Moncayo recoge la importancia cardinal que dan los académicos al problema agrario, al narcotráfico, a la acción contrainsurgente del Estado y a la injerencia que ha tenido Estados Unidos, entre otros aspectos.

Estas posibles conclusiones de los relatores son producto de la lectura de los 12 ensayos de los académicos, de los cuales se puede inferir que son un insumo fundamental para ir delineando una agenda con el fin de lograr la construcción de un escenario que posibilite la superación del conflicto. La virtud de esta posible agenda es que pone a pensar al país en los puntos clave que podrían garantizar una superación tanto del conflicto como de otros problemas, dado que considera las múltiples raíces de ellos. Luego, es una agenda que se está construyendo en función de una minuciosa lectura de la realidad nacional y tiene el valor de ser producto de numerosas investigaciones, que han llevado a tales lecturas e interpretaciones juiciosas por parte de académicos.

Esta cierta objetividad, sobre lo que necesita el país con urgencia, se contrapone con las recomendaciones de la Ocde, las cuales son producto de la lectura que hace un equipo foráneo a partir los agregados económicos.

En síntesis, parece que el Gobierno le apuesta con decisión a La Habana y a la Ocde, pero, mientras el informe CHCV no es vinculante, el de la Ocde sí. Por ello, el artículo 1° del Plan Nacional de Desarrollo, que se acaba de presentar al Congreso, indica que el objetivo del Plan es: “…construir una Colombia en paz, equitativa y educada, en armonía con los propósitos del Gobierno Nacional, con los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), …” .

Dado que las agendas no ofrecen garantías de convergencia, el reto sería discutir y terminar de perfilar reformas sobre las ideas de la Comisión Histórica, antes de hacer las reformas sugeridas por la Ocde.

Jorge Coronel López

Economista y Profesor U. de Medellín

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