Como regla general se confía que el Gobierno esté haciendo lo correcto cuando toma decisiones sobre la suerte de los secuestrados, como ha sido negarse a un acuerdo humanitario, o no renunciar a tratar de liberarlos, siempre y cuando pueda hacerlo con probabilidad de éxito y sin exponer imprudentemente su seguridad.
Por pensar dentro de ese marco de referencia, no se ha cuestionado ampliamente la decisión del Presidente Uribe de negarse a permitir la intervención de Piedad Córdoba en la liberación del Pablo Emilio Moncayo.
Sin embargo, han comenzado a levantarse voces de protesta que preguntan, con toda razón, por qué ha tomado el Gobierno esa decisión y que cuestionan la validez o legitimidad de esa posición oficial.
Esas voces son principalmente de mujeres periodistas -María Isabel Rueda, Salud Hernández y Lucy Nieto, entre otras- no propiamente afines a la izquierda ni simpatizantes de la guerrilla. Ellas le han hecho ver a la gente lo que no estaba viendo, como lo han hecho otras periodistas en otros casos, cuando han tenido el valor de decir que 'un gato es un gato y no una liebre' o que a muchos políticos los eligieron los 'paras'.
En este caso lo que no se está teniendo en cuenta es el dolor y la angustia de una familia colombiana.
El domingo anterior, Salud Hernández escribió que no tiene sentido que si el Gobierno ha cedido en ocasiones anteriores, cuando los secuestrados eran figuras políticas (y miembros de la burguesía), no lo haga en este caso, y añadió que "a mucha gente les darán igual unas semanas o un par de meses más, pero a Pablo Moncayo y a su familia, cada 24 horas son otra angustiosa eternidad".
En el mismo sentido, una notica periodística proveniente de la zona cafetera dice en El Tiempo del sábado que "cada timbre de uno de los tres celulares que carga el profesor Gustavo Moncayo, es un brinco para su corazón de padre. Espera que sea el aviso de que su hijo Pablo Emilio está en libertad".
Si se cambia el marco de referencia y se piensa en la familia Moncayo, no es fácil sostener la posición del Gobierno. Se argumenta que no debe ceder a las pretensiones de las Farc.
Eso estaba bien cuando la contraprestación era entregar medio país, o dos municipios. Pero ahora lo que solicitan es que vaya Piedad Córdoba por el secuestrado y que los medios registren el hecho. El costo es irrisorio si se pone en la balanza contra la vida de un joven que está en esa situación por haberle servido al Estado.
También se aduce que el Gobierno no es el responsable de que Moncayo esté secuestrado, y que la Farc deberían liberarlo sin contraprestación. Pero no lo van a hacer sin sacarle jugo táctico o político, porque son los 'malos'.
Como el Gobierno supuestamente es el 'bueno', tiene el deber de velar por la seguridad, la tranquilidad y el bienestar de las familias y la vida de los colombianos.
En este caso, teniendo en cuenta que la guerrilla ya tomó la decisión de liberar al secuestrado, el Gobierno no puede negarse obstinadamente a facilitarlo, aduciendo que no conviene darle vuelo a Piedad o no dejar que la guerrilla haga de esto un espectáculo. Esos no son argumentos válidos para arriesgar la vida de Moncayo o para prolongar la angustia de una familia colombiana que lleva doce años en ese calvario.
No se puede evitar que las liberaciones sean un feliz evento de medios ni que sean explotadas por los que intervienen. El propio Gobierno ha montado su show en otras circunstancias.